Ecuador: Hablar de politica, hablar de revolucion no es un delito

20 septiembre, 2012

Ecuador: Hablar de politica, hablar de revolucion no es un delito

Por: Rolando Castro.

El miércoles 5 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, se llevó a cabo la mesa redonda “Análisis del debido proceso en el caso de los 10 presos políticos de Luluncoto”, en la cual participaron Ramiro Vinueza y Vladimir Andocilla por el Comité de Familiares; Iván Flores, editor de la revista “Vanguardia”; el líder indígena de la provincia de Imbabura, Marco Guatemal; el doctor Ramiro Ávila, docente de la Universidad Andina y Decio Machado, analista político.

El acto, que fue organizado por el Comité por la libertad de los presos políticos de Luluncoto, tuvo la acogida de activistas y líderes sociales de diversas organizaciones, de líderes políticos, de docentes, abogados y defensores de los derechos humanos.

Al presentar el caso, Ramiro Vinueza, quien coordina el Comité de Familiares, se solidarizó con los cerca de 200 líderes sociales que están procesados por el delito de moda: sabotaje y terrorismo; como se conoce, algunos de ellos han sido sentenciados, como es el caso de Carlos Pérez, Federico Guzmán, Efraín Arpi, luchadores anti mineros de la provincia del Azuay; y el de los seis maestros y estudiantes, incluidos el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, ingeniero Hernán Yánez, sentenciados a un año de prisión.

En estos días les esperan sendas audiencias de juzgamiento a los pobladores del cantón La Concordia, del cantón Santa Isabel y a reconocidos líderes del magisterio, como Mery Zamora y William Pazmiño. Vinueza reiteró la denuncia de violaciones de los derechos y garantías constitucionales en todo el proceso, la actitud parcializada de la Fiscalía, que ha negado la mayoría de las diligencias planteadas por los abogados, entorpeciendo deliberadamente la defensa de los acusados, a quienes se les imputa la colocación de bombas y de pertenecer a un grupo de combatientes, de lo cual no existe ninguna prueba. Estableció que los presos de Luluncoto son víctimas de la acción autoritaria y represiva del gobierno de Rafael Correa, quien encontró en estos jóvenes y profesionales el chivo expiatorio para justificar el discurso de que en Ecuador existen “desestabilizadores de la democracia”.

Por su lado, Marco Guatemal, quien fue víctima en el 2010 de una situación parecida, que solo pudo ser liberado por la acción de los pueblos de la provincia de Imbabura, sostuvo que “esta situación es peor que en las épocas neoliberales, que reprimen a los pueblos y a los líderes que reclaman por sus derechos. Es necesaria, dijo, la unidad de las familias y de las organizaciones sociales para enfrentar estas acciones antidemocráticas, de manipulación de la justicia, porque no hay que dejar de luchar por lo que anhelamos”.

Iván Flores, de la revista “Vanguardia”, dijo: “…Sí, en estos momentos pensar distinto y defender la diversidad es un acto peligroso (…) donde hay un correlato que es un guión donde se fabrica al enemigo… es un guión de la confrontación permanente, por ello en un momento Humberto Cholango fue el enemigo, así como Marco Guatemal o la ‘prensa corrupta’… este guión de la confrontación permanente puede ser un bumerang, porque esa autoridad que se fundamenta en torno al miedo se convierte en un desafío social, en un reto para la resistencia social y los objetores de conciencia.

En la coyuntura de marzo, en la que hubo una gran efervescencia social, donde estos jóvenes estaban discutiendo el buen vivir, ciudadanizando la política, ahora están pagando en su propia carne ese ejercicio.

Fueron un chivo expiatorio para justificar el discurso del enemigo que realiza el gobierno… El drama que viven los 10 jóvenes de Luluncoto y sus familiares nos pasa la posta a nosotros como ciudadanía, en el sentido de establecer los necesarios contrapesos desde el debate hacia una tesis de uniformalización del pensamiento…”

Ramiro Ávila se preguntó: ¿por qué hay que protestar cerrando calles o ejerciendo ciertos actos que pueden contravenir ciertas normas?, la respuesta es: porque las instituciones, el poder, no han podido responder a las demandas de los indígenas, ecologistas, estudiantes, a las demandas radicales. Estableció las contradicciones del derecho penal autoritario y el derecho penal democrático y constitucional, que es el que nos rige, el primero juzga actos y en el otro se juzga hechos.

En el caso de los 10 jóvenes, dijo: “no hay delito, porque hablar de política no es un delito, incluso yendo al extremo, hablar de la revolución armada, incluso pensar en hacer bombas, no es un delito, por lo que ve que en las evidencias encontradas no hay elemento para un juicio.”

El analista político Decio Machado, en una parte de su intervención, señaló: “Qué triste para un gobierno que se llama revolucionario entender que sus mayores enemigos o la disidencia más peligrosa para él es la que emana de los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política…

Es precisamente esa lógica extractivista en los gobiernos autodenominados “socialistas” o de “izquierda”, el eslabón que les engancha con los gobiernos anteriores, es decir, con los gobiernos neoliberales predecesores…

” Vladimir Andocilla, quien también analizó el caso, señaló: “Nadie puede negar que el Código Penal tiene un desfase entre los derechos instituidos en la Constitución y la normativa establecida en dicho cuerpo legal, pero es inconcebible que los jueces, conocedores de la supremacía de la Constitución y de las garantías para el ejercicio de los derechos, se conviertan en malabaristas para justificar detenciones y persecución a sectores de oposición política…”

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