Ecuador: Carta de Amnistia Internacional sobre el caso 10 de Luluncoto

11 diciembre, 2012

Ecuador: Carta de Amnistia Internacional sobre el caso 10 de Luluncoto

Dr. Galo Chiriboga Zambrano

Fiscal General del Estado

Fiscalía General del Estado

Av. Patria y 12 de Octubre

 

Pichincha, Quito

Ecuador

Londres, 27 de noviembre de 2012

Sr. Fiscal General


En nombre de Amnistía Internacional, movimiento mundial que trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas en todo el mundo, me permito dirigirme a Usted en esta oportunidad para solicitarle información sobre la detención y procesamiento penal de los ciudadanos ecuatorianos Ana Cristina Campaña Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrín, Yescenia Abigail Heras Bermeo, Cristhiam Royce Gómez Romero, Pablo Andrés Castro Cangas, Luis Santiago Gallegos Valarezo, Víctor Hugo Vinueza Puente, Luis Marcelo Merchán Mosquera, Héctor Javier Estupiñán Prado y César Enrique Zambrano Farras.

Como es de su conocimiento, estas diez personas fueron detenidas el 3 de marzo del presente año. Según información recibida por Amnistía Internacional las diez personas fueron detenidas sin orden de detención y sin estar cometiendo delito flagrante cuando se encontraban reunidos en un inmueble en el sector Sur Luluncoto, Quito. Todos ellos han sido acusados del delito de actos de terrorismo bajo el artículo 160 del Código Penal y se encuentran detenidos a la espera de juicio, a excepción de Fadua Elizabeth Tapia Jarrín que está bajo arresto domiciliario por encontrarse embarazada en el momento de su detención.

Según informes de la fiscalía recibidos por Amnistía Internacional (documento de Audiencia Preparatoria a Juicio N570-12 PA del 25 de julio de 2012 ante el juez décimo de garantías penales de Pichincha, Dr. Leonardo Tipán Valencia), la detención de estas diez personas se enmarcaría dentro de un operativo policial ~ Investigación fiscal en relación a la explosión de una serie de bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, entre los meses de noviembre y diciembre de 2011. En los panfletos aparecían consignas en contra de la visita al Ecuador del presidente colombiano Juan Manuel Santos. De acuerdo a esta misma información, las autoridades responsabilizan de la colocación de dichas bombas panfletarias a miembros del Grupo de Combatientes Populares (GCP).

La fiscalía está acusando a los diez detenidos de ser miembros del GCP y de encontrarse en el momento de su detención reunidos con el objetivo de preparar acciones subversivas contra el estado ecuatoriano. Los detenidos, sin embargo, de acuerdo a sus abogados, argumentan que se encontraban reunidos para debatir la actualidad política en el contexto de la convocatoria a la “Marcha plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos” que se celebró a partir del 8 de marzo de 2012.

De acuerdo a información facilitada por la fiscalía durante la audiencia preparatoria a juicio, se involucra a los diez detenidos con el GCP a raíz de una investigación policial en la que se vincula al Sr. Cristhiam Royce Gómez Romero con el GCP por tener éste un enlace a la página web de este grupo en su página de Facebook. Según esta misma información, antes del momento de efectuar el allanamiento y detención de los diez acusados, la policía habría recibido una denuncia indicando el lugar de la reunión “preparatoria de actos violentos por parte del Grupo de combatientes populares a la que asistiría entre otras personas Cristhiam Royce”.

Entre los objetos requisados en el momento de la detención y durante el registro del domicilio de los acusados y presentados como evidencias por la fiscalía de acuerdo al documento de la audiencia preparatoria a juicio, se encuentran objetos como camisetas del Che Guevara y una pañoletas del FMLN de Nicaragua, así como CDs de música protesta, películas, libros de derecho constitucional, folletos de varias organizaciones sociales, cuadernos de la Universidad Central en la que algunos de los detenidos estudian, libros y materiales de prensa, la Constitución de la República, el periódico “El Ciudadano”, y un documento gubernamental titulado Defiende la democracia. Asimismo, se ha presentado como evidencia unas botas negras de caucho y un uniforme rojo y negro de bastonera del colegio, por tratarse de los colores que aparentemente usa el GCP, según aparece en su página web.

De acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscalía durante la audiencia preparatoria a juicio, no habría encontrado en poder de los detenidos ni en el momento de su detención, ni en sus domicilios, ningún arma o explosivos, excepto un revolver antiguo que conservaba como reliquia’ la familia de Fadua Elizabeth Tapia Jarrín y que al parecer no funciona por lo que la fiscalía no habría realizado una pericia balística. Tampoco se habría presentado evidencia que vincule a ninguno de los detenidos en ningún hecho delictivo, incluido el uso de armas de fuego o explosivos o los hechos de noviembre y diciembre de 2011. Según el documento de la audiencia preparatoria a juicio, las evidencias presentadas por la fiscalía que vincularían a los detenidos con el GCP y con la preparación de artefactos explosivos serían unos documentos al parecer encontrado en los ordenadores y teléfonos móviles requisados, entre ellos una imagen del presidente colombiano Juan Manuel Santos como la encontrada en algunos de los panfletos hallados donde se detonaron las bombas panfletarias en Quito en noviembre de 2011, así como “logotipos, planes y programas del grupo denominado de combatientes populares”, muchos de los cuales, de acuerdo a los abogados defensores, son de fácil acceso en Internet.

Sr. Fiscal General, preocupa a Amnistía Internacional que por la información recibida hasta el momento por parte de los abogados y la información presentada por la fiscal fa durante la audiencia preparatoria a juicio, parecería que se estaría vulnerando el derecho de estas diez personas a un debido proceso y acusándoseles del delito de terrorismo sin haber presentado evidencias que fundamente tal acusación más allá de toda duda razonable.

En espera de su pronta respuesta sobre las preocupaciones de la organización en relación a este caso me despido de Usted.

Atentamente,

Guadalupe Marengo
Directora Adjunta
Programa Regional para América.

 

 

Fuente: lalineadefuego.info

 

 

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