Ecuador: Firmas falsas, ¿la culpa es de la vaca?

18 agosto, 2012

Ecuador: Firmas falsas, ¿la culpa es de la vaca?

Por Amparo Sigcha

El problema de las firmas falsas se les salió de las manos a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las intenciones de desprestigiar y eliminar a las organizaciones políticas de izquierda, que crecen en aceptación entre la sociedad ecuatoriana, no han podido cristalizarse a pesar de todas las jugadas de los máximos personeros del organismo electoral y orquestadas por los líderes de Alianza País.

Se inculpa a actores políticos que ninguna vinculación con el sistema informático han tenido, mientras los enemigos, con palabras del propio Domingo Paredes, presidente del CNE, se encuentran en casa.

Enrique Mafla, experto en seguridad informática, manifiesta que en todo sistema informático existe tres elementos básicos: “los datos, que si son inconsistentes o están incompletos el resultado tendrá un margen de error elevado, por más tecnología de punta que haya. Como segundo está la tecnología, y tercero es el recurso humano – el más importanteque maneja o administra un sistema”.

Según el Presidente del CNE, la culpa es del sistema adquirido en la administración anterior, que “es muy barato”; versión que insulta a la inteligencia de cualquier ecuatoriano, ya que la tecnología depende del manejo que se le dé. Por lo tanto, acusar a la tecnología es señal de la inexperiencia del funcionario en temas electorales, informáticos y de administración pública.

En este conflicto electoral, que muestra el favoritismo hacia el movimiento del gobierno, se han tomado varias acciones jurídicas y administrativas por parte del CNE y de la Fiscalía que afectan directamente a los partidos y movimientos políticos, que en la administración anterior fueron aprobados luego de un largo proceso (4 filtros). También elimina todo lo actuado por el organismo de entonces, cercano con la revolución ciudadana, violentando las leyes y la Constitución. Pero no se investiga técnicamente de quién fue el “error” involuntario o intencionado en la aplicación del sistema. La escena del crimen aún no ha sido puesta en cuarentena, el sistema informático aún sigue siendo controlado por los mismos “traviesos”. En otras palabras: el ratón cuida el queso.

La preocupación en los ecuatorianos radica en el conocimiento de la existencia del mercado negro electoral que tuvo el primer mandatario en febrero, y sus organismos de control no han hecho nada, y actualmente tratan de desvirtuar esas declaraciones. En la Internet se ofertan bases de datos completas, que solo el Registro Civil y el CNE poseen, y la investigación no va por esos lados.

Para el experto informático, la revisión que se dió en el Colegio Benalcázar no fue la más adecuada, debido a la existencia de escasos grafólogos con experiencia que vigilan a los validadores, que en forma discrecional avalan o desechan las firmas, por la poca capacitación que recibieron; de ahí las justificadas quejas de los partidos políticos, que miran impotentes cómo pierden adhesiones sin control técnico. Para Enrique Mafla “la tecnología no es confiable, no es segura, y eso debe reconocer el CNE y usar esta experiencia amarga para empezar un proceso de mejora continua para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información. También se debe hacer una auditoría, que nunca se la ha hecho, para optimar el proceso, y no solo buscar culpables” señala.

Cuestiona el papel simbólico de las veedurías internacionales y nacionales, pero aclara que en el mundo digital las cosas no están afuera, no hay veedores virtuales, los notarios no se sabe de qué dan fe, si el hecho no es del mundo físico sino del virtual, y eso no entienden. En este caso, señala: “la Fiscalía debe hacer un análisis digital forense, congelar la escena del crimen, secuestrar evidencias digitales, las bases de datos, y aplicar los procedimientos que están descritos, ya que los principales actores de este posible delito, están a cargo de las evidencias.” Según Marcia Caicedo, ex consejera del CNE de Transición, “la manipulación del sistema ha generado los hechos suscitados, si no ¿cómo explicar que el conjunto de diferentes actores aparecen en distintas organizaciones políticas?” La abogada señala que las acciones implementadas por el CNE son ilegales e inconstitucionales; se atribuye funciones que no le competen al dejar sin efecto lo actuado por el CNE de Transición y desconocer la inscripción de organizaciones políticas, conociendo que los nuevos reglamentos no son retroactivos. De acuerdo al Código de la Democracia, la supervisión y vigilancia de este proceso le corresponde al CNE; también está el Art. 219 de la Constitución numeral 9, que establece que le corresponde al organismo electoral vigilar el proceso de afiliación y adhesiones de las organizaciones políticas, y no menciona ni existe un procedimiento establecido para reconteo de firmas, por lo tanto, “es necesario que el organismo electoral garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a expresarse”.

A Caicedo le llama la atención que aquellos movimientos que no tenían personería jurídica hoy constan en el proceso, y que el CNE responda fielmente al llamado del sujeto político llamado Presidente de la República, y no transparente la información. En este caso menciona: “se debe investigar para descubrir los autores, cómplices y encubridores; pero la responsabilidad principal es del CNE”.

“No puede darse un Estado de derechos democráticos sin partidos, estos son el alma de la democracia, mediante éstos se activa la participación ciudadana, no es correcto que se tomen acciones para limitar la acción de los partidos y movimientos. En este caso ya debió actuar y pronunciarse el Tribunal Contencioso Electoral como juez competente, que hoy cumple un papel de ciego, sordo y mudo; los reglamentos están establecidos en el Código de la Democracia y en la Constitución de la República”, se;ala Caicedo.

Para la ex consejera el sistema no debe ser desechado, las evidencias de la supuesta manipulación y vulneración del sistema están ahí, de ahí la urgencia de una auditoría informática a ese sistema, para saber quién se benefició de este proceso de manipulación y cuál es el objetivo, que si es postergar unas elecciones sería enfrentarse a una dictadura; y recalcó que: “se debe activar el principio pro afiliados, pro participación política, para que todos los actores políticos vayan a un proceso democrático y cívico”.

Caicedo indica que “el CNE debe recuperar la confianza de la sociedad con acciones independientes, imparciales, claras y con respeto a todos los actores políticos”; y afronte y explique sobre este proceso ilegal.”

Omar Simon, ex presidente del CNE, menciona que no se conoce dónde se generó este problema, por lo tanto resulta apresurado considerar que es una falla del sistema informático, dice. Para el ex funcionario, afín al oficialismo, el proceso para la inscripción de los partidos y movimientos políticos se cumplió a cabalidad en sus 4 fases, que son: verificación de documentos, donde se hace un cruce de la información que presenta la organización política con el registro electoral; luego se verifica que las personas que estén en esa lista no consten en otras organizaciones políticas, para que no haya duplicados; se depura la base y posteriormente se pasa a identificar la autenticidad de las firmas, mediante un sistema que determina que la firma en los formularios o fichas de afiliaciones sea similar a la del que firmó. El sistema tiene el 40% de confiabilidad, pero si no pasa este filtro va a una verificación visual, bajo la responsabilidad de peritos y personal especializado que compare las firmas, y luego se determinará si son o no firmas válidas, para determinar si la agrupación cumple o no con el mínimo de firmas requeridas.

Según Simon, la premura para legalizar a organizaciones políticas posiblemente obligó al CNE a evadir el proceso establecido, y contradiciendo a Domingo Paredes, presidente actual del organismo electoral, dice: “el sistema informático utilizado era a nivel del mercado lo mejor que se ofertaba en ese entonces, es un aplicativo, no es la herramienta completa; el sistema de las organizaciones políticas es mucho más amplio y fue desarrollado por los propios técnicos del CNE”. Además mencionó que hasta noviembre pasado, no existió una sola denuncia a pesar de haber procesado cientos de pedidos de revocatoria de mandato. ¿De quién es la culpa?

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