Ecuador: Ley de Comunicacion, Estado totalitario versus libertades democraticas

3 julio, 2013

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Por: Franklin Falconí

Está hecho…, la Ley de Comunicación se publicó. en el Registro Oficial. Ahora a esperar el Reglamento que especificará los mecanismos de aplicación de esta normativa, que ha encendido un debate de carácter filosófico, político, jurídico y comunicacional sin precedentes en el país.

Libertad de expresión: ¿límites?, ¿hasta dónde?

Según el considerando número 11, los ciudadanos ecuatorianos habríamos apoyado mayoritariamente, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, entre otras cosas: “…el establecimiento de las consecuencias jurídicas para evitar un uso abusivo e irresponsable de la libertad de expresión”. Afirmación que, si aplicamos las mismas normas que la Ley de Comunicación establece, peca de “imprecisa”, por decir lo menos, ya que el texto de la pregunta número 9 de la mencionada consulta popular, que obtuvo el más bajo respaldo de todas las diez preguntas (44,9%) decía:

“¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores?” Como se puede ver, en ningún momento los ecuatorianos decidimos que el gobierno y su mayoría de asambleístas establezcan “consecuencias jurídicas para evitar el uso abusivo e irresponsable de la libertad de expresión”. Y es particularmente importante esta frase por cuanto expresa la intencionalidad de fondo: limitar este derecho humano fundamental, caminando en materia jurídica muchos pasos hacia atrás, en relación a lo que la normativa de derechos humanos y en particular del derecho a la libertad de expresión ha caminado a nivel internacional, pues como señalan tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH): “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”1.

En estas instancias, la diversidad de denuncias que se han recibido, procedentes de toda la región, han dado como resultado que la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sea favorable al respeto casi absoluto a la libertad de expresión, por sobre los criterios de “responsabilidad ulterior”, que el mismo artículo establece.

Comunicación, “servicio público”

La Ley convierte a la comunicación en un servicio público, contraviniendo la normativa internacional y la propia Constitución, que la ven como lo que realmente es: un derecho inalienable de todos y todas. Al establecérsela así, la comunicación será directamente otorgada y administrada por el Estado, que como lo hace con los otros servicios, como el del agua potable por ejemplo, puede cortarla en cualquier momento a determinado ciudadano, o a todos, como ocurre con el Art. 77 que establece la suspensión de la información y la imposición de la censura previa en casos de declaratoria de estados de excepción.

La lógica de lo que implica la denominada “revolución ciudadana” es que el Estado es todo, y que el Presidente de la República es el Estado, por tanto es él quien en última instancia definirá hasta dónde puede alguien expresarse, así como también de qué forma ha de ejercerse el periodismo. El proyecto se convierte, en este sentido, en una especie de manual de estilo para los periodistas. Veamos por qué:

¿Qué es “información de relevancia pública”?

El Artículo 10 establece las normas “deontológicas” para la utilización de este “servicio”; es decir, los principios o parámetros éticos que los ciudadanos deben seguir para expresarse. En el numeral 2 se sostiene que los profesionales del periodismo deben “respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general”. Pero: ¿qué significa exactamente: “información de relevancia pública o interés general”?

Según uno de los referentes teóricos de los intelectuales que elaboraron la Ley: Pierre Nora, historiador francés, fundador de la denominada “nueva historia”: “Todas las sociedades establecidas buscan perpetuarse por un sistema de noticias que tiene por finalidad última negar el acontecimiento, ya que el aconteruptura que pondría en cuestión el equilibrio sobre el cual ellas se fundamentan. Como la verdad, el acontecimiento es siempre revolucionario”. Es decir, por esencia, el acontecimiento no es impuesto desde el Estado, a conveniencia política de quien lo dirige, como se pretende con la nueva Ley; es más bien la consecuencia de la disputa de diversas fuerzas actuantes en ese escenario público.

Por ello, el periodismo se mueve siempre bajo la lógica del conflicto, no de la normalidad. Imponer los acontecimientos desde el Estado solo era posible, según lo explica el catedrático español sobre teorías de la comunicación Miquel Rodrigo Alsina, en la Edad Media, donde “al adquirir importancia política, la información pasó celosamente a ser controlada por el poder religioso y civil. Pero este control no solo hay que entenderlo como la censura de determinados acontecimientos, sino también como elemento capital en la creación de acontecimientos ‘convenientes”2.

El periodismo controlado por censores

Los medios, ahora, no solo que se han puesto a revisar su logística para tratar de multiplicarse y poder cubrir todo lo que desde el Estado se definirá como de “relevancia pública”, sino que tendrán hecho, luego de que todos los demás medios han emitido ya esa información, bien podría ser sancionado por no cumplir de manera oportuna con la difusión de la información.

Está también el problema de la verificación, que según la Ley en su Artículo 22, “implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido”. De este modo se termina con la posibilidad de la denuncia periodística, o de la denuncia ciudadana a través de los medios. Lo que ha ocurrido hasta hoy es que si un periodista accedía a cierta información sobre algún hecho de corrupción, podía transmitirlo citando la fuente de origen de esa información, lo cual activaba las alarmas de las instancias de control y de la justicia, que finalmente descubrían el caso, lo juzgaban y lo sancionaban. Ahora el periodista tendría que esperar hasta que exista sentencia ejecutoriada para recién poder transmitir la información, es decir, cuando ya no tenga sentido de “oportunidad”.

Se cierra la posibilidad de que un ciudadano acceda a un medio a denunciar algún hecho de corrupción, porque el medio simplemente estaría impedido de transmitir esa información por no contar con la verificación propia de que esos hechos son reales. Es decir, con esto se enseñorea la impunidad y se da pábulo al crecimiento de la corrupción.

En cuanto a la contrastación que se exige, solo habría que saber si todo funcionario, empezando por el Presidente de la República, va a facilitar su número telefónico para que los cientos y miles de periodistas de todo el país que elaboren alguna nota que implique a las políticas estatales puedan llamarlos inmediatamente para poder contrastar. ¿Irá a atender todas esas llamadas el Presidente? Por otro lado, ¿cómo saber hasta dónde debe contextualizarse cada hecho?, considerando que en la sociedad todos los fenómenos están relacionados.

Por estas razones es que la integración de la Superintendencia de Comunicación así como del Consejo de Comunicación es clave. En el primer caso, siendo un funcionario directamente nombrado por el Presidente de la República, que tiene, según los Artículos 55 y 56, la facultad de “vigilar”, “auditar”, “intervenir”, “controlar”, “supervisar”, “investigar” y “resolver” sobre el ejercicio de la comunicación, tanto de ciudadanos como de medios de comunicación, será definitivamente un hombre o mujer con súper poderes y de entera confianza de Rafael Correa.

Leída literalmente la Ley, sin necesidad aún de Reglamento, este Superintendente podría ahora mismo intervenir a cualquier medio de comunicación para “supervisar” todo lo que hace y todo lo que dicen los periodistas, podría tranquilamente sentarse al lado del redactor a mirar cómo cita fuentes, cómo estructura la nota. Y si no es a través de esta intervención, puede hacerlo a través del “defensor” de audiencias y de lectores que la Ley (Art. 73) establece. Serán funcionarios nombrados por concurso público llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana, que ya sabemos con qué lógicas actúa. Ahí estarán cargos para la militancia de Alianza País, que podrán ser los censores oficiales que el gobierno requiere en esta nueva etapa de la “revolución ciudadana”.

1 La Colegiación obligatoria, CIDH, párraf. 70

2 Alsina, Miquel Rodrigo. “La construcción de la noticia”. Paidós, Barcelona, 1989, pág. 3.

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