Ecuador: Extracto del informe de Derechos Humanos sobre el caso luluncoto y el uso excesivo de la figura de terrorismo

1 febrero, 2013

Imagen-IEcuador: Extracto del informe de Derechos Humanos sobre el caso luluncoto y el uso excesivo de la figura de terrorismo

El Presidente Rafael Correa ha socavado la libertad de prensa en Ecuador al exponer a periodistas y personajes de los medios de comunicación a acusaciones públicas y persecución judicial.

Durante 2012, continuó el debilitamiento de la independencia judicial debido a la aplicación de mecanismos transitorios de reforma judicial que han ampliado la injerencia que ejercen el gobierno y sus partidarios en la Asamblea Nacional en la designación y destitución de jueces.

Libertad de expresión

En febrero de 2012, el Presidente Correa consiguió que la justicia condenara a los coautores del libro El Gran Hermano, donde se denunciaba la ejecución de contratos cuestionables entre el hermano del presidente e instituciones del Estado, a pagar la suma de US$2 millones. Correa desistió posteriormente de la acción, y perdonó además a Emilio Palacio, ex director de Opinión del periódico El Universo, y a tres de sus directores, que en 2011 habían sido condenados a tres años de prisión y al pago de un total de US$ 40 millones en concepto de daños. En agosto, Palacio consiguió asilo en Estados Unidos.

El Presidente Correa continúa increpando a críticos durante elocuciones que las emisoras privadas están obligadas a trasmitir por cadena nacional y en su programa semanal en los medios públicos. Por ejemplo, en junio de 2012, después de que El Universo publicara un artículo donde se criticaba al presidente de la Corporación Financiera Nacional, Correa mostró una fotografía del editor del periódico en su discurso semanal y dijo “Véanlo, pueblo ecuatoriano, y no lo olviden, porque es el más claro ejemplo de la mala prensa de este país”.

Según estadísticas oficiales publicadas por la prensa, la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró 20 estaciones de radio y canales de televisión privados durante el primer semestre de 2012. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPP) determinó que en algunos casos la autoridad regulatoria gubernamental dispuso el cierre antes de que se resolvieran los recursos judiciales, y que más de la mitad de las estaciones y canales que se cerraron eran de línea crítica.

En enero de 2012, el Presidente Correa introdujo cambios en la ley electoral que prohíben a los medios de comunicación difundir “mensajes” o “reportajes” que incidan a favor o en contra de una determinada “tesis política”, candidato o preferencia electoral. La ley otorga al Consejo Nacional Electoral amplios poderes para censurar a medios que se considere que violan esta prohibición. Las medidas entraron en vigor en julio de 2012, luego de que la Corte Constitucional levantara la suspensión temporal que había regido mientras examinó un recurso de inconstitucionalidad. En octubre, la corte confirmó la prohibición de que los medios hagan “promoción” de un partido o candidato en forma “directa o indirecta”.

Uso indebido de disposiciones antiterroristas

Desde que Correa asumió la presidencia en 2007, los fiscales han aplicado reiteradamente una disposición del Código Penal sobre “sabotaje y terrorismo” a personas que participan en manifestaciones públicas vinculadas con temas ambientales y de otra índole.

La participación en actos de violencia o la obstrucción de carreteras durante este tipo de protestas debería, en todo caso, ser un delito penal común. Sin embargo, el Código Penal de Ecuador incluye, en la categoría de sabotaje y terrorismo, a los “delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”, cometidos por individuos o grupos “armados o no”. La pena prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión.

La mayoría de las personas acusadas por delitos de terrorismo han sido beneficiadas con amnistías. En otros casos, los cargos por terrorismo se retiraron por falta de pruebas, o los implicados finalmente fueron juzgados por delitos de menor gravedad, como obstrucción o daños a la propiedad. No obstante, las personas que participan en manifestaciones públicas continúan expuestas al riesgo de ser procesadas penalmente por terrorismo.

En julio de 2012, un fiscal acusó a 10 personas por “actos terroristas” y por haber atentado contra la seguridad del Estado tras ser arrestadas durante un encuentro pacífico al cual habían asistido para organizar su presencia en una manifestación pública. Según sus abogados, las únicas pruebas que había presentado en su contra la fiscalía eran una serie de objetos personales inocuos como libros, camisetas y música, secuestrados durante una requisa policial de sus viviendas.

Juicios por abusos del pasado

En junio de 2010, la comisión de la verdad creada por el gobierno de Correa publicó un informe donde se documentan 118 casos de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008, que afectan a 456 víctimas (incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones forzadas).

Hasta noviembre de 2012, más de dos años después de la creación de la unidad especial encargada de investigar los 118 casos de violaciones de derechos humanos, los fiscales habían acusado solamente a un capitán de policía en la causa sobre el estudiante Damián Peña, que murió al ser alcanzado por disparos durante una manifestación en 2002.

Independencia judicial

Durante años, el poder judicial ecuatoriano se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. A pesar de que en 2011 el gobierno de Correa puso en marcha un programa de reforma judicial, persiste la injerencia política en la designación y actuación de las jueces.

Durante 2012, el Consejo de la Judicatura —un órgano integrado por juristas independientes encargados de seleccionar, ascender y destituir a los jueces— fue reemplazado por un consejo de transición integrado por tres miembros, designados respectivamente por el presidente, el poder legislativo (donde Correa cuenta con el apoyo de la mayoría) y la Función de Transparencia y Control Social, el poder ciudadano creado en la Constitución de 2008.

En noviembre de 2011, se conformó un grupo de seis veedores especializados de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España, presididos por el juez español Baltasar Garzón, para monitorear y formular recomendaciones sobre el proceso de reforma judicial. Los veedores informaron en mayo de 2012 que se debían nombrar reemplazantes para 2.903 jueces y funcionarios judiciales, de los cuales más de 1.500 fueron destituidos a raíz de procedimientos disciplinarios, evaluaciones deficientes o por jubilación forzada. Muchos de ellos fueron reemplazados por funcionarios interinos sin la formación necesaria.

En julio de 2012, asumieron 210 jueces de primera instancia permanentes, designados por el consejo de transición. Hubo fuertes críticas que señalaron supuestas irregularidades en los resultados de los exámenes judiciales. Los candidatos que no obtuvieron una nota mínima en un curso de formación final organizado por el consejo —que incluía una entrevista como elemento central— fueron rechazados sin derecho a apelar la decisión, aun si en promedio su puntaje había sido alto.

Dos jueces que emitieron un fallo favorable para Correa en la causa El Universo fueron nombrados en cargos permanentes, a pesar de que su puntaje general era inferior al de otros candidatos que fueron rechazados. Entre las recomendaciones preliminares, el grupo de veedores sugirió reconsiderar la “excesiva puntuación” que se reconoce a la entrevista final.

En un memorando emitido en julio, el consejo de transición advirtió a los jueces que serían objeto de sanciones y posibles destituciones si continuaban acogiendo indebidamente las acciones de protección contra el Estado. Tales amenazas constituyen una injerencia injustificada en la independencia judicial y disuaden a los jueces de impugnar el proceso de selección organizado por el consejo.

En julio de 2012, el Fiscal Antonio Gagliardo desestimó los cargos de prevaricato y falsedad ideológica contra el Juez Juan Paredes —que había condenado a Palacio y sus colegas de El Universo en julio de 2011— y contra Gutemberg Vera, abogado de Correa, a pesar de que existían pruebas creíbles de que este último había entregado anticipadamente a Paredes un borrador de la sentencia en un dispositivo de memoria externa. Paredes fue designado para ocupar un cargo judicial permanente, y en octubre Gagliardo fue confirmado para integrar la Corte Constitucional.

Defensores de derechos humanos

El gobierno de Correa ha intentado desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de recibir financiamiento extranjero para desestabilizar al gobierno. En abril de 2012, el Presidente Correa acusó a Fundamedios —una organización no gubernamental que en octubre de 2011 había ofrecido su testimonio durante un encuentro convocado por la Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión— de ser un “informante” del gobierno estadounidense. En julio de 2012, un alto funcionario del gobierno acusó a Fundamedios de intromisión en la política ecuatoriana y de recibir fondos de USAID para desestabilizar al gobierno. En reiteradas oportunidades Correa ha dirigido fuertes críticas al director de Fundamedios, César Ricaurte, y ha mostrado fotografías suyas durante su discurso semanal.

Un decreto presidencial de julio de 2011 que regula a las ONG internacionales con oficinas en Ecuador habilita al gobierno a monitorear todas sus actividades y rescindir su licencia cuando realicen actividades distintas de las consignadas en su solicitud, recurran a la “injerencia política” o “atenten contra la seguridad y paz pública”.

Derechos de discapacidad

En junio de 2012, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y contempla mejoras al sistema de pensiones, la seguridad social y los planes de estudio escolares. Estableció además un Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) encargado de monitorear y proponer reformas sobre disposiciones y derechos de las personas con discapacidad.

Actores internacionales clave

En diciembre de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaran su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Ecuador, el Presidente Correa propuso que la CIDH fuera reemplazada por un nuevo órgano regional de derechos humanos. También impulsó una iniciativa para conseguir que se limitaran el financiamiento y la efectividad de la relatoría especial de la OEA. Durante la Asamblea General de la OEA celebrada en junio de 2012, una vez más Correa criticó con vehemencia la labor de la Comisión y de la Relatora Especial, e instó a adoptar medidas que frustrarían gravemente su autonomía y efectividad.

En mayo de 2012, la situación de los derechos humanos en Ecuador fue analizada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, incluyendo las restricciones a la libertad de expresión, los esfuerzos por regular a las ONG y las demoras en la implementación de reformas judiciales. Ecuador rechazó una recomendación que exhortaba al país a poner fin a la penalización de opiniones.

Fuente: hrw.org

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