Azuay Ecuador: ¡Deje libre nuestra agua, esa es nuestra vida!

18 junio, 2013

Imagen-Ecuador: ¡Deje libre nuestra agua, esa es nuestra vida!

Kimsakocha

Por Daisy Masapanta

Las reformas a la Ley  Minera enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente alarma a las comunidades campesinas e indígenas.

“¡Deje libre nuestra agua, esa es nuestra vida, si no tenemos agua cómo vivimos, a dónde vamos!”, dice firmemente Luz Rumipulla, habitante de la parroquia Victoria del Portete, ubicada en la provincia del Azuay y quien lucha en defensa del páramo de Kimsakocha, concesionado a la empresa minera canadiense INV Metals.

La defensa del agua lleva más de 8 años. Los indígenas y campesinos que se han enfrentado al gobierno no admiten que sus animales y cultivos estén en peligro por los proyectos mineros. Para Angelita Loja: “nuestra vida es aquí, en el campo, nosotros vivimos de la naturaleza, de los sembríos, del pasto. Los campesinos vivimos de la lechería, las chacras, comemos de eso. No estamos de acuerdo con que entren las mineras.”

El derecho al agua, a un ambiente sano y a la alimentación, son las demandas de las comunidades, pero el gobierno no ha escuchado y ha anulado estos derechos con la reforma a la Ley Minera enviada a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Para el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Carlos Pérez Guartambel, “es una ley vende patria, entreguista, que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales”.

Una de las reformas más cuestionadas es el artículo 13. Antes se establecía que para ejecutar actividades mineras se requería la aprobación de estudios de impactos ambientales por parte de diversas entidades estatales, como el Ministerio de Ambiente. Hoy solo piden una declaración juramentada, donde conste que la actividad minera no afectará. Con esto se demostraría que la reforma contempla menos exigencias ambientales y facilita el trabajo de las empresas mineras.

Otro cambio que también genera malestar es la eliminación del inciso cuarto del artículo 29, que establece: “Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a concesiones mineras se realizarán únicamente en las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo en su componente de Ordenamiento Territorial”. Significando que habrá concesiones y actividades mineras en todo el territorio nacional, transgrediendo los derechos colectivos, garantizados en el Artículo 86: “el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad”.

Con estas modificaciones se estaría contradiciendo con el lema que pregona la “revolución ciudadana”, la minería responsable. Si fuera responsable se respetaría el derecho de las comunidades y gobiernos locales de decidir cuál es la vía más adecuada para vivir en armonía con la naturaleza, libre de contaminación y sin alterar la tranquilidad de las comunidades, esto es, el derecho a la consulta o consentimiento previo.

Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional entregó su informe para el segundo debate de la Reforma a la Ley de Minería, donde afirma que no habrá consulta pre legislativa porque ninguna de las peticiones realizadas se fundamentó en los derechos colectivos. De esta manera, el gobierno reafirmaría su total entrega a las empresas mineras sin importarle las voces de las comunidades que gritan: “¡Fuera mineras, fuera mineros, fuera los cómplices de los mineros!”.

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