Ecuador: La Reforma Agraria, ¿cuestión de voluntad o incapacidad?

20 abril, 2012

Imagen Ecuador: La Reforma Agraria, cuestion de voluntad o incapacidad

La FEUNAssC y la UCAE presentaron el proyecto de ley de tierras, de iniciativa popular, a la Asamblea Nacional

Por Amparo Sigcha

San José de Mayorazgo es la comunidad más pobre y la última del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo; posee muchas dificultades, entre ellas la migración, pues el 60% de la población ha abandonado esas tierras con dirección a Guayas, Pichincha o España; según la FAO existe en esa población el 99.9% de desnutrición infantil. Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari y nativo del lugar conoce que la realidad del sector es grave, y comenta que “la pobreza azota al sector debido a que no hay empleos, ni producción de alimentos básicos por falta de agua y de mejoramiento de las tierras. El acceso al líquido vital a través de un canal de riego de Usogoche desde la laguna que está a 40km de distancia ha sido oferta de todos los gobiernos, pero ninguno ha cumplido, y a pesar que esas tierras son laderosas son aptas para la agricultura, pero inasequibles pues no existen carreteras, las autoridades locales y nacionales no realizan su trabajo y los tractores no llegan porque no hay padrinos”, dice.

Esta realidad fue colocada nuevamente por el sector indígena en la retina de la política nacional con la Marcha Plurinacional que llegó a Quito el 22 de marzo, misma que puso en evidencia a la vez como exigencia una reforma agraria que beneficie al indígena y campesino ecuatorianos.

El dirigente de la Ecuarunari manifiesta que es una necesidad la Ley de Tierras, y ya se ha planteado un mandato, que tiene como objetivo llegar al sumak kawsay, o sea garantizar la soberanía alimentaria, y sin agua y sin tierra no se podría dar; para ello es preciso, dice que se dé una redistribución de éstos dos elementos principales, puesto que entre el 50% o 60% de tierras no tienen acceso al liquido vital.

Lamentablemente, el gobierno, igual que los anteriores, no ha podido ejecutar políticas de tierras ni de agua por temor a afectar los intereses de los empresarios, que le ven al agro como negocio, negando la existencia de unidades productivas agropecuarias UPA que en más del 80%, deben salir adelante con iniciativas propias, y es gracias a ese trabajo que las provincias centrales de la Sierra logran abastacer a los mercados locales y de otras regiones. De ahí la necesidad de la aplicación de una reforma agraria integral, que incluso estudie y vincule la situación de la mujer y sus problemas como parte imprescindible del proceso agroproductivo, la migración de los jóvenes y la alimentación adecuada para todos los sectores, ya que existen altos índices de desnutrición infantil en el sector campesino, y algunos llegan al 90 y 100%.

En este tema, el cobro de los impuestos a las tierras que está aplicando el gobierno no es viable, pues “nosotros dotamos de productos al país, no exportamos”, señala Delfín Tenesaca, y añade que esta medida precariza aún más la situación de las comunidades que por el costo de la vida, el clima y otros factores sus habitantes se ven obligados a vender las tierras y así facilitar el enriquecimiento del empresario agroexportador y la creación nuevamente del latifundista. Nuestra propuesta es la titularización comunitaria bien delimitada y exenta de impuestos; de acuerdo a la Constitución, para cuidar la supervivencia, el desarrollo cultural, educativo, social y religioso.

Las propuestas se enfocan también a la comercialización, la industrialización y el valor agregado de los productos, para abastecer completamente a la población, el control de los precios y a los intermediarios que han sido y son los únicos beneficiados de todo este proceso.

En la Ecuarunari se organizan escuelas dirigidas para estudios de mercado, recuperación de semillas; también en Chimborazo los chacareros han tomado otras iniciativas, que deberían ser tomadas en cuenta por el Estado y convertirlas en políticas públicas como se lo hace en Israel.

Las organizaciones indígenas, según el líder, son patidarias de la expropiación de tierras para la redistribucion, pues existen grandes extensiones de tierras, que en su mayoría son potreros, mientras en los alrededores los jóvenes no tienen donde vivir ni sembrar. “Esta acción no es gratuita, los comuneros pagan esas tierras según la ley; y con algo propio se cumple con la función social de la tierra, esto es servir a los demás”.

El mayor problema del sector indígena y campesino es la pobreza y la desigualdad, y dice Tenesaca que el trabajo del campesino no es valorado, lo que empuja a muchos campesinos a migrar, pero pocos logran mejor suerte. Este éxodo ha significado para estas comunidades la pérdida de cultura, de fuerza de trabajo y del núcleo familiar. La política asistencialista del gobierno (entrega de urea y semillas) no ha servido, y de no concretar unas políticas públicas que beneficien al sector solo se prevé una hambruna para el Ecuador, concluye.

Elena Galvez, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, sobre el tema menciona que son varios puntos críticos que afectan al sector indígena y campesino: la necesidad de una ley de tierras y territorios, los problemas sociales que se han generado debido a la mala distribución de tierras, ya que más del 90% de tierras arables están concentradas en manos privadas; el modelo aplicado por los gobiernos apunta a la agroindustria como forma de la industria extractiva, lo que genera grandes problemas ecológicos contaminantes de agua y tierra. También está la precarización de las labores agrarias; la concentración de productos en pocas manos, con la proximidad del monocultivo para biocombustible; la dependencia para la importación de productos, y por ello el desabastecimiento de los productos propios; la persistencia de los conflictos de tierras, existentes desde el siglo XIX. entre otros.

Menciona también que la entrega de tierras producto de la expropiación debería ser gratuita como reconocimiento de la injusticia histórica al sector; añade que en este tema el problema no es la pobreza sino la concentración de la riqueza en pocas manos, y es ahí donde se debe afectar.

Desmiente al Presidente Correa, cuando éste menciona que no se puede desarrollar la producción de las UPA menores de 10has., ya que está comprobado que esas unidades de producción son las más productivas y lo más importante: garantizan la Soberanía Alimentaria.

Señala que una reforma agraria es una decisión política, la ley es solo un instrumento, es un mecanismo, lo que debe primar es un principio fundamental el acceso a la tierra por justicia histórica.

“Hay que recordar que también el agro vivió la larga noche neoliberal, y como resultado fueron los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para reformar las leyes agrarias con el objetivo de que no haya más reforma agraria en este país, y que la única manera de redistribuir la tierra sea vía mercado o titularización. Entonces esto también se debe titularizar con Prohibido olvidar”, destaca.

Según el informe realizado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos, el último censo agropecuario se realizó en el año 2000 y por este se conoce que 842.882 son las UPAs, y éstas corresponden a la totalidad de la superficie productiva del territorio nacional, equivalente a 12’355.831 hectáreas.

“Las explotaciones de agricultura familiar suman 618.684 unidades de producción, equivalentes a 6’452.878 has de la superficie productiva del territorio nacional. En cifras generales, para tener una idea de las explotaciones empresariales en relación a la superficie disponible, comparadas con la superficie destinada a las unidades de agricultura familiar, podemos decir que cerca del 74% de las UPAs a nivel nacional son de agricultura familiar y disponen del 53% de la superficie productiva; mientras que el 47% de la superficie está en manos de alrededor del 26% de las UPAs totales, que precisamente corresponden a las unidades de producción de agricultura empresarial (CNA, 2000).

Mientras el tema se define, Delfín Tenesaca cuenta: “mis padres vivieron la época de la hacienda y trabajaron toda su vida por mantener a sus 8 hijos; hoy a sus 80 años y con las enfermedades propias de la edad y del frío que pega en los huesos, trabajan sus tierras con muchas dificultades por la falta de agua”. Delfín actualmente vive en la comunidad de Shuyo, cerca de Riobamba, y tiene 3000 metros de tierra con agua, ahí sus hijos pueden cultivar y criar cuyes, en espera que algún día se de una verdadera reforma agraria.

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