El extractivismo y la contaminación no genera desarrollo

19 julio, 2012

El extractivismo y la contaminación no genera desarrollo

Por  Samirabe Tumipamba

El auge del boom petrolero ecuatoriano se inició en la década de los 70, en el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara. La extracción de este recurso se presentó como la solución a los problemas económicos del país, se vendía a la sociedad la idea de cambio y desarrollo para el pueblo y la llegada de la época de abundancia.

La política extractivista aplicada desde esa época y en estas 4 décadas no ha mejorado la situación económica del país, los sectores estratégicos siguen en decadencia, mientras los gobiernos y pocas familias han gozado de los recursos provenientes de la venta de la maldición que significó el oro negro para las comunidades indígenas amazónicas, sin que se pueda hablar de desarrollo gracias a este recurso. Solo se ha visto más endeudamiento, más impuestos para el pueblo, más enfermedades y mucha contaminación.

El extractivismo sigue siendo, para los gobernantes actuales y “supuestamente progresistas”, la solución y la única manera de generar ingresos fiscales para sus planes, así como incrementar el empleo – de cualquier tipoque no han sido capaces de fomentar, para mejorar la situación de las familias ecuatorianas.

La contaminación que dejó la Texaco en el norte de la Amazonia ecuatoriana, que ha cobrado vidas e inhabilitado miles de hectáreas de tierras; las tristes experiencias de otros países, no son razones de envergadura para que el gobierno frene sus proyectos extractivistas, y lo que hace más bien es entregar la posta a la megaminería, que igual que el petróleo tiene una fuerte oposición de parte de los actores sociales afectados.

El 5 de marzo se firmó el contrato con la empresa china ECSA, para el entonces proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, que ilegalmente realizaba los trabajos de exploración mucho antes, pues había el compromiso previo con el presidente Rafael Correa. Así se abrieron las puertas a la minería a cielo abierto, iniciando una nueva época de desangramiento de la Pacha Mama, a pesar de las irregularidades previas al contrato y las distintas manifestaciones en contra de esa actividad extractiva.

En la mesa de negociaciones aún esperan los proyectos: Fruta del Norte, Panantza San Carlos en Zamora, Quimsacocha y Río Blanco en Azuay; aún no se descarta el proyecto Junín en Intag, todos bajo parámetros similares al de Mirador, pues una política nacionalista no es parte de la agenda gubernamental.

Mirador ofrece 5.600 empleos directos, siendo la mayoría de éstos solo para la construcción de la mina, posteriormente, en la fase se explotación serán 2.315. También se ofrece entregar la zona luego de los 20 años de extracción, tal cual la recibieron y sin contaminación de las fuentes hídricas y la tierras, algo que nadie cree, ya que por las especiales características de la región amazónica, las lluvias llevarán el producto de ese trabajo por los canales de toda la zona. Entonces, no es viable que en el Ecuador se aplique tecnología de punta o la “minería amigable con el ambiente”. Los 14 mil millones ofrecidos, solo vendrán en este periodo gubernamental a alimentar los altos gastos que realiza en la movilización y campaña el Presidente para asegurar su reelección.

De ahí la mala fe del gobierno cuando evade en la responsabilidad frente a los resultados devastadores de la minería, y la violación a la soberanía al entregar territorio al capital chino y canadiense, en mayor proporción. La política es la misma de todos los gobiernos que forman parte de la llamada “larga y oscura noche neoliberal”, que festinaron los recursos naturales gracias al gran asesoramiento de los mismos negociantes que se enquistan en todos los gobiernos y aparecen como expertos en los temas extractivos no renovables.

Esta actividad nociva posee actualmente en el Ecuador, bajo su control, 4,1 millones de hectáreas concesionadas, es decir el 20% de la superficie total del país, según lo publicó Gabriel Sirio en Rebelión en abril de este año.

No es de sorprenderse que el gobierno de Rafael Correa continúe con la entrega de miles de hectáreas de tierras protegidas a las distintas transnacionales, pues este es un país que a pesar de tener un mandato minero que protege el territorio nacional y dispone la reversión de las concesiones más grandes al Estado, genera confianza jurídica en el exterior porque el ministro tramitador de Recursos no Renovables le muestra al mandatario las bondades y ganancias de los contratos, y por eso empresas petroleras y mineras se traspasan acciones y posteriormente hacen conocer de sus acciones, algo que está prohibido por la ley.

El respeto a los Derechos Humanos, a las Leyes y a la Constitución y el Mandato Minero fueron básicamente las exigencias de miles de personas que pacíficamente participaron de la marcha plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad que arribó a Quito el 22 de marzo y que partió desde El Pangui (donde se encuentra la mina del Mirador), el 8 del mismo mes; sin embargo, el gobierno, por miedo, militarizó los sitios donde pasaba la marcha, de igual forma lo hizo al ingreso a la provincia de Pichincha.

La represión, la criminación de la lucha es el factor común en toda manifestación de protesta en estos últimos 3 años, y la acusación de sabotaje y terrorismo para más de 300 líderes sociales que se oponen a las políticas de este gobierno, que según los críticos, se ha dado solo en las dictaduras más sanguinarias del continente; todo con el propósito de garantizar la ejecución de la política extractivista neoliberal aplicada en casi toda la región y entregar el territorio ecuatoriano a capitales canadienses y chinos.

Las luchas antimineras cada vez se encienden en distintas puntos del globo, América es el continente en el que más evidente han sido las acciones de los pueblos que defienden la superviviencia y rechazan esas políticas extractivistas, que arrasan con las tierras y las fuentes de agua. Comunidades completas han sido desalojadas para desangrar las entrañas de la madre naturaleza. En estos días se escuchó sobre la represión que el gobierno de Mariano Rajoy, en España, aplicó a los miles de ciudadanos que apoyaron las manifestaciones pacíficas de miles de los obreros mineros que llegaron hasta Madrid.

Los gobernantes han hecho de la represión la única forma para viabilizar los proyectos de la mega minería, el Guatemala, por ejemplo, los pueblos indígenas han sido los protagonistas en defensa de sus territorios, mientras sus leyes permiten que las compañías saqueen el país y no paguen impuestos. En Panamá en Ngöbe-Buglé, la disputa fue por yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas. Los indígenas protestaron por la decisión de las autoridades panameñas de conceder licencias a las empresas de Corea del Sur y Singapur.

En Costa Rica, la empresa Industrias Infinito, preveía la explotación de 900.000 onzas de oro en una mina a cielo abierto y terminar con un bosque tropical, gracias a las fuertes presiones del movimiento ecologista y de sectores políticos de oposición, lograron que en 2010 un tribunal contencioso administrativo ordenara la cancelación del contrato que el gobierno había suscrito con la empresa.

En Colombia se preveía explotar la Santurbán, que debía producir alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata. El proyecto quedó suspendido en 2011. Colombia: alrededor del 10% del territorio de Colombia está concesionado a la minería, con el agravante que muchas de esas concesiones se ubican en zonas de páramo.

En Perú, el sector minero atraviesa así su momento de mayor expansión en la historia del país, con casi 20 millones de hectáreas concesionadas, es decir, el 15,38% del territorio nacional. La Conga, un mega proyecto, tiene mucha resistencia. En Cajamarca hubo 11 muertos producto del enfrentamiento del pueblo y los uniformados, sin embargo Ollanta Humala, quien se negaba a la minería cuando era candidato, ahora es el principal promotor de la actividad extractiva, a pesar de la cruel realidad y la contaminación ambiental y acuífera que sufre el principal río que riega la sierra de ese país y el lago Junín, producto de la minería y su refinación en la ciudad de Oroya hace 20 años, y por lo que se le conoce como la ciudad más contaminada del Perú y uno de la diez en el mundo. En Chile, Sebastián Piñeira entregó a las empresas Copec y Ultramar para la extracción de unos 6 millones de toneladas de carbón cada año, reprime a los indígenas Mapuches y a los estudiantes que piden la estatización del cobre para una educación de calidad y gratuita.

En Argentina, la resistencia del pueblo es a causa del proyecto minero de oro a cielo abierto en el cerro General Belgrano, que proyectaba producir oro por unos 25.000 millones de dólares en 30 años, debió retroceder gracias a esas acciones populares.

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