Redadas en Marruecos: la caza del inmigrante subsahariano

5 agosto, 2013

Imagen-Redadas en Marruecos: la caza del inmigrante subsahariano

Alassane  tiene 39 años, es de Benín y conoce muy bien a la policía marroquí.

Está aquí desde 2009 y también conoce bien Marruecos o, mejor dicho, conoce el periplo que atraviesa todo inmigrante subsahariano que llega al reino: el barrio de Takadoum en Rabat -el gueto de los “africanos”, como los llaman los marroquíes-,Tánger, Nador, el monte Gurugú -desde donde se divisa la valla de Melilla- y Oujda, en la frontera con Argelia.

Es el camino de eterna ida y vuelta de los subsaharianos: apresados junto a la valla de Melilla o en Nador, expulsados a la frontera de Oujda, vuelta a Rabat o a Tánger o a Tetuán, vuelta al monte Gurugú, a Nador, nueva detención de la policía, nueva expulsión a la frontera y vuelta a empezar.

La policía marroquí apresó a Alassane -nombre ficticio para preservar su identidad- el 27 de julio en el monte Gurugú, bordeando Nador, junto a decenas de hombres, mujeres y niños (cada vez hay más mujeres en el monte, con sus hijos) en una de las redadas masivas ordenadas por las autoridades marroquíes en los últimos días. “Llegaron los policías al monte y quemaron las tiendas en las que dormíamos. Robaron todo lo que teníamos: los papeles, los pasaportes, y se quedaron en el monte”, explica Alassane por teléfono desde Berkane. En otros casos, los agentes irrumpieron en sus casas y los sacaron a la fuerza.

Le ocurrió a un ciudadano congoleño, vecino del barrio tangerino de Doha, que “se enfrentó a la policía porque querían llevárselo deportado a pesar de que tenía consigo el pasaporte en vigor”, cuenta Helena Maleno, de la asociación Caminando Fronteras, que dio la voz de alarma. “Hubo un forcejeo durante el traslado, él cayó y se abrió la cabeza”. Murió a las pocas horas en el hospital Mohamed V de Tánger, donde le acompañó la asociación. Se ha contabilizado un herido más en Tánger y al menos cinco en Nador.

La oficina de ACNUR  (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Rabat corrobora el testimonio de Alassane: “En los últimos días hemos recibido informaciones preocupantes de redadas enormes en el norte de Marruecos. También nos inquieta que la policía no esté respetando la documentación que da ACNUR a los solicitantes de asilo y a los que ya tienen estatuto de refugiado. Incluso están destruyendo los documentos”, cuenta Marc Fawe, responsable de relaciones externas de ACNUR en Rabat.

Deportaciones e internamientos

Es la primera vez que ocurre. Hasta ahora se habían dado unos pocos casos de destrucción de documentos de solicitantes de asilo por parte de la policía, la mayoría por accidente o por desconocimiento de los agentes, “pero ahora se está haciendo de manera sistemática”, puntualiza Fawe. Esto hace pensar que no es una actuación aislada, sino que se siguen directrices. Se cumplen órdenes.

“Personas con pasaportes y papeles de ACNUR, solicitantes de asilo o con estatuto de refugiadas han sido deportadas a la frontera o trasladadas a centros de internamiento. Es ilegal. No han pasado por la comisaría de Tánger, ni siquiera por la de Oujda”, añade Maleno. La estimación de esta ONG -es imposible calcular la cifra exacta- es que cientos han salido desde Tánger, Nador y Tetuán en los últimos diez días.

ACNUR lleva casi una semana intentando reunirse con los responsables marroquíes del Ministerio del Interior y la Delegación Interministerial de Derechos Humanos, que depende del Gobierno, pero todavía no ha habido suerte. Este lunes volverán a dirigirse a las autoridades marroquíes y a otras internacionales para tratar de obtener información.

Alassane fue trasladado del monte Gurugú a la localidad de Berkane, a medio camino entre Nador y Oujda. “El domingo llegaron los militares y los gendarmes, todos equipados. Yo tenía conmigo un bebé de siete meses que me había dejado una de las mujeres que salió y me trajeron con él al centro”. La mujer tuvo que huir y abandonar a su hijo durante la redada. La ley marroquí dicta que no se puede expulsar a las mujeres embarazadas o con niños, pero esto sucede en un 94% de los casos, según Hassan Amari, de la AMDH (Asociación Marroquí de Derechos Humanos).

La ley marroquí dicta que no se puede expulsar a las mujeres embarazadas o con niños, pero esto sucede en un 94% de los casos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos

Amari, buen conocedor de lo que ocurre con los inmigrantes en esa parte del país, no había visto nunca nada igual. Normalmente, a los inmigrantes capturados en redadas los llevan a comisaría y después son expulsados a la frontera con Argelia, a tierra de nadie. Argelia los devuelve a Marruecos, como si fuera un partido de ping pong que Rabat y Argel llevan jugando años, y se quedan en los bosques de Oujda o en los montes de Nador sobreviviendo como pueden. Esta vez algunos han sido encerrados. Esta vez también les ha tocado a los demandantes de asilo, como Assalane, que lo solicitó en 2011, cuando llegaron a Marruecos su mujer y su hijo.

Encerrados

Las autoridades marroquíes están utilizando al menos tres recintos para confinar a los inmigrantes, en su mayoría mujeres (solas, con hijos o embarazadas). Uno de ellos es un antiguo orfanato abandonado en Berkane, a mitad de camino entre Nador y Oujda, donde han llegado, según la AMDH, 63 personas, entre ellas seis hombres. Otro está cerca de Nador, en la localidad de Zaio. El tercero está en Jerada, a 60 kilómetros al oeste de Oujda, donde han trasladado a 27 mujeres y niños. Amari ha visitado el de Jerada: “Están en condiciones infrahumanas. No hay seguridad para los niños. Es peligroso, porque hay muchos pisos y escaleras. No hay cunas. No está equipado para alojarles, no hay higiene y están comiendo lo que les llevan las asociaciones. Permanecen vigilados las 24 horas del día”.

Un grupo de mujeres del centro de Jerada se ha rebelado después de que uno de los vigilantes le diera 200 dírhams (unos 18 euros) a una de ellas a cambio de mantener una relación sexual. Ella los necesitaba, según ha dicho, para dar de comer a su hijo. Después, varios de sus compañeros han querido aprovechar la situación y abusar de otras mujeres. Les han plantado cara. Por suerte, ninguna está herida.

El ministerio marroquí de Interior, en un comunicado publicado el jueves, salió al paso de las denuncias y centró su defensa, precisamente, en el trato dado a mujeres y los niños:  “Las informaciones publicadas sobre la brutalidad y violación de los derechos humanos de los migrantes con arrestos y expulsiones arbitrarias, sobre todo de mujeres embarazadas y menores […], no tienen fundamento”. Muchos de ellos “se han beneficiado de asistencia médica y alojamiento”, según el texto.

MSF lo achaca a las ‘buenas relaciones’ entre Madrid y Rabat

En los últimos meses la presión ha aumentado, con macro redadas en las que participan el ejército y la gendarmería marroquí. Un informe de Médicos Sin Fronteras constató en marzo pasado la “extrema violencia” que emplean los agentes marroquíes y, en menor medida, la Guardia Civil, contra los inmigrantes subsaharianos que intentan saltar la valla para llegar a Melilla. Su acusación era muy directa: “El abuso de los derechos humanos fundamentales, la violencia, el trato vejatorio y el significativo daño médico y psicológico son consecuencias directas de la nueva etapa de las relaciones hispano-marroquíes y la excelente cooperación en materia de seguridad”, se puede leer en el citado informe.

En los últimos meses la presión ha aumentado, con macro redadas en las que participan el ejército y la gendarmería marroquí

Esa violencia impulsa a los subsaharianos a salir a toda costa de Marruecos e intentar alcanzar Europa. El país magrebí se ha convertido en su jaula. La semana pasada 800 personas intentaron saltar la valla de Melilla en cuatro saltos. Unos 150 consiguieron entrar y dos se dejaron la vida en la alambrada. Uno a cada lado. Desde 2005, en la crisis de Ceuta y Melilla, no se habían producido muertes en suelo español.

En la valla de Melilla se presenta otro problema: la legalidad de las devoluciones a Marruecos. Según el convenio hispano-marroquí de 1992, ratificado por Marruecos el pasado octubre, el inmigrante que llegue a España desde Marruecos debe ser devuelto mediante una petición formal, previo paso por comisaría para tramitar su devolución rápida en diez días. La Ley de Extranjería también prevé la apertura de un expediente de expulsión, pero, según denuncia José Palazón, de la ong PRODEIN, “la ley no se cumple; se les expulsa en la misma valla”. La Asociación Unificada de la Guardia Civil responde, en su defensa, que no tienen un protocolo legal de actuación que les permita delimitar quién ha llegado a suelo español y quién no.

En los últimos días, las autoridades locales de Berkane se han acercado hasta el centro para pedir los datos de los inmigrantes. Les aseguran que les darán documentos para poder circular, pero nadie les ha dicho cuándo van a salir. “¿Por qué estamos aquí?”, se pregunta Alassane. “¿Cuánto tiempo más vamos a estar encerrados?”.

Fuente: elconfidencial.com

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