Ecuador: Silenciar para gobernar en paz

7 mayo, 2013

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Por: Amparo Sigcha

Las voces disonantes han sido para los distintos gobiernos la piedra en el zapato que les impide avanzar en sus planes, a través del secuestro y la desaparición forzosa, en la mayoría de casos, de líderes sociales y representantes populares no afines con el sistema, como Milton Reyes, dirigente universitario; Saúl Cañar, dirigente sindical, la profesora Rosita Paredes y el diputado Jaime Hurtado, o a través de mecanismos “legales”, como la judicialización de la lucha política de los sectores populares. Siempre, en función de silenciarlos forzosamente.

En su compromiso por mantener al sistema, con la misma política derechista y asistencialista de la partidocracia, pero con discursos robados a la izquierda, este régimen no es la excepción, la lista de muertes va en aumento: no se han establecido responsables en la muerte del maestro indígena Bosco Wisuma, así como del deceso de los uniformados y un civil victimados el 30 de septiembre del 2010, por la orden de alguna autoridad que al parecer nunca se conocerá.

Actualmente, en el imaginario de la sociedad se trata de impregnar esa imagen de criminal y delincuente al opositor al régimen, al que piensa distinto, al que defiende la naturaleza, la educación y los derechos humanos; mientras el inoperante sistema judicial obedece órdenes y no cumple ni aplica las leyes, menos la Constitución, manteniendo a la corrupción campante y demás delincuentes poderosos o con influencias protegidos o en el olvido, como son los casos: Cofiec-Duzac, Pedro Delgado –venta de los bienes incautados- narcovalija, ministro comecheques, contratos de Fabricio Correa, el caso Palo Azul – Galo Chiriboga-, o los juicios de enriquecimiento ilícito a gobernantes pasados, como es el caso de Dahik, Mahuad y otros.

Según la Constitución y las leyes, no se puede sancionar a alguien varias veces por un mismo delito, sin embargo, las sentencias de cárcel por sabotaje y terrorismo vienen acompañadas por millonarias multas, unas para pagar los supuestos daños materiales (caso Marcelo Rivera) y otras para curar la honra del Presidente (caso El Universo, asambleísta Jiménez, Villavicencio y Figueroa), que al parecer solo se cura con dinero y las disculpas públicas por la ofensa.

Es claro que en todos los casos las sanciones son políticas y no jurídicas, el supuesto terrorismo que en todos los casos ha sido desvirtuado con pruebas, solo busca eliminar las voces disonantes de la palestra política (Jiménez en la Asamblea Nacional), y de las organizaciones populares, a todo lo que suena y huele a izquierda, a la verdadera izquierda no populista que le estorba al Presidente, al MPD, a Pachacutik, a los ecologistas infantiles, a los activistas que no están de acuerdo con los negociados de toda índole para gobernar en paz, con bonos humillantes y elitizando la educación en todos los niveles, golpeando a los trabajadores y menospreciando a los viejos que creyeron en un cambio posible con las propuestas que siempre empujó la izquierda y el pueblo.

Como una visión externa, el Informe de Human Rights Watch, (derechos humanos) comparte la misma opinión que los sectores sociales, sobre la exageración en la utilización del recurso de sabotaje y terrorismo en contra de la protesta social y en contra de los periodistas que denuncian actos de corrupción. En su informe del 2012, menciona claramente la interferencia directa del presidente Rafael Correa en todas las funciones del Estado y muestra como ejemplo el proceso de los 10 de Luluncoto, en el que no hubo pruebas para su sanción. Al parecer, no es coincidencia el informe del Juez Baltazar Garzón que señala estas anomalías.

En estos días se ha hecho público, además, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recoge la serie de arbitrariedades y el abuso de poder que ha ejercido el Ejecutivo en contra de quienes piensan distinto.

Sin embargo de esos criterios externos, la falta de probidad ha sido la tónica en el sistema judicial, así como el incumplimiento de las leyes de los operadores de justicia, que sentenciaron abruptamente y en tiempos record los casos en los que el demandante era el Presidente Correa o en los que tiene interés el Estado.

En estos días, la jueza Lucy Blacio sentenció a los asambleístas Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa el 17 de abril del 2013, con prisión de 18 y 6 meses, respectivamente, por supuestas injurias maliciosas y temerarias en contra del primer mandatario, cuando los sentenciados exigían se investigue los hechos del 30 de septiembre del 2010. Pero nuevamente hace noticia, el 24 de abril, por archivar definitivamente el juicio en contra de Alberto Dahik, ex vicepresidente en el caso de gastos reservados.

Jorge Escala, asambleísta del MPD, señala que “sería el primer país en el mundo que estaría despojando de una figura jurídica que garantiza al asambleísta el ejercicio de la fiscalización, que combate los actos de corrupción sin chantajes, sin temores ni persecuciones. Es un derecho que no puede ser violentado por jueces, eso contraviene la Constitución y el Código Penal. Un enjuiciamiento solo puede darse con la autorización de la Asamblea según la Constitución”.

“No se trata de limitar los ‘abusos’, lo que Correa quiere es una Asamblea amordazada, silenciada, solo con aliados que no cuestionen y convivan con los actos de corrupción del gobierno, que se han confirmado”, acota Escala.

Periodico Opcion

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