Ecuador: 10 de Luluncoto “Un ano de prision, sin pruebas”

4 marzo, 2013

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El 3 de marzo se cumplió un año de la detención de los jóvenes estudiantes, trabajadores y dirigentes sociales del emblemático caso conocido como “los 10 de Luluncoto”, acusados de terrorismo por el gobierno nacional.

Al cerrar esta edición se dictó sentencia condenatoria, con la pena de un año de prisión para todos los acusados. Esto, según la defensa, es una sentencia simbólica, que pretende generar miedo social, ya que los acusados varones tendrían que permanecer detenidos menos de dos meses, por cuanto se suman los 10 meses que estuvieron detenidos sin sentencia, y en el caso de Abigail Heras y Cristina Campaña se esperaba que sean liberadas a más tardar el lunes 4 de marzo, al cumplir ya un año detenidas.

En el marco de la relevancia que ha tenido este hecho, debido a que se ha convertido en un caso de interés nacional e internacional, por la constante y evidente violación a los Derechos Humanos, a los derechos políticos y las libertades democráticas de los ecuatorianos, hemos visto la necesidad de recordar a nuestros lectores las ilegalidades y arbitrariedades que se cometieron en este caso.

Un breve antecedente

El 3 de marzo de 2012 fueron aprehendidos estos jóvenes, cinco días antes de la realización de la “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos” convocada por las organizaciones sociales de izquierda.

Esta movilización recorrió casi todo el país, durante 14 días, en rechazo a los discursos amenazantes del régimen, a la criminalización de la lucha social, la persecución a líderes sociales y la afectación de los derechos de trabajadores del campo y la ciudad, así como de los derechos de la naturaleza, contemplados en la Constitución.

Detención ilegal

Aquel 3 de marzo, 7 hombres y 3 mujeres de diferentes ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Esmeraldas) viajaron hasta la capital para reunirse y hablar sobre la situación que vivía el país como consecuencia de las políticas aplicadas por el régimen, a la luz de lo que manda la Constitución y lo que determina la ruta del “Buen Vivir”. Pensaban sumarse a la movilización de los sectores populares que estaba por iniciarse.

Cristina Campaña, Abigail Heras, Fadua Tapia, Pablo Castro, Royce Gómez, Víctor Hugo Vinueza, Héctor Estupiñán, César Zambrano, Luis Merchán y Santiago Gallegos, empezaban su reunión en un departamento del conjunto habitacional “Casales San Pedro”, ubicado en el barrio Luluncoto, al sur de Quito, cuando 50 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ingresaron abruptamente, violentando todos sus derechos, sometiéndolos a tratos denigrantes, como tenerlos arrodillados por cuatro horas en las escaleras fuera de las habitaciones e interrogarlos varias veces, sin mostrar orden de allanamiento ni orden de prisión, irrespetando así el debido proceso.

Fadua Tapia, joven de 18 años, en ese entonces cumplía 3 meses de gestación, sin embargo fue tirada al suelo, sin importar su estado. Héctor Estupiñán, por su parte, al ver el cruel trato a su compañera pidió a los agentes y a la Fiscal que se le respete su condición, por lo que uno de ellos le propinó un golpe contra la pared, rompiéndole una de sus piezas dentales.

Según versiones de los detenidos, mientras eran sacados hacia las afueras del departamento, Cristina Campaña logró percatarse de que las pertenencias que llevaba consigo estaban siendo manipuladas y que ponían materiales impresos en su mochila.

Los 10 jóvenes estuvieron retenidos en el lugar de la detención por 7 horas (de 16h00 a 23h00), luego fueron llevados hacia las instalaciones de la Policía Judicial, donde a la medianoche recién tuvieron el derecho a una llamada.

Al día siguiente, a las 14h00, fueron sacados fugazmente de los calabozos de la Policía Judicial con dirección a la Unidad de Vigilancia de Carapungo, ubicada al Norte de Quito, para la audiencia de formulación de cargos, sin un previo aviso a sus familiares, mucho menos a sus abogados, con el pretexto de tratarse de la “seguridad del Estado”.

Las supuestas pruebas

Según los argumentos de la Policía, hace un año habían iniciado una investigación tras la detonación de bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, hecho ocurrido el 19 de diciembre del 2011, en los Ministerios de Relaciones Laborales y de Salud, previo a la visita del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al Ecuador.

El propósito de la investigación fue afirmar que en el país existen grupos subversivos que “implantan terror”, como el denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP) y el Noviembre 15 (N-15), a quienes se les atribuye las explosiones y que los detenidos serían la célula organizativa del GCP, según la Policía.

Las pruebas que los investigadores lograron recabar y que exhibieron fueron: agendas, cédulas, celulares, billeteras, cuadernos, libros de derecho y filosofía, billetes, memory flash, cheques, laptops, ocultando documentos como: el periódico El Ciudadano, el documento gubernamental “Defiende la democracia”, y la Constitución de Montecristi, que también estaban en el lugar de la reunión.

Allanamientos

El 26 de abril, 53 días después de la detención, en horas de la madrugada se produjeron los allanamientos simultáneos a las casas de los detenidos, usando una cantidad desproporcionada de la fuerza policial, creando un ambiente de terror entre niños, mujeres, ancianos que se encontraban dormidos.

Entre las cosas que se llevaron dentro de ese operativo estaban: camisetas y fotografías del Che Guevara, discos de música protesta (Víctor Jara y Jaime Guevara), películas como “El último rey de Escocia”, “El exorcista”; botas de caucho, cuadernos de apuntes, computadores de uso personal, recortes de prensa donde se hablaba del caso, entre otras cosas que la fiscal Diana Fernández tachó de “peligrosas”.

Audiencias fallidas

Pasaron más de nueve meses de un tortuoso proceso de ilegalidades y arbitrariedades, y la audiencia de juzgamiento, que debió ser el 10 de diciembre, fue suspendida sorpresivamente tras la excusa del juez Wladimir Jaya Flor, integrante del Tribunal Tercero, quien había solicitado permiso de enfermedad horas antes de que la audiencia comenzara.

En el segundo intento de realización de la audiencia, en cambio, la jueza Ximena Veintimilla se excusó por la misma razón, quedando fijada la fecha para el 21 de enero del 2013.

Habeas corpus

El 12 de diciembre los abogados defensores interpusieron la primera acción de Habeas Corpus en la Corte Provincial de Justicia, para solicitar la libertad de los detenidos, por haber sido irrespetado el debido proceso.

Así lo demuestra el peritaje solicitado por la defensa y que fue realizado a los computadores de la Fiscalía y de los juzgados respectivos, cuyo informe establece que las órdenes de allanamiento y detención no salieron de esos sistemas informáticos.

Tomaba fuerza la versión de que estos instrumentos legales habrían sido hechos en la misma escena de la captura, el 3 de marzo del 2012.

Salen libres los 7 y faltan las 2 de Luluncoto El 20 de diciembre, la Primera Sala de lo Laboral, la Niñez y la Adolescencia resolvió otorgar el Habeas Corpus únicamente a los siete varones detenidos en el CDP y no a Cristina Campaña y Abigail Heras.

La presidenta de la Sala, Catherine Muñoz, después de más de una hora de espera, leyó la sentencia: debido a la ausencia de los detenidos (los siete varones), se concede el pedido de habeas corpus para ellos y se ordena la sanción a los funcionarios del Centro de Detención Provisional (CDP) por la negligencia administrativa, al no traerlos a tiempo a la sala.

El 4 de enero, en la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia se negó el segundo pedido de Habeas Corpus para Abigail Heras y Cristina Campaña, que hizo la defensa. El argumento fue simplemente que ya antes se había pedido este recurso y se lo había negado.

Solidaridad nacional e internacional

Las manifestaciones de solidaridad en diferentes formas (cartas, visitas, comunicados) para quienes piensan diferente al régimen no se hicieron esperar, pues importantes instituciones nacionales e internaciones, tales como la reconocida Plataforma de Amnistía Internacional, mostraron su respaldo a los jóvenes y su preocupación por los atropellos que sufrían.

Intimidación a abogados defensores

El 14 de enero, los abogados de los “10 de Luluncoto” denunciaron ante los medios de comunicación que se buscaba sacarlos del caso con una suspensión temporal, después de que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformada por los jueces: Merck Benavides, Edgar Flores y Káiser Arévalo, solicitó al Consejo de la Judicatura Transitorio sancione a Gonzalo Realpe, Ciro Guzmán, Alex Bonifaz y Patricio Armijos por abuso del Derecho, al haber interpuesto dos veces la misma acción por los mismos hechos imputados en contra de las mismas personas (Cristina Campaña y Abigail Heras).

Cambio de jueces

Este hecho sucede a 3 días de la iniciación de la audiencia, prevista para el lunes 21 de enero. La providencia emitida por el Tercer Tribunal de Garantías Penales señala que “la doctora Ivon Vázquez Revelo y el doctor Julio César Obando se encuentran con licencia por enfermedad y vacaciones, respectivamente” y llaman a integrar el Tribunal a Susana Nájera Verdesoto y a la doctora Mercedes Ribadeneira Coloma, en calidad de jueces temporales.

Ya en la audiencia

Desde el inicio de la audiencia la intención de la Fiscalía ha sido acusar de plano a los “10 de Luluncoto” y tratar de demostrar a como dé lugar la supuesta vinculación de los jóvenes con el GCP y con la explosión de bombas panfletarias.

Se ha presentado a 22 testigos de la Fiscalía de 92 que estaban previstos, todos ellos policías de relevancia jerárquica y que no pudieron demostrar que los detenidos sean “terroristas”.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia concluyó con la sentencia acusatoria ya mencionada. Como antecedente hay que anotar que durante la rueda de prensa, luego de conocido su triunfo en elecciones, Rafael Correa insistió en que la inocencia de los chicos solo era construida por lo que él llama “la prensa corrupta”.

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