España: Los centros de internamiento para extranjeros (CIE), fábricas de llanto

7 julio, 2012

Imagen España: Los centros de internamiento para extranjeros (CIE), fábricas de llanto

La Europa sin fronteras criminaliza a los inmigrantes.

Los inmigrantes “sin papeles” en Europa lo tienen, dicho vulgarmente, crudo, pero que muy crudo. Hace más de una década que las fronteras hacia la vieja Europa las tienen, al menos en teoría, cerradas. Cuando un “sin papeles” es detenido ya sabe que le espera, de momento, el ingreso en los Centros de Internamiento para Extranjeros para luego, después de un sufrimiento inutil, ser expulsados a sus países. Los derechos humanos, en muchas ocasiones, son pisoteados en aras de la seguridad para los nativos del propio país.

La puerta de entrada a Europa para los inmigrantes se blinda. Este control selectivo de los flujos migratorios se esbozó en 1999 en el Consejo Europeo de Tampere y en el de Sevilla de 2002 se reafirmó. Así las cosas y con la Directiva Europea de Retorno de 2008, la emigración pasa a tratarse en Europa como un problema de orden público. Se quiere sellar con mano de hierro las grietas legales donde viven 8 millones de inmigrantes sin papeles y establecer criterios para su retención en Centros de Internamiento y la posterior expulsión. Estos centros o campos, fuera o dentro de las fronteras, jalonan la geografía europea, conllevan medidas restrictivas en derechos y libertades que rayan, en ocasiones, los Derechos Humanos y han sido denunciados por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Migreurop y  Cáritas Española.

Germina el mantra de que la Europa de la libertades y sin fronteras, es también la Europa de los Campos de Internamiento que son, parafraseando a Miguel Hernández, “fábricas de llanto, telar de la lágrima, carrusel de las injusticias”.

APUNTALANDO LAS FRONTERAS

Si hace 22 años en Berlín, los representantes de las naciones democráticas celebraron por unanimidad  la caída del muro como una victoria para las libertades, nuevos muros se levantan hoy en Europa. A las vallas que circundan Ceuta y Melilla, donde 13 personas murieron en 2005 por disparos, se une el muro que próximamente se levantará en la frontera greco-turca para frenar la entrada de inmigrantes. Esta muralla será cofinanciado por la Europa de los 27 y se levantará en las zonas complementarias donde el río Evros no actúa como demarcación natural entre estos dos países.

Pintan bastos para la inmigración y es que se refuerzan las fronteras a fin de poner freno a la entrada de ciudadanos a la Unión Europea.

España, junto a los otros países de la ribera mediterránea, Grecia e Italia, juega un papel fundamental en este control, así como Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría en la frontera este.

Pero los límites territoriales de la Unión no terminan en sus propias fronteras, estas se expanden por el sur hasta los países de tránsito migratorio norteafricanos. Estos territorios se transforman en Estados aptos para un primer frenazo a la emigración y a los solicitantes de asilo. Así las cosas, se establecen campos de internamiento extraterritoriales en Senegal, Mali y Libia. Estos centros actúan como gendarmes de la Unión Europea y hasta allí se extiende la vulneración de derechos. En 2004, en el límite del Sahel libio y en un campo de internamiento financiado con fondos italianos, quedaron abandonaros a su suerte 18.000 personas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Víctimas anónimas pero con un nombre, un rostro, una familia, un sueño. En el desierto, muchos de los allí retenidos no sobrevivieron y murieron de deshidratación.

El apuntalamiento final de las fronteras se realiza a través de tratados firmados con terceros países, emisores de inmigrantes. Mediante estos tratados, se lleva a cabo la repatriación inmediata de miles de inmigrantes a través expulsiones colectivas, vulnerándose en ocasiones los derechos de los solicitantes de asilo, algunos de los cuales han terminado en campos de internamiento extracomunitarios.

La Red Migreurop (Programa Europeo para la Integración y Migración) en su último Informe 2009-2010 ha denunciado este proceso de externalización de las fronteras europeas y pone de manifiesto cómo terceros países se ven obligados, bajo la amenaza de cuestionamientos de los acuerdos de cooperación y ayuda al desarrollo, a readmitir en su territorio a personas migrantes expulsadas de Europa y a impedirles reemprender el viaje hacía sus fronteras. Como consecuencia de la subcontratación de controles migratorios en cadena, toda una población de exiliados se encuentra sometida, desde ambos lados de las fronteras de Europa, al encarcelamiento arbitrario, a vejaciones permanentes o a un continuo vagar sin destino en un entorno hostil.

El informe de Migreurop  “En las fronteras de Europa. Controles, confinamientos, expulsiones”, concluye que, según los tratados internacionales, “es un derecho abandonar todo país y buscar protección en otro lugar y que este derecho queda sin sentido si las personas candidatas a la emigración o asilo quedan confinadas o retenidas en el camino”.

Migreurop ha denunciado desde su nacimiento en el año 2000, la generalización del encierro de los extranjeros desprovisto de permiso de residencia y la multiplicación de campos de internamiento, como el fundamento de la política migratoria europea.

GUANTÁNAMOS EUROPEOS

Dentro de las fronteras de la Unión Europea, los países receptores de inmigrantes levantan centros de internamiento de extranjeros (CIEs) que tienen como función la detención cautelar y preventiva de los extranjeros que se encuentran en situación irregular; es decir, “sin papeles”, lo que legalmente supone una mera falta administrativa y no un delito.

Tras los muros o vallas de estos Centros se vive como en cárceles o “pequeños Guantánamos” en régimen de absoluto encierro y con una condena física y psicológica. Estos lugares se han configurado como espacios opacos con la aquiescencia de los países democráticos  y se han establecido plazos de internamiento superiores a condenas de prisión de delitos regulados por los Códigos penales de diferentes Estados de la Unión Europea.

Sara Prestiani, activista de la Red Migreurop (Programa Europeo para la Integración y Migración) y coautora del Informe que recoge la situación de las personas detenidas en los CIEs de la Unión Europea, manifiesta su inquietud por la tendencia actual al aumento de los plazos de encierro y cuyo tope está establecido en 18 meses por la Directiva Europea de Retorno de 2008. Grecia ha incrementado el periodo máximo de tres a seis meses, Italia de dos a seis meses, Francia de 32 a 45 días y España pasa de 40 a 60 días.

Así las cosas, ciudadanos inocentes sufren una respuesta desproporcionada y sus derechos como personas migrantes desaparecen. La discriminación tiene su origen en  la propia identificación del emigrante basada en perfiles étnicos. Amnistía Internacional denunció el pasado diciembre cómo estas identificaciones son contrarias al derecho español  y a la legislación internacional. Sin embargo, según denuncia la Organización, en España es una práctica habitual de la Policía pedir la identificación a inmigrantes sin que medie motivo alguno, solo el color de la piel. 12.000 extranjeros son identificados en España, cada día, solo por su perfil étnico. De esta manera, no solo se criminaliza al emigrante “sin papeles” sino a aquellos que por nacionalidad ya son españoles o comunitarios.

El anterior Gobierno italiano, siguiendo las propuestas de los Ministros neofascistas,  introdujo en el Código Penal el “delito de inmigración” castigado con entre seis meses y cuatro años de prisión. La Europa sin fronteras criminaliza al inmigrante.

Esta práctica discriminatoria no hace más que fomentar el racismo, la xenofobia y por ende sembrar la duda permanente sobre el inmigrante. Contra ello, trabajan diferentes ONGs priorizando lo común sobre lo que nos diferencia para favorecer la integración y hacer una sociedad más justa y alcanzar la cohesión social.

FOTO FIJA DE UNA INJUSTICIA

La imagen de los centros de detención es la foto fija de una feroz injusticia que nuestras sociedades democráticas y desarrolladas deberían cuestionarse y es que estos espacios son, en ocasiones, auténticos cubículos insalubres donde los derechos más básicos pueden estar limitados.

En Grecia el panorama es desalentador. Los inmigrantes irregulares son retenidos en almacenes en desuso por periodos superiores a seis meses, sin ventilación y con una deficiente atención sanitaria. En el centro de internamiento de Evros conviven  jóvenes y familias con hijos menores. Un espacio de alrededor de 110 metros cuadrados da cabida hasta 146 personas, según denunció el Comité Europeo de Prevención de la Tortura. A pesar de las promesas de demolición del Gobierno griego, en 2011 seguía explotándose ese centro con el deterioro lógico de sus instalaciones y condiciones de vida. Rumania también ha recibido agrias críticas por trato degradante y castigo a los inmigrantes y ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con  la financiación de la Unión Europea, en Polonia las condiciones de estos centros  no mejoran porque la libertad de movimiento en su interior está severamente restringida, solo se puede pasear una hora al día  y existen restricciones para hacer uso de los baños.

Ante tamaña injusticia, las protestas son moneda corriente. Surgen los motines, los incendios, las huelgas, lesiones y fugas. En el verano de 2008 y tras la muerte en extrañas circunstancias de un inmigrante tunecino, un incendio provocado por los propios internos convirtió en ceniza el centro de más capacidad de los 26 existentes en Francia; estaba ubicado dentro de la Escuela Nacional de Policía en Vincennes, París.

En Bruselas,  Steenokkerzeel ha sido incendiado dos veces. En el mes de septiembre de 2011 fue de nuevo pasto de llamas el de Lampedusa, en Italia  y se saldó con decenas de heridos.

Las revueltas de los internos, en el  Centro de Internamiento de Madrid, han necesitado la intervención de policías antidisturbios con cascos, escudos y porras como métodos intimidatorios. Últimamente, tras la muerte de una ciudadana por meningitis, ha habido protestas por las condiciones de hacinamiento.

Los CIEs españoles han sido denunciados por diversas ONGs como Amnistía Internacional, Migreuropa, SOS racismos, Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y Cáritas Española, algunas de ellas trabajan dando asistencia a los internos.

El pasado mes de diciembre, un juzgado de Madrid  reconoció “el palmario hacinamiento” existente en el CIE de Aluche, en Madrid, donde días antes había fallecido una interna de meningitis. Además, tres juzgados de vigilancia y control de la capital han llegado a un acuerdo acerca del acceso a los baños durante la noche y es que cuestión tan básica como el uso nocturno de los aseos no está permitida.

Solo un tercio de las personas internas proceden de Madrid; el resto han sido trasladados a Madrid desde otros sitios de la península y Baleares (51%) o desde Ceuta y Melilla (12%). Su abogado es casi siempre de oficio (75%). El período de estancia supera los 40 días en el 60% de los casos, lo que indica, a nuestro entender, que la ampliación del plazo máximo de internamiento de 40 a 60 días ha provocado, de facto, un alargamiento en general de los internamientos. Sin embargo, poco más de un 50% de las personas son finalmente expulsadas lo que parece indicar que la policía solicita y muchos Juzgados de instrucción autorizan, el internamiento, de forma generalizada y sin entrar a valorar las circunstancias concretas del caso tal y como exige el marco legal.

Cristina Manzanedo, abogada de  Pueblos Unidos, manifiesta la necesidad de regular la naturaleza del internamiento porque la actual norma es antigua, general y no contempla lo relacionado con las condiciones de vida. En su Informe de 2011 “Miradas tras las rejas”, se reclama la necesidad de  homogeneizar las condiciones de internamiento de los 9 centros existentes en España y establecer una regulación consensuada que garantice los derechos y libertades de los internos. Pueblos Unidos no se cuestiona el derecho del Estado a ejercer un control migratorio, sino la expulsión forzosa que se da, a veces, de manera arbitraria. Y es que el marco legal español establece una multa para la estancia irregular y expulsión solamente para los casos más graves.

El círculo se cierra y las expulsiones son cada vez más numerosas y dolorosas. Los acuerdos que España tiene firmados con diferentes países emisores de inmigrantes, permite la expulsión masiva en aviones que se fletan periódicamente.

La maquinaria administrativa es gélida y en ocasiones no se tiene en cuenta las circunstancias personales de arraigo, trabajo o familiares.

EXPULSIONES

De nuevo el semblante, el rostro de la desolación, la angustia, el desamparo, la tristeza, el dolor… Las caras de aquellos que fueron al locutorio o a recoger a sus hijos del colegio y no regresaron nunca más. Detenidos y posteriormente retenidos ni siquiera se les proporcionó la posibilidad de despedirse de sus seres queridos.

Cuenta Yola,  peruana, que su hijo fue deportado hace un año y que lo llevaron al aeropuerto expulsado, como no quería irse le pegaron y le taparon con un gorro la cabeza.

A Estelvina, paraguaya, su novio le relató que antes de embarcar rumbo a su país  no pudo ni lavarse. Llevaba casi una semana sin hacerlo y se sintió muy mal durante todo el viaje, no soportaba su mal olor.

Juana expresa cómo fue la deportación de Richard Parada, su pareja. Durante tres días, antes de llevarle al aeropuerto, solo comió galletas y zumo. Viajó en un vuelo regular donde los expulsados son los  primeros en subir al avión, acompañados por policías de paisano. Cuando supo lo sucedido, Juana fue al aeropuerto y cuando preguntó si podía despedirse le dijeron que “eso no era una película americana” y que no tenía que despedirse de nadie.

La pareja de Claudio Lima, con permiso de trabajo y un hijo español, no pudo abrazar a su esposo antes de ser expulsado a su país de origen. Ante esta irregularidad, Pueblos Unidos está tramitando la devolución y se ha presentado una queja al defensor del pueblo.

No hemos podido escuchar sus voces, su dolor. No hemos podido hablar con ellos y sin embargo nos queda el amargo relato de su entorno y la plasmación de unos hechos tremendamente injustos que la sociedad europea debería cuestionarse.

NUEVAS POLÍTICAS EN ESPAÑA

Sin duda, se está produciendo un uso abusivo de ambas y coincidimos con el Defensor del Pueblo en que el problema no es solo las condiciones de internamiento sino también, quién llega a estos centros. La reducción de la población que llega a los CIE tendría que ser a medio plazo un objetivo asumido por todos.

El 2011 finalizó sin la aprobación de los Reglamentos de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cuestión de vital importancia para prevenir múltiples situaciones de violación de derechos de las personas migrantes. Muchas fuentes bien informadas, reportajes periodísticos variados, así como ONGs han constatado que durante los años pasados había órdenes a la policía de la detención, para su posterior expulsión, de los “sin papeles”, lo que les llevaba inevitablemente a los CIEs. En algunos casos con acusaciones de detenciones discriminatorias, denuncias que el Gobierno remitía a los tribunales. Tuviera quien tuviera la responsabilidad del asunto, el caso es que los CIEs están abarrotados y las condiciones de vida son penosas. Unos centros donde solo hay llanto y dolor.

Recientemente, la delegada de Gobierno en Madrid  pidió “que no se produzca ningún tipo de identificación masiva de ciudadanos por cuestión de raza o color de piel”. “Se ha dado la instrucción de que si en algún caso se están produciendo, cesen con carácter inmediato”. Esperamos que sea realidad y que no se sigan viendo –aún sucede– prácticas similares.

El Defensor del Pueblo en España ha presentado a finales de marzo en las Cortes su Informe anual. En estos momentos de tanto cambio nos parece muy pertinente la llamada de atención que hace el Informe a la excepcionalidad de la sanción de expulsión y la excepcionalidad de la medida de internamiento. Sin duda, se está produciendo un uso abusivo de ambas y coincidimos con el Defensor del Pueblo en que el problema no es solo  las condiciones de internamiento sino también, quién  llega a estos centros. La reducción de la población que llega a los CIEs, tendría que ser a medio plazo un objetivo asumido por todos. Los mismos obispos españoles se hacen eco de los CIEs por su excepcionalidad jurídica y piden que mientras existan se procure la protección legal total de sus internos y el efectivo ejercicio de sus derechos evitando totalmente lo que afecte a su dignidad.

Recientemente, el 24 de marzo se celebró en Barcelona una manifestacion pidiendo sus cierre dentro de la Campaña titulada “Cerremos los Cies”. Tras las denuncias de algunos jueces y de la Oficina del Defensor del Pueblo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado el 6 de marzo 2012 que se está elaborando un nuevo reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y es “muy consciente de que un inmigrante que ha entrado de manera ilegal en España no es un criminal y los CIE no son prisiones”. En dicho reglamento se tendrán además “muy presentes” las recomendaciones de algunas quejas de la Defensora del Pueblo con ocasión de su visita a algunos Centros de Internamiento de Extranjeros como el de la Zona Franca de Barcelona. Según el ministro, también son “conscientes” de que la Policía Nacional “debe fundamentalmente dedicarse a lo que es propio de la Policía Nacional, que es velar por la seguridad, dejando otras tareas asistenciales para otro tipo de personal”. Ha insistido en que su deseo es “sacar adelante” el reglamento “con el máximo consenso político y parlamentario”, y ha añadido que, “mientras tanto, el Ministerio hará todo lo posible para que desaparezcan las situaciones límite” en algunos Centros de Extranjeros. Esperemos que así sea.

Mercedes Herrero Sáiz / Estrella Merchán.
Fuente: ventanaeuropea.es

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