España: La mayoría de “sin papeles”, sin tarjeta sanitaria, a partir el 1 de septiembre

5 julio, 2012

España da un enorme paso atrás. Desde que se acentuó el fenómeno migratorio y se empezaron a regular los derechos de los inmigrantes, España entendió bien que con la salud no se jugaba. La visita al médico quedaba al margen del control de las fronteras. Esto se acabó y el derecho a proteger la salud se ha convertido en una frontera más a superar. La crisis está ganando también la partida de los derechos humanos. Con la crisis como excusa, se ha dejado de considerar que la salud es, junto a la vida, uno de los bienes más preciados para todos. No solo para unos pocos.

España era conocida en la Unión Europea como el país con el sistema de acceso a la salud más igualitario. Aunque había algunos problemas de aplicación práctica, la ley y la intención era que todos tuvieran los mismos derechos, españoles o no, con papeles o sin ellos.

Los recortes que se están llevando a cabo para el control del déficit han llegado también a los servicios públicos más básicos, como sanidad y educación. A través de un Real Decreto publicado el pasado mes de abril, el gobierno ha impuesto una serie de medidas destinadas a reducir el gasto sanitario y que acarrearán menos calidad y más coste para el bolsillo de los ciudadanos, especialmente para los que más asistencia necesitan, como las personas con enfermedades crónicas.

Dentro de este paquete de reformas se ha incluido un cambio radical de los artículos de la Ley de Extranjería que regulan la asistencia sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia y que se hará efectivo al final de agosto. Una medida con muchas consecuencias y adoptada sin seguir los trámites necesarios en el Parlamento, lo que ha causado un enorme revuelo entre los expertos, profesionales del derecho y las organizaciones que trabajan con los inmigrantes. Se considera que la medida es inconstitucional y contraria a tratados internacionales de derechos humanos firmados por España.

Antes, por ley, todos los “sin papeles” tenían acceso a la asistencia sanitaria si estaban empadronados en el municipio en el que vivían y declaraban no tener recursos suficientes. Los niños y las embarazadas ni siquiera tenían que empadronarse. Aunque inscribirse en el padrón conllevaba cierto papeleo (hay que facilitar un domicilio y el pasaporte), en general, la amplia mayoría de inmigrantes lo lograba y terminaban accediendo a la salud en las mismas condiciones que los españoles: obtenían su tarjeta sanitaria, se le asignaba un médico de familia y tenían acceso a los especialistas o atención hospitalaria. ¿Cómo será a partir de ahora? Sólo podrán acudir al servicio de urgencias para obtener asistencia sanitaria gratuita, a excepción de los niños y embarazadas, que tendrán una cobertura más amplia.

La España solidaria da un giro así hacia las posiciones más duras de la Unión Europea. Hasta dónde está llegando la excusa de la crisis.

No hay ninguna normativa europea que regule el acceso a la sanidad de los “sin papeles” que viven en Europa. La reflexión sobre la necesidad de proteger, a escala europea, los derechos de los inmigrantes en situación irregular es todavía una tarea pendiente. Esto ha provocado que cada país ponga en marcha su propio sistema para regular el acceso a la salud de estas personas. Cada país decide quiénes tienen derecho a acudir a su sistema público de salud y en qué condiciones. Se obvia, por tanto, que negar asistencia sanitaria es algo muy grave para personas que no tienen dinero para pagarla. De hecho, las organizaciones que trabajan con los inmigrantes en Europa comprueban en sus programas que, debido a su situación migratoria irregular, las personas sin permiso de residencia sufren niveles extremos de pobreza y explotación.

POSICIONES EXTREMAS
Entre las posiciones más extremas se encuentran países como Suecia, Reino Unido y Alemania, o también Polonia, Rumanía y Chipre, países que se han incorporado a la Unión Europea más recientemente.

Por tanto, en la Europa de la democracia y los derechos humanos, hay un número importante de países –incluido ahora España– que han creado una “segunda categoría” de personas en el acceso a la salud. Esto no solo supone violar un derecho fundamental, sino que también tiene una serie de consecuencias que es necesario tener en cuenta.

Dejar al margen de la sanidad a un colectivo de personas residente en una ciudad o país, invalida la eficacia de las medidas de salud pública que se tomen. ¿Cuál sería el efecto del programa de vacunación infantil si hay niños que viven en España y se quedan sin vacunar? ¿Qué eficacia tendrían las medidas de prevención de una futura pandemia como la gripe A si se deja al margen a una parte de la población?

Tampoco se trata de una medida que reduzca claramente el gasto sanitario. Por un lado, los “sin papeles” van poco al médico. Vienen a Europa a trabajar, no a curarse. Algunos estudios han demostrado el reducido uso que hacen de la sanidad. Por eso es fundamental no confundirlos con los llamados “turistas sanitarios” que, generalmente, son ciudadanos europeos que se trasladan a España para recibir asistencia sanitaria. El uso abusivo de los servicios sanitarios en el marco de dicho “turismo sanitario” es un problema diferente, por lo que el objetivo de atajarlo no debería conducir en ningún caso a la negación del derecho a la salud de los “sin papeles”.

En realidad, los argumentos económicos en este tema son más ideológicos que basados en evidencias. Más bien van en la línea contraria. Dar asistencia solo de urgencias es más caro y contribuye al mal uso de este servicio, que corre el riesgo de saturarse. Es mucho más barato y efectivo curar a las personas en los primeros estadios de la enfermedad, que cuando esta se ha agravado.

Otro aspecto a considerar es que las leyes que niegan la asistencia sanitaria colocan a los médicos y enfermeros en una posición muy complicada, pues les impiden aplicar su código ético-profesional, en virtud del cual están obligados a prestar atención a las personas que tengan necesidad de ella. Es un peso desmesurado el que recae en ellos.

Aun así, son muchos los médicos que han dado la voz de alarma y han mostrado su perplejidad ante esta medida, hasta el punto de plantearse una “objeción” o “desobediencia” de la misma. Una actitud que conecta con la de numerosos profesionales de la Medicina en toda Europa que desde hace años ya vienen denunciando la irracionalidad de esta medida, que puede de hecho producir mayores riesgos en la salud de la población en general.

Algo parecido pasa también con las ONG o las iniciativas caritativas. Terminan viéndose obligadas a atender a los que están excluidos del sistema, asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado.

España era un claro defensor de todos estos argumentos, y lo era dentro y fuera de sus fronteras. No se entiende ahora este enorme giro de postura. La excusa de la crisis no convence. De hecho, hay otro número de países que no han disminuido la cobertura sanitaria de los “sin papeles” a pesar de afrontar situaciones económicas difíciles. Es el caso de Francia, Bélgica, Portugal o Italia.

ESPAÑA
España ha optado por matar moscas a cañonazos y, como es lógico, esto ha provocado la reacción de algunos. Pero, desafortunadamente, otros sectores han extraído la errónea conclusión de que las personas migrantes son las responsables de la falta de eficiencia y de recursos del sistema nacional de salud y del deterioro socioeconómico en general. No en vano, la limitación del acceso a la salud para este colectivo es la medida adoptada por el gobierno para cumplir con el objetivo de reducir el déficit sanitario. Una peligrosa falacia, y una gran irresponsabilidad, al transmitir a la ciudadanía el mensaje incorrecto. Esto es lo que sucede cuando se toman este tipo de medidas sin reflexionarlas, sin analizar su impacto real en la reducción del gasto y sin debatirla con la ciudadanía, las organizaciones y expertos en el tema y el resto de políticos.

La medida aumentará la exclusión, añadirá un sufrimiento muy severo y pondrá en peligro la salud y la vida de personas en su mayoría sin recursos y cuya única “falta” ha sido buscar un futuro mejor, en ocasiones simplemente para poder sobrevivir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que nos lleve la excusa de la crisis?

SUECIA

En Suecia, la legislación que regula el acceso a la asistencia sanitaria discrimina de forma significativa a los “sin papeles”. Estos han venido siendo invisibles para las leyes suecas. Todos los inmigrantes sin permiso de residencia, incluidos los menores (que no sean hijos de personas a las que se ha denegado el asilo), las mujeres embarazadas o las personas que se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad y tienen grandes dificultades para pagar el elevado coste de los servicios sanitarios en este país. Únicamente existen algunas tímidas iniciativas a nivel local a través de las cuales se ofrecen algunos servicios sanitarios.

REINO UNIDO

Los inmigrantes en situación irregular, adultos y niños que viven en el país con sus padres, sólo pueden acceder gratuitamente a la atención primaria, a urgencias, a la planificación familiar, al tratamiento de enfermedades infecciosas y a la atención mental en casos graves. Más allá de esto, deben pagar íntegramente los gastos de otros tratamientos o pruebas hospitalarias (incluidas la atención especializada, la hospitalización, el embarazo y parto, los medicamentos y el tratamiento del VIH-sida). Además, en los casos en los que el tratamiento pueda esperar hasta que la persona regrese a su país de origen, se les puede denegar el acceso a estos servicios si no pueden pagarlos

ALEMANIA

Alemania establece que estas personas sólo tienen derecho a acceder a tratamientos médicos gratuitos en caso de «enfermedades graves o dolor agudo», así como a «todo lo necesario para la recuperación, mejora o alivio de enfermedades y de sus consecuencias». Esto incluye la atención de embarazo, parto y post-parto y el tratamiento del VIH. Sin embargo, esta regulación no tiene casi aplicación práctica debido a la obligación de denunciar a los “sin papeles” que impone la ley alemana a las instituciones públicas. Ésta también se aplica a los centros de asistencia social, que son los encargados de dar las tarjetas sanitarias y hacer los reembolsos de los gastos sanitarios. También en este país, algunos ayuntamientos han tomado algunas medidas para dar alguna asistencia, aunque siempre es muy limitada.

FRANCIA

Los inmigrantes sin permiso de residencia tienen reconocido legalmente el acceso a la atención sanitaria gratuita (con muy pocas excepciones) a través de un sistema administrativo paralelo llamado Aide Médicale État (Ayuda Médica del Estado). Sin embargo, para poder disfrutar de ese derecho deben cumplir varias condiciones: pagar 30 euros al año, haber residido en Francia durante un período superior a tres meses y no superar un umbral económico determinado. Para poder cumplir estas condiciones deben seguir una serie de trámites administrativos, y en ocasiones incluso aportar pruebas adicionales. Si no cumplen estos requisitos, sólo tienen derecho a acceder gratuitamente a los servicios de urgencias, atención pre y postnatal, aborto e interrupción médica del embarazo, y al tratamiento del VIH-sida y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis

ITALIA

Las personas sin autorización de residencia tienen acceso a una amplia cobertura sanitaria a través de un sistema específico llamado “Extranjeros Temporalmente Presentes” (STP, por sus siglas en italiano), que consiste en un código anónimo, de corta validez pero renovable, que pueden obtener fácilmente. Aunque se suele exigir el pago de una contribución simbólica al sistema de salud a través del «ticket»

BÉLGICA

Fuera de la asistencia prestada por las unidades de urgencias, los “sin papeles” pueden acceder gratuitamente a la “Aide Médicale Urgente” (Ayuda Médica Urgente), que incluye una gran variedad de servicios médicos, con excepción de algunas prótesis, aparatos y algunos tipos de medicamentos. Para asegurar estos derechos, existe también un sistema administrativo paralelo caracterizado por una serie de complicados trámites, entre los que se encuentra un control domiciliario realizado por los servicios sociales y la conformidad del médico a través de un certificado que defina el carácter «urgente» del servicio solicitado. Este sistema es extremadamente burocrático, y las autoridades lo aplican de forma muy distinta en los diferentes distritos.

PORTUGAL

La ley prevé una cobertura sanitaria para los “sin papeles”, siempre que puedan demostrar que llevan más de 90 días viviendo en Portugal. No obstante, el hecho de tener que aportar esta prueba es una de las mayores barreras con las que se encuentran estas personas para hacer valer sus derechos. Además, para acceder al médico, deben realizar una inscripción temporal en el centro de salud que suele exigirse cada vez que necesitan asistencia sanitaria. Para la mayoría de los servicios los pacientes deben pagar una “tasa moderadora”, a menos que presenten un certificado de falta de recursos.
Las personas en situación irregular que lleven menos de 90 días viviendo en el país son consideradas turistas y tienen una cobertura más reducida. Sin embargo, esta cobertura incluye, entre otras cosas, el tratamiento del VIH y la atención pre y postnatal.

“¡Justicia para las personas inmigrantes!”

El 7 de mayo pasado, la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica) emitieron un comunicado en contra de la privación de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles”, del cual reproducimos un extracto:
“Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables.
… Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria.
… La Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral).
… Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5).
Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º. Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º. Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º. Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.

Sara Collantes. Madrid
Fuente: ventanaeuropea.es

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