Ecuador: La Cortes aisladas de la Participación Ciudadana

22 febrero, 2012

Imagen Ecuador: La Cortes aisladas de la Participacion Ciudadana
La participación ciudadana tan promocionada por el régimen, es la más cuestionada por la ciudadanía por su inaplicabilidad, sobre todo a la hora de elegir comisiones, autoridades nacionales o jueces. El proceso de selección de la Comisión calificadora para la designación de la Corte Constitucional CC, aparentemente está ya conformada de acuerdo con la Constitución, sin embargo la dependencia de los miembros con el régimen genera dudas y opaca nuevamente este proceso.

La comisión estaría compuesta por los delegados de: el Ejecutivo: Juan Cevallos Alcívar, que se desempeñó como asesor del despacho del canciller Ricardo Patiño, formó parte del TSE en las elecciones del 2008 y también fue asesor en el Ministerio de Coordinación de la Política, (administración de Patiño). Pamela Martínez Loayza, asesora uno del despacho presidencial e integrante de la Comisión de Verificación que se encarga del proceso de acreditación de los héroes y heroínas.

De la Función Legislativa están Francisco Xavier Vergara Ortiz, Director Ejecutivo del CONELEC e Ivet Zapata Rodríguez; delegada del PRE. De Control Social: Cynthia Guerrero Mosquera, encargada de la Dirección Técnica de la Agencia Nacional de Tránsito y Néstor Arbito Chica, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el 2010, en el 2008 fue el Director Ejecutivo (encargado) de Projusticia. Del 2004-2006 fue Director Ejecutivo oficial de Projusticia y uno de los artífices en la elaboración del nuevo Código Penal.

Esta comisión calificadora, en cumplimiento con la Constitución, deberá solicitar a cada una de esas 3 funciones, 9 candidatos – 27 en total- quienes concursarán por alcanzar un curul de la nueva Corte Constitucional. En este contexto, el doctor Hernando Morales, miembro de la actual Corte Constitucional, plantea que esa forma de elección que plantea el Art. 444, restringe la participación ciudadana; ya que solo quien cuente con la venia del Ejecutivo, o de la Asamblea Nacional o la Secretaría de Transparencia puede constar en la terna para conformar la Comisión calificadora, o de los 27 candidatos de quienes se elegirán los 9 integrantes de la CC.

Según el magistrado, “se espera que los miembros de la comisión calificadora actúen con transparencia y apegados a la ley, igual que los nuevos integrantes de la CC, que sean profesionales probos dispuestos a hacer justicia constitucional, y no solo predispuestos a servirle al gobierno”.

El constitucionalista, coincide con el planteamiento de la izquierda, sobre la conformación de las Cortes, que es mediante elección popular, donde el candidato que reúna todos los requisitos – probidad y experienciasea elegido por el pueblo, por sus atributos y no por su afinidad política.

En cuanto a la forma de calificar que plantea el proceso para la CC, menciona que calificar a una entrevista con 35 puntos, puede generar muchas interpretaciones, y no precisamente apegadas a la Constitución.

Luis Pachala, consejero del CPCCS, señala “que los procesos de selección de las autoridades están de acuerdo con la Constitución que fue aprobada por todos los sectores, no es perfecto, tiene problemas de raíz y necesitan ser reevaluados, porque los 9 delegados de cada institución, son de una sola tendencia”.

David Rosero, En cuanto a la forma de elegir la Comisión calificadora y a los 9 jueces de la CC, con delegados solo del Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, cierra el concurso e impide que profesionales probos y honestos en temas constitucionales vayan a dirigir la CC.

Según Rosero junto con la consejera Andrea Rivera han planteado que se abra el proceso, que sea participativo Que se convoque a los profesionales con trayectoria en temas constitucionales, y al ser la CC el único organismo de interpretación de la Constitución, debe ser un poder neutro.

Los tres personajes insisten en la necesidad de un diálogo ético para revisar la forma de elección comisiones, autoridades o jueces; para que la selección no se quede en los organismos del Estado, sino que haya participación popular, que se cumpla con la meritocracia que se promueve y se respete la diversidad.

Por Samirabé Tumipamba
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