Espana: Habla el juez espanol que denuncio incorrecciones en desahucios

21 marzo, 2013

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José María Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona

Detrás de los cambios en la legislación hipotecaria española que se debaten estos días en el Congreso hay un nombre propio.

El de José María Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona. Fue este magistrado quien denunció el marco legal ante el Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo.

El organismo determinó que la normativa es contraria a los preceptos comunitarios en materia de protección de derechos del consumidor. Tras el fallo, los jueces pueden paralizar los desahucios de oficio. Fernández Seijo analiza para EL UNIVERSO los efectos que se empiezan a advertir después de que hace una semana se hiciera pública la sentencia.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales anomalías de las que adolece la legislación española en materia hipotecaria?
Respuesta. 
La principal es que el sistema prohibía de manera taxativa cualquier motivo de oposición a la ejecución hipotecaria (desahucio) y eso provocaba que cualquier reclamación o incidencia, incluso, aquella relativa a la modificación de la cuantía obligara al deudor a perder primero el piso y, luego sí, iniciar un proceso largo y costoso. Segundo, el sistema es impersonal. El juez lo que hace es ejecutar la garantía a través de un número de registro, se sabe el nombre del deudor pero no se dispone de los datos o circunstancias del préstamo, no se sabe si es una vivienda principal, una segunda residencia o una plaza de aparcamiento.

P. Y el deudor queda en un estado de total indefensión…
R. 
Al final hay indefensión e ineficacia porque un tribunal tarda años en darle una respuesta sobre si es injusta o no la ejecución.

P. Tomando en cuenta estas circunstancias, ¿cómo han estado actuando los jueces hasta ahora?
R.
 Estaban atados de pies y manos porque la tramitación de las ejecuciones la lleva la oficina judicial y no tenían instrumentos legales.

P. ¿Qué cambios se van a producir?
R
. Cualquier persona que esté en un proceso de ejecución puede paralizar un lanzamiento (desahucio) alegando que hay cláusulas abusivas. Incluso, un juez si piensa que existen cláusulas abusivas en un contrato puede paralizar el desalojo sin necesidad de molestar al consumidor y obligarle a ir al juzgado.

P. ¿Quienes ven que ya no pueden hacer frente al pago de los créditos pueden ser optimistas?
R. 
El panorama ha cambiado sustancialmente. Ahora habrá que ver cuánto se tarda en adoptar las leyes y cuánto tardamos los jueces en incorporar estos cambios al día a día. Esto permite pensar que el Parlamento va a ser más permeable a las reivindicaciones de las plataformas de afectados.

P. ¿Es una nueva batalla ganada por los activistas antidesahucios?
R. 
La sentencia ha tenido un efecto emocional y simbólico muy grande que va más allá del texto. De alguna manera las plataformas de afectados necesitaban que exista un pronunciamiento contundente que justificara que nuestro sistema no era correcto. Hay que advertir, sin embargo, que el planteamiento del Tribunal da respuesta a un bloque de problemas pero por desgracia no soluciona todo. Lo que permite es un marco de protección más amplio pero por sí solo no va a solucionar nada. Y la tercera cuestión es que independientemente de lo que haga el Gobierno para reformar la normativa, la sentencia es vinculante para los jueces. Si no hay una adaptación clara de nuestro sistema a las pautas que exige el fallo, cualquier juez puede aplicarlo ante una legislación insuficiente.

P. ¿Qué cláusulas abusivas han aplicado los bancos a este tipo de créditos?
R.
 En las hipotecas concedidas antes del 2009, se cobraban unos intereses de mora superiores a lo razonable, en algunos casos se elevaban desde el 18 al 29%. En las renovaciones de los préstamos ha habido irregularidades, aunque bajaban los tipos de interés los bancos se garantizan un beneficio mínimo. Hay cláusulas que son de difícil comprensión o son claramente perjudiciales para las partes.

P. ¿Hay sensibilidad en los jueces frente a este tema?
R. 
Desde que en noviembre se hizo público el informe de Juliane Kokott, abogada general del Tribunal, cada vez más jueces de manera colectiva, a través de los partidos judiciales o de manera individual, habían paralizado o suspendido el procedimiento a la espera de la resolución final. El grado de sensibilización de los jueces en materia de desahucios ha sido elevado desde el primer momento y yo creo que va en aumento. Patricia Villarruel

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Fuente: eluniverso.com

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