Oferta para frenar desahucios en España no convence a migrantes

10 marzo, 2012

Imagen Oferta para frenar desahucios en Espana no convence a migrantes

La lucha en las calles para frenar los desahucios en España llegó ayer a la mesa del Consejo de Ministros. El gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó un decreto que establece medidas para paliar este problema en personas en riesgo de exclusión social. Para beneficiarse, las familias deberán tener todos sus miembros desempleados, sus cuotas hipotecarias ser superiores al 60% del conjunto de sus ingresos, poseer esa única vivienda y carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.

Tres son los mecanismos para evitar el desalojo, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Primero se buscará la reestructuración de la deuda para que durante cuatro años solo se paguen intereses y no el capital, se puede extender el plazo del pago de la hipoteca hasta 40 años. Una segunda vía sería la condonación de una parte del crédito, cuyo monto dependerá de cada caso y previsiblemente ajustado al valor actual del piso (departamento).

Si ninguno de estos caminos resulta viable, se propondrá la dación en pago, que consiste en la cancelación total del préstamo con la entrega de la vivienda. El deudor podrá permanecer en el inmueble un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3% del importe del crédito pendiente.

La propuesta no convence a los afectados. Aída Quinatoa, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, augura que pocos ecuatorianos podrán beneficiarse de la medida. El monto promedio de los créditos de los migrantes ronda los 220.000 euros ($ 290.000). El decreto establece que el valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse entre 120.000 euros ($ 158.000) para las ciudades de menos de 100.000 habitantes y 200.000 ($ 264.000) para urbes de más de un millón. “Los pisos se tasaron a precios exorbitados. Pocos pueden cumplir el requisito. En la organización tenemos escrituras que llegan hasta los 401.000 euros (529.000 dólares)”, apunta la activista. Y lanza una pregunta: “¿Qué va a ocurrir con los avalistas a los que han empezado a perseguir los bancos?”.

Otra de las críticas apunta a la voluntariedad de adhesión al Código por parte de las entidades financieras. Los que se sumen deberán hacerlo durante un periodo mínimo de dos años. El afectado podrá denunciar su incumplimiento ante la justicia. En un comunicado, la Asociación Española de Banca sostiene que las entidades “tienen la mejor disposición para adoptar” el Código y que “ya venían llevando a cabo numerosas actuaciones para paliar en lo posible la situación de aquellos clientes en mayor necesidad”. Advierte, sin embargo, que están “teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las administraciones públicas”.

Fuente: eluniverso.com

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