Desalojos y deudas, el legado para los migrantes en España

2 abril, 2012

Imagen Desalojos y deudas, el legado para los migrantes en Espana

Se reúnen una vez por semana en un centro comunitario para conocer más casos, recibir y dar consejos, y buscar estrategias que los ayuden, al verse afectados por los procesos de cobros de las hipotecas en España. Son migrantes en su mayoría, entre los que destacan los ecuatorianos.

La sede es en Barcelona. En ese lugar las reuniones fijas son los viernes. Ahí nació en el 2009 la llamada Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que agrupa a quienes no pueden pagar las cuotas de sus casas por el desempleo (consecuencias de la crisis económica) y a quienes están a punto de perderlas y de quedarse con más deudas.

Las historias en la PAH se repiten. Una es más crítica que otra. Son migrantes latinos (ecuatorianos, dominicanos, colombianos, salvadoreños…) que viven angustiados porque, además de quedarse sin casa o de estar a punto de ser desalojados, tienen deudas “eternas”.

Y a los saldos económicos pendientes les suman la persecución que las inmobiliarias y los bancos hacen a las personas que les sirvieron de garantes, que son siempre familiares cercanos, como hijos, padres, tíos, primos, hermanos. También vecinos o amigos.

En las reuniones que hace la plataforma se coordinan visitas masivas a sucursales bancarias, en donde se presentan solicitudes de perdón de la deuda.

Así lo hicieron Isabel Lascano, una ecuatoriana de 30 años, su esposo, y otros 30 miembros de la PAH, quienes se reunieron la semana pasada en la plaza céntrica Puerta del Sol, de Madrid, y fueron juntos a entregar unos documentos a Bankia, un banco español que se dice afectado por los préstamos inmobiliarios que ahora no puede cobrar fácilmente a sus clientes.

Lascano vive desesperada porque la hipoteca que ella y su esposo dejaron de pagar hace un año, cuando ambos quedaron desempleados, está siendo ejecutada. Y además de ser desalojada, el saldo restante lo tendrán que pagar sus primos, quienes fueron sus garantes. Ellos tienen un punto negro en su calificación de crédito y han tenido que cerrar sus tarjetas de crédito.

La plataforma ha ayudado a detener más de 60 desahucios con las acciones que el grupo ha emprendido, como plantones y peticiones que ha realizado como parte de dos campañas que mantiene vigentes: ‘Stop desahucios’ y ‘Dación en pago’.

Por medio de estas campañas, los miembros de la PAH acuden con carteles y escritos a las viviendas (conocidas como pisos) notificadas para el desalojo. Ahí, los activistas se colocan en el ingreso de las casas rechazando con frases el desahucio, pues consideran que todos tienen derecho a una vivienda digna, como garantiza su Constitución.

Patricia Tapia, de 28 años, fue una de las ecuatorianas que pudieron detener su desahucio por medio de estas acciones.

El día del desalojo, ella llevó a sus hijos a la guardería y esperó en su departamento al agente judicial. Afuera del edificio de ladrillo, en el este de Madrid, un grupo de cámaras grabó a un centenar de manifestantes que se enfrentaron a equipos antidisturbios y gritaron consignas contra los bancos por desalojar a deudores sin trabajo. Luego, cuando llegaron el funcionario judicial y un representante del banco, Tapia y un psicólogo voluntario convencieron a las autoridades de darle un plazo de 45 días más para dejar la casa.

En otros casos, las acciones de las plataformas han logrado que el banco acepte la vivienda o el piso como forma de pago de la deuda. Estas actividades se han replicado en otras ciudades españolas, en las cuales se han creado plataformas de afectados. Son más de 50 las PAH locales. En todas hay reuniones fijas semanales.

Siempre están en contacto a través de las redes sociales. Incluso por Facebook o por Twitter se dan ánimos, rechazan los desahucios y la crisis económica, y se autoconvocan para ir a los desalojos que previamente han estudiado. “Bankia dejará a Luciano en la calle el próximo lunes. ¡Impidámoslo!”. “Otra nueva vecina ha quedado en la calle por culpa de Bankia”, son algunos de los tuits más relevantes que se exponen en las páginas de internet de las PAH.

Pese a que no hay datos oficiales de los ecuatorianos afectados, se habla de un promedio de 400.000. Solo en Madrid existen entre 60.000 y 80.000 compatriotas al borde del desahucio y muchos de ellos han regresado a su país sin hacer frente a su deuda, según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee).

Para la PAH, el 2011 fue el año récord de los desalojos, pues se efectuaron 10.432 expulsiones más que las del 2010.

Y en comparación con el 2007 la cifra de desahucios del 2011 se duplicó. Pasó de 27.000 a 58.241, respectivamente, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las publicidades “atractivas”, como las facilidades de pago y las ofertas puerta a puerta, convencieron de endeudarse a muchos ecuatorianos, como a Edwin, de 58 años, quien llegó hace 12 a España, cuando hubo la crisis bancaria en Ecuador que lo dejó sin sus ahorros. Él tenía su dinero en el Filanbanco.

Se sintió engañado desde que estaba en Ecuador en el año 2000, pues cuenta vía telefónica a este Diario que algunas agencias de viajes se aprovecharon de la necesidad. Primero los enviaron como turistas y por eso les cobraron hasta el triple de lo que costaba el pasaje, el hospedaje y la comida.

En España, alquiló por unos días un pedazo de cuarto en la casa de una asilada política que no podía hacer negocios con la vivienda. Empezó a trabajar ocasionalmente como cargador de una empresa de mudanzas; luego como mensajero, pese a que era electricista. De ahí se puso un locutorio, el cual cambió por una furgoneta para el servicio de mensajería. Se llevó a España a sus hijos, que en ese entonces tenían 18 y 12 años. En el 2005 dice que se dejó convencer por la amabilidad y la “ayuda” de una joven latina, quien le ofreció una tarjeta de crédito con dinero en su cuenta y con facilidades de pago.

De la misma manera, las frases “trato especial para migrantes” y “cómodas cuotas” lo llevaron a endeudarse con un departamento para su familia.

“Por desconocimiento o porque no leemos las letras pequeñas, nos dejamos engañar. Pusieron ante un notario como garante primero a mi hija mayor y a mi esposa(…). Hasta las medidas de la casa, la inmobiliaria las falsificó. Decía que mi piso (departamento) era de 79 m², cuando era de 69 m². Eso me costó 213.600 euros ($ 284.970), un piso en un condominio de 36 años de construcción, de mala calidad. Solo la fachada era de buena calidad”, dice el ecuatoriano y afirma que hasta agradeció por el “favor” de “endeudarlo”.

Fuente: Diario El Universo de Ecuador

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