Ecuador: CIDH ve 57 puntos contrarios a la libre expresion

17 abril, 2013

Ecuador: CIDH ve 57 puntos contrarios a la libre expresion

La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedica 24 páginas para la situación de este derecho en Ecuador en 2012, con referencias sobre seis temas: asesinatos, reformas al Régimen Legal, responsabilidades ulteriores, declaraciones estigmatizantes, agresiones, amenazas contra medios y periodistas, cadenas nacionales e interrupciones de espacios informativos y trabas al trabajo periodístico. En total, se hace el análisis de 57 puntos.

Este detalle está contenido dentro del informe presentado ayer en Washington por la CIDH, en el que se señala la importancia de “crear (en Ecuador) un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones” y recuerda que “la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática”

En ese informe, la CIDH destaca que la “libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

 Críticas

En el primer caso, se hace una condena de forma exclusiva sobre la muerte del fotógrafo Byron Baldeón, en julio de 2012, a manos de supuestos sicarios, dejando constancia de los reportes respecto a la relación del trabajo de la víctima con un caso reportado y la vinculación de uniformados.

En el caso de las reformas, la Relatoría hace siete referencias y observa en uno de los casos la preocupación sobre algunas disposiciones de la reforma a la ley electoral de febrero de 2012, en cuanto a las limitaciones “desproporcionadas” que pudieran darse al trabajo periodístico, complementando esa referencia al fallo de la Corte Constitucional, que revirtió parcialmente esa normativa.

Las responsabilidades ulteriores se recogen en 14 puntos, incluyendo el de la preocupación por el incremento en los últimos años por el uso de normas penales que tipifican el desacato en la injuria calumniosa y otras normas civiles, que “podría llevar a la imposición de sanciones desproporcionadas a personas que hayan formulado críticas contra altos funcionarios”.

Condenas a medios

El informe recuerda el conocimiento de condenas en 2011 contra siete personas que habían criticado a funcionarios públicos. En este segmento se encuentran los casos de El Universo, ‘El Gran Hermano’ y la orden judicial contra La Hora para publicar una rectificación.

También menciona que la Relatoría ha sido informada de que funcionarios del Gobierno han avisado a los medios sobre la intención de iniciar investigaciones penales por críticas publicadas por lectores.

En cuanto a las declaraciones estigmatizantes, la Relatoría recoge 19 puntos, en los cuales se destaca de que ha tomado nota sobre diversas declaraciones en contra de medios, periodistas, y organismos de defensa de los Derechos Humanos por parte de autoridades de Gobierno.

Particularmente, se hace mención de los mensajes emitidos en los enlaces sabatinos y de forma particular en el espacio de temas de libertad de expresión y los epítetos lanzados allí: “prensa corrupta”, “sicarios de tinta”, “ni para madurar aguacates”, entre otros, además de mencionar uno de los episodios cuando se han roto ejemplares de diario La Hora.

Cadenas e interrupciones se observan

° El caso de las agresiones y amenazas se recoge en 10 puntos, mientras que el de las cadenas nacionales e interrupciones de espacios informativos en siete.

Sobre este particular, se reconoce “la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información”.

Y añade: “tanto la CIDH y su Relatoría Especial, como algunos órganos nacionales de estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales, han indicado que no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquella que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva”.

19 puntos sobre declaraciones estigmatizantes contra periodistas se cuentan en el informe.

24 páginas le dedica a Ecuador la Relatoría.

Fuente: lahora.com.ec

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