Ecuador: Los poderes facticos

14 junio, 2013

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Reflexiones y propuestas

Por lo menos cuatro veces los mentó de mala forma en el discurso de su última posesión presidencial. Parecería que desde hace unos cinco años al presidente le causan algo más que urticaria los llamados “poderes fácticos”, aunque no todos.

No obstante, cuando se refiere a ellos en sus intervenciones públicas –haciendo especial hincapié en el apelativo “fáctico”, que algunas veces suena a mala palabra– no hace excepción alguna al respecto, ya que a todos los sataniza en general, sin dejar de destacar, eso sí, cuando conviene, que, según él, la prensa es el “mayor poder fáctico de nuestra América”; todo lo cual, para los que saben de Derecho Político o de la Ciencia del Estado, como diría el profesor Aurelio García, ofrece una doble lectura: o el presidente no sabe exactamente qué son los “poderes fácticos”, lo cual se entiende mejor por su reclamo impertinente de que ellos nunca fueron elegidos en las urnas, o, si lo sabe, cuando así actúa, no se comporta con la altura democrática que corresponde al jefe de un Estado de derecho, que se reconoce organizado bajo la forma de una república.

Como la primera lectura debe ser la correcta, resulta una lástima que ese desconocimiento, ciertamente impropio en un presidente de un país democrático y republicano, sea manejado tan equivocadamente, sin que nadie de los suyos le explique lo que realmente son los tales “poderes fácticos”; tanto más cuanto que el presidente ya ha demostrado algunas veces que no es precisamente un virtuoso del Derecho Político. Porque con una apropiada explicación se le podría hacer ver al presidente que esos “poderes fácticos”, a los que tanto denigra injustamente, son producto legítimo de una de las piezas más importantes del juego de la democracia, que la Ciencia del Estado identifica y reconoce con el nombre de “grupos de presión”; formadores en gran medida de la llamada “opinión pública”.

En efecto, los “grupos de presión”, que probablemente nacieron hace más de cien años en los Estados Unidos de América bajo el nombre original de “grupos de interés”, como agrupaciones formadas en torno y defensa de ciertos intereses particulares, fueron evolucionando poco a poco, uniéndose a los que luego se llamaron los “grupos de tensión social”, para llegar a lo que ahora realmente son; entre los que los politólogos suelen reconocer a ciertas entidades asociativas, que gozan de pleno reconocimiento legal, como la iglesia, la universidad, los sindicatos, las cámaras de la producción, las asociaciones de consumidores, los gremios profesionales, los medios de comunicación masiva, las comunidades étnicas, las academias de abogados, las agrupaciones estudiantiles y hasta los partidos políticos y las fuerzas armadas. Y como se encuentran en constante evolución, no es raro que de cuando en cuando se incorporen a ellos nuevos integrantes, como últimamente ha ocurrido en el Ecuador con los grupos defensores de la vida, cuyo interés particular está dirigido principalmente a combatir el aborto, y con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), de la cual el presidente dijo hace poco que ningún gobierno había hecho más por ella como el suyo.

Llegado a este punto, debo insistir en que tales “grupos de presión” tienen un origen legítimo y que su existencia está plenamente reconocida y protegida por la ley; para evitar cualquier confusión de esos grupos con ciertas asociaciones delictivas, como las mafias y los carteles de la droga.

Para elevar académicamente la explicación que hace tiempo debieron darle al presidente, le cedo la palabra a la Enciclopedia Jurídica Omeba, en cuyo tomo XIII se lee: “Ya no cabe duda alguna de que los grupos de presión son –utilizando la difundida terminología de Lasalle– algunos de los factores reales y efectivos de poder que rigen en la sociedad (…) estamos convencidos de que el estudio del Derecho Constitucional no puede omitir la consideración de elementos tan importantes como los grupos de presión que, operando en el trasfondo sociológico del Estado, influyen decisivamente sobre los órganos gubernativos, los partidos políticos, la opinión pública y sus propios miembros, asumiendo el papel de elementos reales y efectivos de la estructura de hecho del poder (…).

No ha de alarmar que los sindicatos, las entidades empresarias, las asociaciones confesionales y tantos otros agrupamientos de intereses particulares hagan llegar sus opiniones y puntos de vista a los partidos y autoridades públicas, los defiendan y procuren hacerlos triunfar, utilizando los medios constitucionales y legales a disposición de todos los habitantes. En tal caso, los grupos de presión actuarían como fuerzas de contrapeso de la sociedad, o sea, como factores que hacen posible o facilitan el restablecimiento de los equilibrios necesarios”. Y esto último, como se sabe, se llama democracia.

Termino con la Omeba destacando la cita que ella hace del profesor Ganshof van der Meersch, quien en un estudio suyo de los “grupos de presión”, cuyo título empieza con las palabras “Pouvoir de fait” (“Poderes fácticos”), ya dijo en 1957 que: “Estos grupos ejercen un poder de hecho”. He allí el origen de la expresión que el presidente habría utilizado por lo menos cuatro veces en su discurso referido, sin saber exactamente qué mismo significaban los tales “poderes fácticos”.

Pero el que ese poder que ejercen los “grupos de presión” sea un “poder de hecho” (o fáctico), no lo hace para nada ni ilegal ni ilegítimo. El uso de las palabras “de hecho”, para calificar a ese poder, se hizo necesario para diferenciarlo del único “poder de derecho” que reconoce la Ciencia del Estado para las formas republicanas de gobierno, del que nacieron en su momento, gracias a Montesquieu, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo cual conviene aclarar muy bien, por el valor anfibológico que tiene la expresión “de hecho” o su versión latina “de facto”: por ejemplo, la “unión de hecho” entre un hombre y una mujer en el Ecuador es una institución legítima que está protegida por la ley, mientras que “un gobierno de hecho” es una dictadura en cualquier parte del mundo civilizado. Lo primero, legítimo; lo segundo, ilegítimo. ¡Los “poderes fácticos”, pues, no son mala palabra!

Queda demostrado, así, que los “grupos de presión” antes referidos son, por antonomasia, los “poderes fácticos” que tanto han incomodado al presidente en los últimos cinco años, a pesar de su indiscutible legitimidad en el tablero de la democracia.

Por eso, aunque la prensa sea, como afirma el presidente, el “mayor poder fáctico de nuestra América” (tal vez porque siempre acuden a ella los otros “grupos de presión”), en un Estado igualitario como el nuestro, la prensa debería merecer, por lo menos, el mismo respeto democrático que el presidente reconoce a otros “grupos de presión”; para no hablar del “respeto irrestricto” que le debe el Estado, según el artículo 384 de la Constitución. Emilio Romero Parducci

Fuente: eluniverso.com

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