Informe: Victimas del clima de hostilidad en el Ecuador

3 mayo, 2013

Ecuador:Informe: Victimas del clima de hostilidad en el Ecuador

No es solo una percepción. Nuestro país registra un incremento sustancial en el número y nivel de violencia de ataques perpetrados en contra de periodistas, medios de comunicación, activistas de derechos humanos, blogueros, tuiteros y varios ciudadanos, que por haber ejercido su legítimo derecho a expresarse, han sido víctimas de distintas agresiones.

En los últimos 5 años (2008 – 2013), Fundamedios ha contabilizado 657 agresiones contra la libertad de expresión con un total de 699 víctimas. En esta larga lista constan periodistas, comunicadores y medios, tanto privados como aquellos que están en manos del Estado (públicos, gubernamentales e incautados).

Es lamentable señalar que las agresiones van en aumento, año tras año, sin que existan pronunciamientos oficiales, investigaciones o medidas de protección a favor de las víctimas, con lo cual la gran mayoría de los casos queden en la impunidad. La razón de que esto ocurra, a juicio de las más altas autoridades del país, es que la mayor parte de ataques denunciados son “falacias” y que en Ecuador se vive “plena de libertad de expresión”.

Las cifras hablan por sí solas. Los principales agredidos han sido periodistas y medios de comunicación privados con un total de 513 agresiones correspondientes al 73% del total de víctimas contabilizadas. De ese porcentaje, el 58% corresponde a comunicadores y el 42%, a empresas periodísticas.

Fundamedios ha registrado, además, 64 agresiones contra periodistas y medios en manos del gobierno. Estos ataques son producto del clima de hostilidad en el que los comunicadores desarrollan su trabajo, así como también los bajos niveles de tolerancia y respeto al derecho de expresarse en el país.

Entre los casos emblemáticos está el ataque a la periodista Elena Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de septiembre de 2009, cuando era corresponsal de la cadena venezolana Telesur. En ese entonces, fue agredida y amenazada por tres sujetos armadas. Hoy Rodríguez es reportera del diario oficial El Ciudadano.

Otra agredida fue la periodista Alba Aldeán, de radio Carrusel de Guayaquil, quien el 26 de marzo de 2010 recibió un ataque físico y verbal por parte de Margarita Arosemena Gómez, miembro del directorio de la Junta Cívica de Guayaquil.

Se reportó, además, el ataque contra las instalaciones de EcuadorTV el pasado 30 de septiembre de 2010. Ese día, un grupo de policías y civiles se tomaron el edificio de la estación.

Otro caso divulgado fue la acción judicial iniciada en noviembre de 2012 por el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, contra Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, por un supuesto daño espiritual solicitando además una indemnización de 5 millones de dólares.

De las 699 víctimas registradas el 6.22% corresponde a los periodistas en general, es decir, vulneraciones que han afectado al ejercicio periodístico como leyes, reglamentos, disposiciones estatales, entre otros.

Del total de víctimas el 78% son hombres y el 22%, mujeres.

La organización también ha registrado ataques contra activistas de derechos humanos, que alcanzan el 4% del total registrado. El 2% de las agresiones han recaído en ciudadanos.

Del 82.54%, que representa el total de periodistas agredidos, los mayores afectados son los trabajadores de medios impresos con el 18%, seguidos de quienes trabajan en televisión con el 13.39%, y los periodistas de radio con el9.89%. Asimismo, el 5.33% representa a agresiones contra camarógrafos y el3.50% contra reporteros gráficos

Por su parte, las provincias con mayor número de casos reportados son:Pichincha con el 51%Guayas con el 17.66%, seguidas de las provincias deManabí y Esmeraldas con el 4.49%El Oro con 3.96% y Sucumbíos con el3.26%.

Como se mencionó en párrafos anteriores, hay una clara inacción por parte de las autoridades para frenar estos altos índices de ataques contra quienes ejercen su libertad de expresión. Resulta paradójico, además, que quienes están obligados a garantizar la protección e integridad de los profesionales de la comunicación sean los mayores agresores, iniciando acciones judiciales y campañas de descrédito contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. Es así que de los casos reportados, el 45% corresponde a agresiones ocasionadas por funcionarios públicos. De esta cifra el presidente Rafael Correa protagonizó el 11.72% de los casos, seguido por la policía con el10.65%, y otros funcionarios a través de  medidas administrativas, legislativas o judiciales con el 18.87% del total.

Al respecto la Comisión Interamericana ha indicado que  “en materia de libertad de expresión y protección a derechos de terceros, el respeto se materializa mediante la debida diligencia que el funcionario público debe tener al momento de difundir ideas y pensamientos, con el fin de que su discurso no se convierta en un mecanismo estigmatizador, de hostigamiento, señalamiento, criminalización e intimidación”. Sin embargo, los periodistas están día a día expuestos a una serie de ataques, descalificaciones, insultos, demandas y constantemente se estigmatiza su trabajo. Se ha calificado a comunicadores y medios como “manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta, golpistas”, bajo la justificación de que lo único que hacen es “desinformar”.

En este contexto, la agresión más recurrente a la que han estado expuestos los periodistas durante estos cinco años son los “ataques a la integridad física” con un 60% del total, donde constan los asesinatos contra tres periodistas, seguido de las agresiones verbales y declaraciones de autoridades y figuras públicas con el 20%. Le sigue la categoría “uso abusivo del poder del Estado” con el 14%, dentro de la cual se reportaron 57 cadenas nacionales que representan el 9% del total de agresiones.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe 2012, al igual que en informes de años pasados, recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Se reitera también la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”. La RELE recuerda que “la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática”. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.

La Relatoría insistió que es deber del Estado crear las condiciones necesarias para que las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación”. Recuerda además que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Fundamedios condena todas las agresiones en contra de los ciudadanos, periodistas y comunicadores y exhorta a las autoridades la oportuna investigación de este tipo de hechos. La Organización hace, además, un llamado a la tolerancia y al respeto del pensamiento diverso de los ciudadanos.

Informe

Fuente: fundamedios.org.ec

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