Espana: “Es un decreto inmoral e inconstitucional”

22 septiembre, 2012

Espana: “Es un decreto inmoral e inconstitucional”

El Real Decreto Ley 16/2012 elimina la atención universal en el sistema sanitario español.

Personal de los centros de salud y usuarios organizan la desobediencia contra la norma que deja fuera a inmigrantes irregulares.

El 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, que expulsa de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Esta reforma se anunció como: “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Ante este decreto se ha puesto en marcha la campaña denominada Yo Sí Sanidad Universal, integrada por profesionales de la sanidad y usuarios. Su objetivo es la desobediencia civil y mantener la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Más de 2.000 médicos han objetado ya a través de los formularios de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

“Dejar de atender supone un riesgo de enfermedad y un riesgo de muerte. No estamos hablando de regular cosas, sino de personas y salud”, dice Nacho Revuelta, integrante de la campaña Yo Sí Sanidad Universal. Este médico de familia subraya que el texto no sólo afecta a los inmigrantes, “nos afecta a todos, es un cambio de modelo sanitario”. Y recuerda que, cuando se anunció el proyecto en abril y los médicos manifestaron públicamente su rechazo, el Ministerio modificó el primer proyecto de ley, que incluía también a ciudadanos nativos que estuviesen en paro y no estuvieran cotizando.

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, intervino el 4 de septiembre en una rueda de prensa en la que dijo que se debe facturar la atención “donde corresponda”. Sin embargo, los médicos objetores se declaran en desacuerdo con esa postura. “Eso es como si un concesionario de coches dijera ‘nosotros garantizamos un coche para cada ciudadano, cuando usted vaya tendrá que pagarlo’. Es absurdo”, dice Revuelta en referencia a las palabras de Rodríguez Sendín sobre el pago de la atención sanitaria. “No podemos decir que se garantiza la atención si tiene un coste que afecta a las personas que menos tienen”, argumenta.

 Administrativos, no médicos

Las primeras que se están enfrentando con esta situación son las administrativas y administrativos. “Cuando nos llegaron las primeras instrucciones para que no se diera cita médica algunas nos echamos a llorar”, dice a DIAGONAL Esther, auxiliar administrativo de un centro de salud de Madrid. “Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona, ni siquiera debe preguntar qué le pasa a una persona; si esa persona quiere ver al médico nuestra obligación es pasarle con el médico. Nosotros no pertenecemos a la Seguridad Social, tampoco tenemos formación sanitaria”, explica Ester, que hará objeción de conciencia contra el decreto del Ministerio. Dice que el compromiso de pago que firma el paciente tras ser atendido deben enviarlo al departamento de Facturación a Terceros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Hasta ahora las autonomías estaban ensayando una fórmula parecida, aunque no exigían el pago: se entregaban a los pacientes una factura informativa con el coste de la atención hospitalaria a los pacientes.

“Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona. Nuestra misión es darle cita con el médico”

La traductora y activista Marta Malo, también dentro de la campaña, invita a crear brigadas de acompañamiento a inmigrantes que necesiten atención médica y denunciar en la web las situaciones en las que los inmigrantes no reciban atención sanitaria. “Desobedecer va ser a costa de nuestro esfuerzo, a través de vericuetos que no son legales, lo que el Gobierno intenta transmitir es que sólo afecta a un puñado de inmigrantes y que ya los van a atender”, explica. Y asegura que no basta con la desobediencia de los médicos, “es un cambio de modelo sanitario, nos afecta a todos en el momento que la salud deja de ser un derecho y se convierte en un servicio”.

Desde la llegada del PP al Gobierno, Sanidad ha acometido reformas que eran impensables, como que los pensionistas paguen parte de las recetas. Cinco días después de la entrada en vigor del RDL 16/2012, la Cadena Ser anunció que el Ministerio iba a crear en septiembre cinco grupos de expertos para estudiar el recorte de pruebas como la selección genética, la rehabilitación u otras preventivas como las mamografías.

Para el médico de familia Juan Luis Ruiz Jiménez, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, “con este decreto el Gobierno arrebata a los ciudadanos un sistema único, universal y establece otro mucho más injusto basado en el aseguramiento, que sienta las bases para la pérdida de protección futura de otros colectivos sociales. Es ilegitimo e inmoral. Vamos a luchar contra el decreto con todas nuestras fuerzas”, añade.

Ruiz Jiménez indica que el Gobierno trata de ‘vender’ el RDL 16/2012 diciendo que la Seguridad Social es insostenible: “El presupuesto sanitario está alrededor del 6,3% del Producto Interior Bruto, comparativamente es el 65% del promedio de lo que gastan los países de la UE, menos de la mitad de lo que se gasta Alemania. Y no sale de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que recordar que la banca ha recibido en los últimos años una cuantía de 166.000 millones de euros”.

“A nuestro vecino ya no le extienden la receta para su dolor de estómago, sino que se la apuntan en un papel”

A la espera de cómo se aplique el RDL en cada autonomía, Roberto, voluntario de Apoyo, una asociación del barrio madrileño de Moratalaz, relata su primera incidencia tras el 1 de septiembre: a un vecino del barrio que se encuentra en situación irregular ya no le extienden la receta para su dolencia estomacal, sino que “se la apuntan en un papel”. En este caso, tener papeles tampoco le serviría de mucho: su medicación, el omeprazol, está en la lista de fármacos que Sanidad retiró en junio de la cobertura del Sistema Nacional de Salud.

¿Expulsiones con la sanidad?

El impacto económico de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares es dudoso: apenas 240 millones de euros si se da por buena la extrapolación de los 1.600 euros anuales de gasto sanitario por habitante a los cerca de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia. Pero dos portavoces distintos del Partido Popular, Rafael Hernando (en la foto) y Alfonso Alonso, han hecho declaraciones que apuntan a otros objetivos además del ahorro. Hernando declaró en agosto, cuando se conoció que el Gobierno quiere hacer firmar un convenio sanitario a los sin papeles con una cuota anual de 710 euros, que el objetivo de la medida era que “España deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”. Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso, abundó en esta idea el 9 de septiembre: “Naturalmente aquellos extranjeros que están en situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad de regularizar su situación no pueden permanecer aquí”, declaró para justificar la decisión de excluir a los irregulares de la atención sanitaria pública. Desde la campaña Yo sí Sanidad Universal se ha denunciado el hecho de que el Gobierno puede estar haciendo política de extranjería con la sanidad.

María José Esteso Poves / Diego Sanz Paratcha (Redacción)
Fuente: diagonalperiodico.net

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