Ecuador: Los derechos de la naturaleza, una lucha constante

10 septiembre, 2012

Ecuador: Los derechos de la naturaleza, una lucha constante

Por Nancy Rosero

Desde el año 2009 se ha criminalizado la defensa de los derechos de la naturaleza, lo que ha tenido como consecuencia el silenciamiento, encarcelamiento y enjuciamiento en contra de los dirigentes que han movilizado a sus comunidades para impedir la entrada de empresas chinas o chilenas, que se han establecido en estos sectores para la construcción de megaproyectos que afectarían gravemente a los pobladores, ríos, lagunas y vertientes de las localidades.

Intag (Imbabura)

En este lugar hay yacimientos de cobre que estarían dentro del proyecto minero LLurimagua que el Gobierno Nacional junto a la empresa minera Codelco de Chile explotarían. Este metal descubrió la Mitsubishi de Japón hace 15 años. En este último año, empresas públicas e instituciones del Estado han engañado a la población y procedido de manera irregular para obtener licencias ambientales. En este y otros casos la

población participó de procesos de consulta que no sirvieron para que sus inquietudes sean recogidas por las autoridades y mucho menos que las inconsistencias y vacíos de los estudios ambientales sean subsanados. Por el contrario, luego del “show” de audiencia pública, se aprobó en tiempo récord y violando la Constitución y las leyes. La participación de la gente, a su parecer, fue para cumplir un mero formalismo.

Santa Isabel (Azuay)

El Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó en la Fiscalía de Santa Isabel una denuncia por supuesta obstaculización de la administración pública, un delito contra el Estado, cuya pena es de uno a tres años de prisión. La minera canadiense a cargo de este megaproyecto denominado Shiry posee 15 concesiones que suman

45.000 hectáreas dentro del territorio de cuatro cantones de la provincia del Azuay. Esto a pesar de que la Asamblea Constituyente expidió en 2008 un mandato por el cual extinguió las concesiones mineras ubicadas en fuentes de agua, las que hubieran sido entregadas sin consulta previa y que prohibió la tenencia de más de 3 concesiones por persona natural o jurídica.

San Pablo de Amalí (Bolívar)

San Pablo de Amalí es una comunidad campesina de la Parroquia San José del Tambo; se ubica en la zona costera del cantón Chillanes, de la Provincia de Bolívar. En este lugar la Compañía Hidrotambo SA recibió la concesión de las fuentes de agua del río Chima-Dulcepamba para construir una central hidroeléctrica. Para obtener dicha concesión y el permiso ambiental que le faculta construir la obra, la empresa ha incurrido en una serie de procedimientos jurídicos de dudosa legalidad; las comunidades que se sienten directa e indirectamente afectadas por la construcción de este proyecto hidroeléctrico cuestionan que no se ha respetado el debido proceso y la mayoría de casos

han sido resueltos fuera de la ley. El sitio donde ha empezado la construcción de la central hidroeléctrica se caracteriza por ser un lugar ancestralmente manejado por las comunidades, los pobladores se dedican a los cultivos de ciclo corto y largo, y utilizan las aguas del río Dulcepamba para su producción.

Marcelino Chumpi, su posición política pone en riesgo su vida

El Prefecto de Morona Santiago, denunció un mensaje de amenaza contra su vida, enviado a su correo personal. En el mensaje le comunicaron que los accidentes sufridos en meses anteriores fueron provocados por una persona inescrupulosa, que cobró 300 mil dólares para estudiar, planificar y eliminar todo lo que se refiera a él. Por lo que el presunto asesino habría colocado cámaras en todos los lugares a los que ha concurrido Marcelino

Chumpi, además de la obtención de su lista de contactos celular y la filtración en reuniones y asambleas de su partido. Finalmente, esa persona le exige: “si me da el doble, le daré todas las pruebas, lista de nombres, códigos, grabaciones de audio y video del gobierno, fiscales, jueces, militares, policías, estrategias para operaciones en su contra y no haré ninguna acción que pueda dañar su vida.

Acción Ecológica

Recibió una comunicación enviada desde el despacho de Max Lascano, gerente del programa Socio Bosque, acompañada de un mememorándum por el cual hace un llamado de atención para que (Acción Ecológica) “baje los niveles de confrontación, frene su malintencionada forma de desinformar”…, “cuya advertencia, de no ser acatada sea causal de disolución y liquidación” Por su parte esta

entidad respondió a su advertencia en el plazo establecido de 72 horas, a lo que los representantes acotaron: “hemos insistido en una cita para presentar documentos y datos que la sustentan, sin embargo a pesar de haber sido convocados para el día lunes 20, no se nos recibió, razón por la cual consideramos legitimo y necesario, circular nuestra posición públicamente justamente en aras de la información”.

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