España: Dejar sin asistencia a inmigrantes con VIH será más costoso a medio plazo

18 julio, 2012

Imagen Espana: Espero no estar nunca en su pellejo

El pasado 24 de abril se publicaba en el BOE el real decreto ley 12/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (sic). La aplicación de ese decreto significará que a partir del próximo 31 de agosto dejarán de estar en vigor las tarjetas sanitarias expedidas a inmigrantes que no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país. Dicho de otra forma, la población inmigrante en situación irregular perderá los derechos a la asistencia de los que gozaba desde el año 2000.

No corresponde a un grupo de investigación como el nuestro juzgar la calidad moral de esta decisión, sobre la que cada cual puede tener sus propias convicciones, pero sí medir su eficacia con respecto a los fines pretendidos, evaluando sus consecuencias sanitarias y económicas. Creemos además que ese ejercicio debería haberlo hecho también previamente el Gobierno antes de poner en marcha esta medida, y debería hacerlo siempre que afronte cualquier medida reforma del sistema sanitario, so riesgo de cosechar más perjuicios que beneficios en las decisiones adoptadas.

En GESIDA sí hemos hecho ese estudio sobre las consecuencias sanitarias y económicas que la exclusión de los inmigrantes sin papales puede tener sobre el control del VIH en nuestro país, y los resultados son bastante alarmantes. Así, el estudio, que está en vías de publicación en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, indexada en los registros internacionales de revistas biomédicas y órgano de expresión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), muestra con datos inequívocos que el real decreto ley 12/2012 tendrá un impacto muy negativo en la Salud Pública en el país en el campo del VIH y supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado, incluso a corto plazo, siendo manifiestamente ineficientemente a medio y largo plazo, pues generará más gasto que ahorro.

De modo que la pérdida de derechos sanitarios por parte de la población inmigrante irregular no ayudará por supuesto ni a mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, lo cual ya parecía bastante obvio a pesar del nombre del real decreto, ni tampoco siquiera será una contribución efectiva a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, al menos en lo que al diagnóstico y tratamiento del VIH se refiere. En el primer capítulo, el de la calidad de las prestaciones sanitarias, el estudio muestra que, de entrada, vamos a tener un incremento del número de personas infectadas por VIH, incremento que, sólo en el primer año puede ser de casi una quinta parte de la actual población inmigrante irregular afectada y en tratamiento, que se estima en varios miles de personas. Vamos a tener por tanto más infectados, pero, además y como consecuencia inevitable de esa desatención, un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, un incremento de aparición de enfermedades oportunistas, un crecimiento de los ingresos hospitalarios; más posibilidades de infecciones (tanto por el VIH como por otros patógenos); y mayor probabilidad de transmisión materno-fetal, entre otras consecuencias sanitarias.

Y como consecuencia de ese enorme perjuicio sanitario, lejos de tener a medio-largo plazo un ahorro, lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que va a tener el Decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento. Súmense a esos costes los que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente, y podremos valorar hasta qué punto el Gobierno ha medido y sopesado suficientemente las consecuencias de este real decreto.

Corregir es de sabios, y, a la vista de los datos, el Gobierno aún está a tiempo de evitar un problema mucho mayor que él rédito que pretende lograrse. Con la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria, principalmente ese colectivo, pero todo el sistema sanitario español y toda la sociedad española sale perdiendo. La derivación a ONG ni es aceptada lógicamente por éstas ni es viable técnicamente, pues el complicado manejo de esta enfermedad exige que la asistencia siga prestándose como hasta ahora en los hospitales españoles. Y menos lógico aún parece que esa asistencia se preste en unas comunidades autónomas sí y en otras no. ¿Alguien se ha parado a pensar qué significa eso en términos de Salud Pública para los ciudadanos de las regiones que no asuman la asistencia? ¿Va a haber ciudadanos españoles más expuestos a la infección que otros en función de la comunidad autónoma en la que vivan? Si de lo que se trata es de tomar decisiones técnicas para la sostenibilidad del sistema, y que afecten en la menor medida posible a la calidad asistencial, la exclusión de los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria vinculada al VIH, no resulta en absoluto una medida ni aconsejable ni inteligente.

Fuente: sociedad.elpais.com

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