Tortura en las cárceles sigue vigente en Ecuador

15 junio, 2012

Imagen Tortura en las cárceles sigue vigente en Ecuador

Por Paola Pacheco

Cuando nos hacen referencia a la palabra tortura, a muchos se nos pueden venir a la mente imágenes de una sala oscura, un interrogador y un interrogado encapuchado, con una lámpara que apunta su luz directamente al rostro del detenido. Bueno, esa es la idea, y aunque la tortura sea una cosa que sea evidente solo en películas o en las historias contadas por quienes han sido víctimas de ella en gobiernos autoritarios, dictatoriales y prepotentes de países hermanos, como Argentina o Chile, en nuestro país la condición de tortura también está presente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Este informe se enfoca en la situación carcelaria de varios países de Latinoamérica, y la realidad sobre la tortura en las cárceles no está lejana al Ecuador.

En este informe se da cuenta que: “La ausencia de una real administración en la función judicial, la insuficiencia de los recursos asignados y la percepción generalizada de falta de independencia, de politización y de corrupción en las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias han tenido un significativo impacto en el disfrute de los derechos humanos, afectando principalmente a los más pobres, quienes constituyen la gran mayoría de la población penal”.

Y es que todos sabemos que el sistema penitenciario en nuestro país no es uno de los mejores, bueno, es malo en realidad, tanto así que el porcentaje del presupuesto nacional destinado al sistema penitenciario es del 0.33%, lo que representa a un dólar por preso, sin tomar en cuenta que en nuestro país la capacidad total de alojamiento de los 42 Centros de Rehabilitación Social, era de 9.403 plazas y el total de personas privadas de libertad es de 13.237 internos (cifra que incluye: sentenciados, procesados y contraventores) lo que presenta una sobrepoblación de 3.834 personas. La falta de presupuesto ha hecho que la alimentación, salubridad y demás servicios se vean limitados por cuestiones de dinero.

El Ecuador ocupa el tercer puesto en el listado de países de reos muertos por encuentros violentos. Entre los años 2005 y 2010 un total de 172 decesos se han producido a propósito de la mal llamada: “ley fuga”, que permite a los guardias penitenciarios disparar contra aquellos internos que intenten fugar.

Pero el dato más alarmante publicado en este informe es que en nuestro país la tortura está vigente, y que se la ha aplicado como mecanismo para “investigar”. Al respecto, (…) la CIDH puso de manifiesto que la tortura y los malos tratos eran aplicados principalmente en el contexto de investigaciones criminales con el propósito de forzar confesiones, y que tales violaciones habían sido denunciadas a lo largo de todo el país. Entre los métodos utilizados por los miembros de las fuerzas de seguridad se registró el uso de la fuerza bruta, las golpizas, el sofocamiento con gas, el uso del “submarino” (inmersión de la víctima prácticamente hasta el punto de la sofocación), la aplicación de corriente eléctrica en varias partes del cuerpo, incluso en los genitales, y la privación de alimentos. Además, algunas organizaciones, como la Federación de Mujeres de Sucumbíos, denunciaron que “en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Lago Agrio se han reportado casos de malos tratos físicos y psicológicos (como la práctica del ‘submarino’, los toques eléctricos en los genitales y las golpizas del detenido encapuchado)”. Así también la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) señaló que “es una práctica común que en los calabozos de la Policía Judicial y la Unidad Antinarcóticos se encuentren personas que han sido torturadas durante procesos de investigación”.

La violación de los derechos humanos en la actualidad continúa evidenciándose con la serie de juicios implantados a luchadores populares y la detención de dirigentes sociales que hoy son presos políticos del gobierno. La violación de la intimidad de todos los sujetos que ahora son posibles “enemigos de la revolución ciudadana” se impone como una política excusadora para defender y mantener la supuesta estabilidad del gobierno.

Destinar un dólar diario para la rehabilitación de las personas privadas de su libertad no es una política que diga mucho sobre la intención del gobierno por mejorar la situación de rehabilitación carcelaria en el país.

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