Ecuador: Legalización del espionaje electrónico, ¡otra vez Ctrl C + Ctrl V!

8 junio, 2012

Imagen Ecuador: Legalizacion del espionaje electronico

Por Tatiana Carcelén.

A pretexto de “mantener la seguridad”, a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y, más aún, de la publicación de los cables de wikileaks, Estados Unidos intensificó sus planes de seguridad atacando varios blancos, que fueron desde los países de Medio Oriente hasta todo aquel que utilice algún espacio para expresar su inconformidad.

Es así que toda esta política de arremetida hacia quienes opinan diferente a los gobernantes se ha ido globalizando, no solamente en la parte física sino también en el ciberespacio. Esto se inició en Estados Unidos, cuando el “presidente del internet” (Barack Obama) autorizó el 16 de mayo del 2011 la aplicación de la «Estrategia Internacional para el Ciberespacio» o también llamada «Libro Blanco», que refuerza la actividad del cibercomando en el Pentágono (creado en el 2009).

El eco de esta política de combatir a quienes “cometan delitos en red o atenten contra la seguridad nacional” se ha hecho extensivo a varios países, que no escatiman en invertir generosas cantidades: en países como Rusia hay equipos que monitorean las 24 horas los espacios web; en Francia, Voltairenet (Red de Prensa de NO Alineados) fue dada de baja de la web; y se suman los innumerables ataques a Kaosenlared de España, que se encuentra acusada de “terrorismo en la red”.

En el caso de Latinoamérica, Colombia se ha manifestado por medio de la “Ley de Lleras” y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es decir se está acaparando de a poco los espacios de debate, foros en la red que hasta hoy eran los únicos espacios para expresar libremente ideas y criterios. En el Ecuador se intentó hacer lo mismo en varias ocasiones; la que más causó polémica fue cuando en la Ley de Comunicación se hablaba de regulación de las plataformas tecnológicas, se quitó el texto tal como estaba pero se sigue sugiriendo lo mismo en la nueva propuesta. A esto se asocian la Ley de Seguridad Pública, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el nuevo Código Penal, sin contar los constantes “estados de emergencia”, que han caído como anillo al dedo para militarizar las calles, sin que la delincuencia (supuesto objetivo de toda esta cadena) haya disminuido peor aún desaparecido.

Es decir, se ha ido maquinando toda una cadena represiva para imponer un estado policiaco, metiendo no solo la mano sino tambiénlas narices y la boca en la justicia. “Por supuesto que vamos a meter mano a la justicia, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho, ¿y qué tiene eso de extraño?”, sostuvo Rafael Correa el 25 de enero del 2011, y lo materializó el 15 de julio al designar a Galo Chiriboga como Fiscal de la nación, con la destitución de jueces que fallaron a favor de policías por el caso 30S, así como también con el caso de Marcelo Rivera, en el que tras no contar con las pruebas cambian constantemente de causal.

Se ha sometido el tema al capricho el primer mandatario al punto que hay una constante aplicación de recetas extranjeras que han dejado un mal sabor de boca a los ecuatorianos en forma de Ctrl+ C y Ctrl+V (Copiar y Pegar) como el sistema de seguridad aeroportuaria (copiado de Perú) que arrojó como resultado el escándalo de la “Narcovalija”, que no tiene culpables, mientras se continúa engordando la lista de luchadores sociales acusados de “sabotaje y terrorismo”.

Es así que para “respetar” el Convenio de Cooperación entre Ecuador y los Estados Unidos de América, firmado el 25 de agosto de 2009, para “mantener los estándares de efectividad en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado”, el 13 de enero de este año el Ministro del Interior, José Serrano, y el fiscal Galo Chiriboga firmaron un ACTA DE COMPROMISOS con Bruce E. Golberg, asistente del Director Regional de la Drug Enforcement Administration, DEA, siendo así esta agencia la que dote de recursos y software para operaciones que “detengan al crimen organizado”.

Sin embargo, este convenio de cooperación solamente es un bloquecito que contribuye para la violación de la privacidad de las personas, pues el 19 de mayo del 2008 el ex comandante de Policía, Jaime Hurtado, presentó ante la Comisión Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente el “Proyecto Libertador” (sistema de escucha telefónica), amparándose en el Art. 155 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que los jueces penales pueden autorizar la interceptación y registro de “conversaciones telefónicas y de otro tipo” (Internet-correos electrónicos).

Entre tanto vaivén, el 18 de enero de este año (5 días después de firmar el acta de compromiso con la DEA) se dicta el Reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Vigilancia Técnica y se lo publica en el Registro Oficial Nº 678 del lunes 9 de abril del 2012, mediante el cual se legaliza el espionaje a los usuarios de internet y telefonía móvil; esto como parte del caso “Alianza roja”, que según las palabras de Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, sería para identificar a los grupos de izquierda. “Visualizo que se están refiriendo a la unión de Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Socialistas”, explica el oficial en servicio pasivo en declaraciones al diario El Universo. Esta arma filosa para el gobierno solamente se encuentra ya legalizada, a pesar de que este reglamento violenta el Art. 66, numeral 20 de la Constitución, que señala que “se garantizará el derecho a la intimidad personal y familiar”; se ha hecho caso omiso, pues un ejemplo claro viene a ser el de los 10 jóvenes detenidos en Luluncoto el pasado 3 de marzo, ya que en la documentación presentada por la fiscalía constan las conversaciones, mensajes de texto y correos electrónicos de los acusados antes de ser detenidos; es decir, se violenta el proceso legal y los derechos de estos jóvenes al haber hecho este espionaje ¡antes que se lo oficialice!

Para Mónica Chuji, dirigente indígena, “se quiere instaurar un sistema de espionaje para utilizarlo con los que el Gobierno cree son sus enemigos políticos”. Espionaje que se evidenció aun más durante la Marcha por el Agua la Vida y la Dignidad de los pueblos del 8 al 22 de marzo, donde incluso el cabo segundo de inteligencia Edison Maurizaca, agente infiltrado, fue descubierto por los marchantes y fue entregado a las autoridades en una rueda de prensa en Cañar.

Luis Villacís, director nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), afirma que “Se trata de un gobierno que le tiene miedo a los pueblos del Ecuador, que expresan su descontento a las políticas antipopulares; no pretenden más que detener las protestas sociales que en este momento se están desarrollando en el país, mediante acciones ilegales como la detención de intelectuales, de profesionales que tienen como único delito tener pensamientos críticos frente a un régimen que afecta los derechos esenciales mediante la criminalización de la lucha social”, y además cuestiona que se han escuchado las conversaciones telefónicas de los detenidos en Luluncoto, pero en el caso de la narcovalija nadie escuchó ni vio nada, manteniendo este caso en la impunidad.

Agregó que el MPD demandará esta inconstitucionalidad ante organismos internacionales de derechos humanos, ya que también se violenta el Art. 3 de la Carta Universal de DDHH, que establece que los seres humanos no deben ser objeto de interferencias arbitrarias. Villacís finaliza diciendo que las organizaciones populares desenmascararán el doble discurso de Correa; “Le decimos al presidente que NO LE TENEMOS MIEDO, con interferencia o no en nuestras comunicaciones, la acción por defender los derechos de los pueblos y nacionalidades estará presente y el 2013 la unidad de las izquierdas va a derrotar a este gobierno autoritario y prepotente”.

Al parecer nuestro presidente aún no aprende que el comando Ctrl+C y Ctrl+V no funciona en la realidad ecuatoriana, y que a pesar de sus intentos no podrá someter a un pueblo legítimamente luchador por sus derechos.

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