Ecuador: Huelga, boicot y rebelión son sancionados en Código Penal

26 junio, 2012

Imagen Ecuador: Huelga, boicot y rebelión son sancionados en Código Penal

El temor a una supuesta criminalización de la protesta social está latente entre distintos sectores políticos por el contenido del informe para primer debate del proyecto de Código Penal Integral (CPI).

El texto contempla figuras legales en el apartado denominado “Delitos contra el Estado”, que tienen que ver con reclamos o la disconformidad ante alguna medida tomada desde un poder o autoridad.

Los actos de huelga o boicot, por ejemplo, son sancionados con prisión de 6 meses a un año. Los de rebelión con privación de la libertad que va de 5 a 7 años. El proyecto la define como las acciones que tengan por objeto o efecto el derrocamiento de la máxima autoridad pública, en cualquiera de las funciones del Estado.

El informe también señala que la persona que impida la prestación de un servicio público, el libre tránsito de vehículos, de personas o mercaderías por las vías públicas del país, o que provoque daños en las vías u obras destinadas a la comunicación pública y en las instalaciones u obras destinadas a brindar servicios públicos será apresada de 1 a 3 años.

El sabotaje se castiga con prisión de 3 a 7 años. Este delito es definido como la alteración de la capacidad del Gobierno de asegurar el orden público, la destrucción de instalaciones industriales, centros comerciales, puertos, canales, vehículos, entre otros. Si se destruye la infraestructura de sectores estratégicos, la pena se incrementará de 7 a 11 años.

El terrorismo será sancionado con cárcel, de 8 a 15 años.

Se lo tipifica como la provocación de un estado de terror, ya sea por una asociación armada o no, a un sector de la población, mediante actos que pongan en peligro la vida o libertad de las personas “con medios capaces de causar estragos”.

Para el legislador Ramiro Terán (MPD), es evidente el interés del régimen de perseguir y sancionar a los que piensan distinto y reprimir la movilización y la protesta social y popular. Dice que el objetivo es consolidar su proyecto político autoritario y represivo, para silenciar e imponer su política de terror e institucionalizar un Estado policiaco.

Terán precisó que si se aprueban estas disposiciones se abrirá un escenario para que existan más perseguidos, especialmente del MPD, cuyos integrantes ahora ya están apresados. Además puntualizó que se quiere someter a organizaciones sociales, de profesores, de trabajadores, de indígenas a los designios del Ejecutivo.

La asambleísta Gina Godoy (AP) rechazó esta visión y justificó la dureza en la penalización de estos delitos. Explicó que la Constitución ya establece que no se puede afectar, bajo el pretexto de protesta social, a los bienes públicos y a la propiedad privada.

Aseguró que este Código tiene como objetivo resguardar los derechos de todos los ciudadanos. Y sobre el tiempo de las penas, la legisladora señaló que eso aún está en debate.

“La protesta social tiene libertad para expresarse en el país, lo que no hay libertad para ningún ciudadano es afectar el tránsito y la integridad de las personas, porque ahí sí estaríamos hablando de violación de derechos de la gente”, dijo.

Aclaró que las condiciones de terrorismo están muy lejanas a las acciones que protestan que realiza la oposición. Aseguró que para que se caiga en esta figura legal tiene que existir una organización con manejo de armamento con la intención de afectar al régimen democrático en el país.

Contra el presidente

La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República se la sanciona de 8 a 12 años, el atentado contra el Jefe de Estado con prisión de 3 a 5 años.

Símbolos patrios

El proyecto contiene figuras como las ofensas a símbolos patrios, que recibe una pena de 6 meses a un año.

Discordia

La incitación a la discordia entre ciudadanos incitando a armarse unos contra otros, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Apología del delito

La persona que por cualquier medio haga apología del delito será sancionado con prisión de quince días a tres meses.

Fuente: Diario El Universo de Ecuador

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