Ecuador: El poder y la justicia de la mano con el autoritarismo

18 febrero, 2012

Imagen Ecuador: El poder y la justicia de la mano con el autoritarismo

La designación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia deja un mal sabor de boca a todos; al parecer sería la segunda fase del plan “meter las manos en las justicia” anunciado públicamente por el Presidente de la República. La primera fue la designación unilateral del Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, CNJT.

Coincidencia o no, los nuevos magistrados tienen ciertos lazos con el régimen, unos de consanguinidad: Carmen Rocío Salgado, madre del ministro de Interior, José Serrano; y Wilson Andino, hermano del asambleísta del grupo oficialista Alianza PAIS, Mauro Andino, quienes constan entre los mejores puntuados; y otros partidarios de Alianza País, como: Paúl Iñiguez y Lucy Blacio, que trabajaron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cuya mayoría es afín al Gobierno. Iñiguez laboró para Alberto Acosta en la Constituyente (2008) y para el actual presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (2009-2010). Ximena Vintimilla trabajó junto a Paúl Granda (AP), alcalde de Cuenca, y con Rossana Alvarado (AP) en la Constituyente (2008), en la Cancillería (2009-2010) y la Secretaría del Migrante (2010-2011). Jhonny Ayluardo fue secretario de la Intendencia Regional de Bancos en Guayaquil, en este Gobierno; Jorge Blum, Wilson Merino y Merk Benavides fueron designados como fiscales del Guayas, El Oro e Imbabura, respectivamente; tal vez estos antecedentes fueron los que más oscurecieron el proceso, que por obvias razones fue defendido por el CNJT.

Paúl Iñiguez, Lucy Blacio, Jorge Blum, Wilson Merino, Vicente Robalino, Jhonny Ayluardo, Gladys Terán, Ximena Vintimilla y Merk Benavides, manejarán las salas penales y deberán luego del sorteo correspondiente tramitar los casos como el de El Universo, Filanbanco; o los de los ex presidentes Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram, y otros; la mayoría de estos magistrados con alguna vinculación con el oficialismo.

Se encargarán de los temas laborales: Paulina Aguirre, Jhonny Ayluardo, María del Carmen Espinoza, Jorge Blum, Alfonso Granizo, Carmen Salgado, Gladys Terán, Wilson Andino, Wilson Merino y José Suing.

Al respecto, Diego Delgado dice que este concurso fue el asalto total a la justicia y le garantiza impunidad a las acciones del gobierno.

Este tema es cuestionado no solo por la designación de jueces, sino también por la conformación de las veedurías, de las que se ha escuchado están viciadas de nulidad, según lo comentó Carlos Coloma, veedor del Consejo de la Judicatura Transitorio, ya que se habría violentado el Art. 16 de la Ley del Reglamento General de Veedurías, por un supuesto nepotismo en la Comisión, que se dio con la señora María Quishpe, que tiene a sus dos hermanos como parte de la veeduría y acreditados por el CPCS.

David Rosero, consejero de CPCCS, critica todo el proceso para elegir los nuevos magistrados del CNJ, y la selección de los veedores en este caso, pues este organismo encargado de la participación ciudadana fue excluido, mientras el CNJT se autoadjudicó dicha responsabilidad. En ese mismo sentido opinó sobre el convenio que el CPCCS firmó con el Ministerio de Justicia para la veeduría internacional, a lo que se opusieron los dos consejeros Rivera y Rosero, ya que una veeduría no debe tener dependencia ninguna del Estado.

De lo manifestado por el consejero, “el convenio no se cumplió por falta de recursos (500 mil dólares) que el ministerio debía transferir, sin embargo, la veeduría internacional se conformó y no conoce de dónde salió el dinero para los viáticos y otros gastos inherentes a los tres viajes realizados por éstos. Dice que el proceso se ha monitoreado por internet, y no in situ, como debería ser, incumpliendo el reglamento de las veedurías; mientras las veedurías nacionales tienen un trabajo voluntario, patriótico y gratuito y eso da categorías al trabajo de las veedurías y no es justo”.

Por otro lado, el 9 de febrero se conoció que el juez Baltasar Garzón, quien dirigía la veeduría internacional, fue inhabilitado de ejercer su profesión por 11 años y destituido definitivamente de ese cargo en su país, según la sentencia dictada por los tribunales de España, que le encontraron culpable en los juicios en su contra. Al ser la designación de veedor en el Ecuador anterior a la sentencia, el CPCCS, mediante un comunicado, se ratifica en la designación de Garzón como principal en la veeduría.

Al respecto, Rosero señala que “no se han entregado informes ni parciales ni finales de las veedurías hasta la fecha, y preocupa que no se analizó la probidad de los integrantes de la veeduría internacional, como es el caso del Juez Garzón, que tiene algunos juicios en su contra en España. Pero lo más grave es que mientras se defendía de esas acusaciones no tuvo tiempo para el control y la vigilancia del proceso de selección de jueces en Ecuador”.

En todos estos procesos de selección y designación de autoridades nacionales, las veedurías aparentemente tienen voz, pero no voto al interior de CPCCS, y se han manifestado, en parte, cumpliendo con su papel, denunciando las irregularidades. También se ha escuchado a varios ciudadanos en las impugnaciones a los miembros de la Comisión calificadora del Fiscal General y a los candidatos finalistas a esta dignidad. El mismo trámite se dio en la elección de los delegados del CNE, del defensor del pueblo y otros, sin embargo de las pruebas o quejas, la mayoría oficialista del CPCCS ha deslegitimado dicho trabajo, porque esos informes no son vinculantes, algo que da luz verde al oficialismo para imponer sus decisiones y candidatos. De ahí que Rosero dice que las veedurías son el ojo ético y moral, pero necesitan un mayor protagonismo y atribuciones, por ello se está tratando un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para darles inmunidad y fuerza legal a sus informes, porque algunos veedores están siendo enjuiciados por el régimen, como es el caso de Pablo Chambers, de la veeduría solicitada por el Presidente Correa en el caso de los contratos de su hermano (Fabricio Correa).

“Con los resultados en la elección de jueces, solo se reafirma la concentración desmedida de poderes, y se cumple con lo ofertado por el Presidente: ‘voy a meter las manos en la justicia’, con lo que se está afectando a los derechos de participación de la ciudadanía y violentando el Art.  95 de la Constitución, que menciona que el pueblo será partícipe de la toma de decisiones, pero todo es una burla. El Art. 204 dice: “el pueblo es el mandante y el fiscalizador del poder público”, pero cuando se fiscaliza y se denuncia, se enfrentan juicios desde el régimen. El Art. 98 habla sobre el derecho a la resistencia, pero se encarcela a los dirigentes sociales. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana habla de plurinacionalidad, del respeto a las diferencias, pero todos se han irrespetado y solo se está oficializando la participación ciudadana para sentar las bases de un estado autoritario, sin garantías ni libertades”, acota Rosero.

Por Amparo Sigcha
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