España Huelga general: Un trago amargo para todos los Gobiernos

29 marzo, 2012

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Desde 1982, tres Ejecutivos han vivido una huelga general de 24 horas, siempre motivada por la reforma laboral.

Cuando Mariano Rajoy dijo, sin querer decirlo, que la reforma laboral le iba a costar “una huelga general” sabía de lo que hablaba. Desde 1982, todos sus predecesores en la presidencia del Gobierno –Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- sufrieron una huelga general convocada por los sindicatos como protesta contra una reforma laboral. La única diferencia respecto a la situación que vive el actual mandatario es el escaso margen de tiempo entre su elección y la convocatoria. El Gobierno del PSOE vivió un paro de 24 horas el 14 de diciembre de 1988, seis años después de acceder al poder. Más o menos fue el mismo tiempo que tardó Aznar en vivir un paro general, el 20 de junio de 2002. Y la huelga del 29 de septiembre de 2010, motivada por la reforma laboral aprobada por el gobierno de Zapatero, también llegó más de seis años después del acceso a la presidencia del Gobierno del leonés. En esta ocasión, los sindicatos sólo han tardado cuatro meses en convocar un paro masivo por una reforma laboral que –también es cierto- también ha llegado apenas cuatro meses después del triunfo del PP en las elecciones generales.

14-D, el éxito masivo
Fue el gobierno de Felipe González el que afrontó la que hasta ahora es la mayor huelga general de la historia de España, la del 14 de diciembre de 1988. Un paro que fue secundado por 8 millones de trabajadores, lo que suponía el 90% de la población activa. El motivo de la convocatoria sindical fue una reforma laboral que abarataba el despido y que instauraba unas condiciones de contratación para jóvenes calificadas ya entonces como contratos basura. El motivo del éxito de aquel paro quizá se pueda encontrar en la escenificación de la ruptura entre UGT y PSOE que supuso la dimisión como diputado socialista del entonces secretario general de la Unión General de Trabajadores, Nicolás Redondo. El Plan de Empleo Juvenil aprobado por el consejo de ministros, del que formaba parte el entonces titular de Trabajo, Manuel Chaves, supuso una fractura tal que nada evitó la huelga. “Un paro tan general –decía el editorial de La Vanguardia en su edición posterior al 14-D- tiene que hacer reflexionar al Gobierno, a los sindicatos y al ciudadano. Sin prisa, porque afortunadamente hoy se vuelve al trabajo, pero también sin pausa”. Menos de año y medio después del paro masivo, Chaves dejaba la cartera de Trabajo.

20-J, reforma laboral matizada
Otra reforma de las condiciones laborales, el célebre decretazo aprobado por el gobierno de José María Aznar en 2002 y auspiciado por el entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, motivó el paro general del 20 de junio de 2002. El gobierno conservador propuso a los sindicatos, y luego impuso, un modelo de despido que, en síntesis, obligaba al parado a aceptar un empleo hasta a 30 kilómetros de su residencia habitual, permitía ofertar un puesto de trabajo diferente a la profesión del desempleado pasado un año en paro y retiraba el subsidio de desempleo a aquel parado que rechazase tres veces una oferta del Inem. En todo caso, el paro tuvo una lectura más política que social, y agudizó el enfrentamiento entre el PP y un PSOE que se arrogó la condición de “alternativa progresista”. “Sería bueno –decía el editorial de La Vanguardia- que todas las partes enfrentadas, sean cuales sean sus motivaciones y objetivos, fueran capaces de sacar las lecciones pertinentes, para que el derecho a la huelga, como el derecho al trabajo, sean contemplados con una normalidad y tolerancia democráticas que no han sobrado en esta ocasión”. Por ello, las consecuencias de este paro se miden en clave política: Aparicio, titular de Trabajo, dimitió un mes después del paro. Eduardo Zapalana, su sucesor, cambió el texto de la reforma laboral tras reunirse con los sindicatos. El decretazo, por cierto, fue declarado inconstitucional por el TC en 2007.

29-S, huelga por hastío
José Luis Rodríguez Zapatero, que se consideró como una suerte de vencedor moral de la huelga general de 2002, vivió un paro desde el otro lado de la trinchera el 29 de septiembre de 2010. Fue una huelga de escaso éxito –muchos ciudadanos echaron en cara a los sindicatos su lentitud de reacción ante las políticas del Gobierno- y que también tuvo como detonante una reforma laboral impuesta por las circunstancias económicas y el directorio europeo. De la misma forma que la de 2002 tuvo un componente político, la huelga de 2010 fue, pese a su escaso éxito, social: permitió a los ciudadanos expresar su malestar por la deriva de Zapatero. El editorial de La Vanguardia reflexionaba: “Hay que preguntarse si la huelga general llevada a cabo ayer en España servirá para crear más empleo, para sacar al país de la crisis o para garantizar el futuro de las pensiones. Para nada de ello. Está por ver si conseguirá hacer retroceder al Gobierno en el camino de las reformas estructurales y de ajuste del gasto público que ha emprendido en los últimos meses, tal como pretenden los sindicatos”. Sólo dos meses después de la huelga, el PSC escenificaba la caída en desgracia del PSOE al perder de forma notable las elecciones catalanas, en lo que era un anticipo del descalabro socialista consumado el 20-N. El paro costó le costó el cargo al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho que, como Chaves en 1988, salió del Gobierno en dirección a una lista autonómica, en este caso la catalana. Fue reemplazado por Valeriano Gómez, militante de UGT que se dejó ver en la cabecera de la manifestación del 29-S.

En síntesis, las grandes huelgas generales en España tienen factores en común: suceden en la segunda legislatura de un Gobierno, ponen en duda al ministro de Trabajo al punto de hacerle caer dos veces y apenas consiguen alterar el elemento que motiva el paro: la reforma laboral. No hay precedentes para una huelga general en la primera legislatura de un Ejecutivo; de hecho, en los primeros meses de Gobierno.

Fuente: lavanguardia.com

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