Embarazadas, menores y urgencias: los incumplimientos de una ley sanitaria discriminatoria

2 septiembre, 2013

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Diversos colectivos sanitarios como Yo Sí Sanidad Universal o Médicos del Mundo constatan las restricciones del acceso a la sanidad de niños, mujeres embarazadas y los enfermos de urgencia, casos en los que, en teoría, el Real Decreto Ley 16/2012 garantiza su asistencia.

Las inmigrantes sin papeles víctimas de violencia machista continúan sin tener la asistencia garantizada a pesar de que la legislación de Extranjería y de Violencia de Género las protegen.

Desde el 1 de septiembre de 2012, los extranjeros sin papeles quedaban excluidos del acceso a la sanidad pública. Eso sí, la ley establecía una serie de excepciones por las cuales estas personas tendrían derecho a ser atendidas sin acabar con una factura pendiente: de urgencia por “enfermedad grave o accidente, hasta el alta médica”; asistencia al embarazo, parto y postparto, y atención a menores. Estas eran las “situaciones especiales” determinadas por el Gobierno en el Artículo 3 de la norma, del que diferentes ONG y colectivos sociales certifican su incumplimiento.

“Cuando se aprobó luchábamos porque se mantuviese la sanidad universal, pero su desastrosa aplicación nos obliga a luchar también por que, al menos, se cumpla el propio Real Decreto”, denuncia Verónica García, miembro de los grupos de acompañamiento de Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que ha creado grupos de acompañamiento para conseguir que ninguna persona se quede sin atención sanitaria. Por el momento, han logrado la asistencia de todos los casos a los que han ayudado.

Incumplimiento 1: mujeres embarazadas

Acuden a su centro de salud pensando que la sanidad pública española, por lo menos, permitirá acceder a una consulta ginecológica que asista su embarazo. Van a la ventanilla, piden cita, solicitan su tarjeta, ya no la tienen… Del mismo modo deberían ser atendidas pero, según el seguimiento efectuado por Médicos del Mundo y Yo Sí, en este primer año se ha comprobado que muchas mujeres embarazadas sin tarjeta sanitaria son remitidas directamente a urgencias.

Es el caso de Rosa (nombre ficticio). Una mujer de 30 años, en paro de larga duración. Es fotógrafa freelance. De vez en cuando consigue algún trabajo temporal, pero sin cotización. Cuando se quedó embarazada, acudió a su centro de salud. Fue en ese momento cuando se enteró de que su cobertura sanitaria había expirado. Según explican desde Yo Sí, le dijeron que debía tramitar una tarjeta como beneficiaria. “La atendí en urgencias por un problema menor y le expliqué que por estar embarazada tiene garantizada la asistencia, por lo que la animé a volver a su centro de salud a reclamar”, indicó una sanitaria del Hospital Infanta Leonor, según recoge el informe del colectivo  “Un año sin asistencia sanitaria, un año de desobediencia”.

El grupo de acompañamiento de un barrio de Madrid también tuvo que defender el derecho a la sanidad de un caso similar: una mujer joven rumana, embarazada de cinco meses cuyos fuertes dolores en la zona abdominal le obligaron a asistir a su centro de atención primaria, donde se le denegó la atención hasta que consiguiese una tarjeta, según cuentan. Los voluntarios tuvieron que acompañarla en dos ocasiones al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para verificar la documentación que poseía. “Constatamos que tenía un certificado de inscripción comunitaria que le autoriza a residir pero no a trabajar, lo que le permite acceder a la tarjeta sanitaria como persona ‘sin recursos’”. Otra batalla ganada contra la enmarañada burocracia que rodea y potencia los efectos del Real Decreto 16/2012.

Además de la derivación a urgencias, el miedo generado por la desconfianza, caos y desinformación que circula alrededor de la aplicación de la reforma sanitaria, está provocando que algunas inmigrantes vivan sus embarazos sin seguimiento médico. Temen volver a casa con una factura que no pueden pagar. “Muchas mujeres llegan a los centros de salud con embarazos muy avanzados y, en consecuencia, hay determinadas pruebas que no se les puede hacer”, aseguran las matronas consultadas por Yo Sí Sanidad Universal, según traslada el colectivo. “Cuando vienen es porque se sienten mal o tienen algún problema, pero no están teniendo un seguimiento adecuado del embarazo”.

Esta situación también ha derivado en embarazos de alto riesgo para algunas madres. “Llegó una mujer marroquí, con un desgarro en el periné tras dar a luz en su casa. El niño estaba bien pero su marido trajo a urgencias a la joven a la desesperada cuando vieron que no paraba de sangrar”, asegura el testimonio de una médica del Hospital de Segovia incorporado en el informe. “Su marido explicó a los médicos que sabía que con la nueva ley, como no eran españoles, tendrían que pagar el precio del parto”. En su caso, no podrían hacerlo, por eso no acudieron al hospital con anterioridad. La sospecha del marido de la joven no iba mal encaminada: el grupo de activistas ha documentado casos en Castilla la Mancha en los que mujeres embarazadas han llegado a pagar más de 3.300 euros por un parto con complicaciones.

Fuente: eldiario.es

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