Ecuador: La XI Ronda Petrolera, un negocio o maldicion

8 noviembre, 2012

Imagen-Ecuador: La XI Ronda Petrolera, un negocio o maldicion

POR Amparo Sigcha,  El fallo a  favor del pueblo Sarayacu que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de julio de este año, fue motivode festejo para los pueblos indígenas ecuatorianos y de la región amazónica en particular, ya que luego de nueve años de litigio el máximo organismo de Derechos Humanos reconoció que los derechos del pueblo Sarayacu (la consulta previa, la propiedad comunal indígena y la identidad cultural) fueron violentados por el Estado ecuatoriano.

Lamentablemente, el fallo no tiene el carácter de vinculante a las decisiones gubernamentales, dando luz verde a la aplicación de la política extractiva y voraz que se proyecta hacer en la región sur oriental amazónica del país, y al parecer, “va porque va”, según palabras de los representantes del gobierno.

De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, para este 30 de octubre se hará pública la convocatoria a licitación de la Décimo Primera Ronda Petrolera, que comprende la entrega a empresas transnacionales o nacionales petroleras de 21 bloques ubicados en las provincias del centro y sur de la amazonia, ya que aparentemente existirían reservas de crudo en cantidades superiores a las existentes en la parte norte del oriente.

Según el asambleísta de Pachakutik, Clever Jiménez, se anuncio es una mentira más del gobierno y de Pástor, y señala que del informe entregado por el secretario de Estado, “se puede ver que el mapa no existe o fue hecho al apuro por la empresa francesa BEICIP – FRANLAB, pues en septiembre pasado no tenían dicho material, tampoco se contaba con el informe del estudio y el catálogo geológico y no existen tales reservas; además no hay tal tecnología aérea de punta para evitar daños ambientales, como se está promocionando de parte de los voceros del gobierno, además el crudo que se extraiga será sacará por el oleoducto peruano, lo que sube los costos, que es un negocio nocivo”.

Añade que se conoce que empresas bielorrusas tendrían información reservada del proyecto, algo que es también ilegal, además que no se conoce la experiencia y la ética de esas empresas bielorrusas. Señala Jiménez  que “lo más grave radica en el tipo de contratos que se pretende aplicar en este proyecto, “Prestación de Servicios”, que son famosos porque dichos compromisos no generan riesgos, además los costos de los estudios de sísmica, la exploración y explotación y otros, como siempre pasarían al Estado, o sea la empresa no invierte, solo gana, y no es cómo dice, que las empresas pierden si no hay petróleo.

 ¿A quién trata de mentir? si nunca las empresas pierden, menos en este gobierno, la ley les protege, cuando expresamente hizo aprobar que las exploraciones y explotaciones serán pagadas por el Estado”. Según el legislador, es inconstitucional esta nueva ronda petrolera, porque las zonas protegidas serán vulneradas, el ITT estaría en juego y pretenden terminar con la biodiversidad de la zona; no se ha dado ninguna consulta previa, y la socialización no hay, peor el consentimiento de las comunidades que viven en la zona.

La necesidad de dinero que tiene el régimen hace que se violente la socialización y la consulta previa, además, igual que los contratos de minería están violentando las leyes y la Constitución, y solo se impone la voluntad del gobierno a través de la fuerza, con todas las funciones a su favor.

A decir de Fernando Villavicencio, analista petrolero, “de acuerdo a la Constitución, no se puede hacer exploración ni explotación petrolera. En esta nueva ronda petrolera se ha dado privilegios a las empresas de los países de las BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que son gobiernos conocidos por sus violaciones y no por su transparencia”.

Por su parte, las distintas comunidades Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara y de otras nacionalidades, reunidas en la CONAIE, rechazaron la propuesta gubernamental porque atenta contra sus derechos, ya que no se ha dado la consulta previa, además, porque la propuesta indígena “defiende los últimos bosques que sirven para el bien de todo el Ecuador y el mundo”. Añaden que no están opuestos al diálogo, pero exigen se tome en cuenta la Asambleísta Cléver Jiménez decisión de las comunidades y no se trate de confundir o comprar conciencias con ofrecimientos de dinero o escuelas.

Este proyecto extractivo es refutado por los representantes indígenas, ya que corren peligro de extinción las lenguas de varias nacionalidades, como los Sáparas, declarada como patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas.

El pueblo Sarayaku, por su parte, en su segunda misiva dirigida al primer mandatario, preocupado por las propuestas del gobierno, menciona que “la sentencia de la Corte Interamericana que con tanto esfuerzo alcanzamos, dispone que el Estado debe realizar una consulta previa de buena fe ‘de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos’.

También dice la sentencia, que se  deben adoptar medidas necesarias para que se cumpla con el derecho a la consulta ‘para lo cual se debe asegurar la participación de las propias comunidades’, lo que no se ha cumplido porque desde el régimen se trata de aplicar el Decreto Ejecutivo 1247 (que pretende regular la consulta previa), que fue emitido sin que antes los pueblos y nacionalidades originarios lo hayan conocido, ni discutido, ni se haya consensuado con su contenido, y por ello mencionan que dicho decreto debe ser derogado.

Una de las voceras del pueblo Sarayacu, Patricia Gualinga, menciona que “acogiéndonos al artículo 57 y 171 de la Constitución, declaramos a nuestros territorios libres de extracción petrolera, de minería a gran escala, de hidroeléctricas y de socio bosque.

La Cordillera del Cóndor y el resto de nuestros territorios son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y nuestra decisión es defenderlos hasta las últimas consecuencias”.

Los dirigentes de las nacionalidades Shuar, Achuar, Shiwiar, Sapara y el Pueblo Kichwa de Sarayaku, anunciaron en su reunión que no permitirán el ingreso abusivo de la industria petrolera en sus territorios. La nueva ronda petrolera pone en grave peligro la vida, la salud, la paz social y la integridad de la naturaleza y, por tanto, las nacionalidades que  habitan el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, no permitirán que se imponga un proyecto que destruya la naturaleza, y que ponga a las nacionalidades al borde de genocidio.

Las nacionalidades indígenas enfatizaron que tienen el derecho a resistir, y anunciaron que se movilizarán antes del 28 de noviembre. “Nuestra resistencia será pacífica”, anuncia Manuel Mashient, presidente de la Nacionalidad Shuar del Ecuador (NASHE). “También  somos ecuatorianos y queremos ser tomados en cuenta. Queremos aportar al desarrollo del país”, agrega el presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar del Pastaza (FENASH-P).

Lamentablemente, para el gobierno las experiencias negativas de más de 40 años de extracción petrolera en el norte de la amazonia no son suficientes pruebas de lo nocivo del negocio petrolero para las comunidades, que de acuerdo a estudios, el porcentaje de cáncer en las poblaciones de Orellana y Sucumbiós superan casi en un 50% del porcentaje a nivel nacional y las provincias “petroleras” son las más olvidadas por éste y los anteriores gobiernos, esa ha sido y será la maldición del petróleo”.

Quincenario Opción, nov 2012

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