Ecuador: El Yasuni traicionado

4 septiembre, 2013

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Por Edgar Isch L.

La lucha contra el neoliberalismo, llevada por décadas por el pueblo ecuatoriano, incluyó entre sus banderas el combate por la protección de los bienes comunes que, como la biodiversidad o el agua, no debían entrar al mercado. Surgieron propuestas concretas de moratoria petrolera que decían ni un solo pozo más en la Amazonía, combate contra las amenazas ambientales de los TLC, frenos a un proyecto de ley de biodiversidad que la mercantilizaba, denuncias a las fumigaciones colombianas en frontera (tema sobre el que parece el gobierno da otro salto hacia atrás), lucha por mantener manglares y bosques, demandas de reparación integral en las áreas contaminadas por petroleras, palmeras y bananeras, entre muchas más. Una historia en la que incluso unos cuantos funcionarios del gobierno tuvieron participación, mientras otros del mismo gobierno estuvieron del lado de los contaminantes y privatizadores.

Las posiciones de los afectados y del pueblo que asumió consciencia sobre nuestras relaciones con la naturaleza, se expresaron en aspectos fundamentales en la Constitución, pusieron en cuestionamiento la ideológica de progreso capitalista y plantearon los derechos de la naturaleza. Desde los pueblos y nacionalidades, esto siempre estuvo ligado a la demanda de un Estado plurinacional y la vigencia de los derechos colectivos, entre ellos a una territorialidad propia. Todo conformó parte de ideas transformadoras de nuestro país, que siguen presentes en quienes no las traicionaron.

La Iniciativa Yasuní-ITT surge en ese contexto. La necesidad de superar una economía basada en la renta petrolera, cuya producción no pasaría de más de 30 años, es parte de la superación de una cadena de dominación internacional: potencias que requieren de recursos naturales, mercados internacionales donde nos ponen las condiciones, Ecuador produciendo esos recursos y sometiéndose a esas condiciones, en una producción petrolera que solo tiene sentido en el actual esquema de acumulación internacional de capitales en pocas manos, por lo que los intereses populares no tienen cabida real en los planes de más extractivismo. Librarnos de esa cadena es lo que está en juego en esta lucha.

Defender al Yasuní, entonces no es solo defender a animales y plantas, ya de por sí suficientemente importante y vital. Nos dirán que solo se va a dañar un uno por mil, lo cual es imposible porque lo que afecta a parte de un ecosistema afecta a toda esa red de vida, porque un derrame se generalizaría, porque esa extensión equivale a mil estadios de futbol; insistirán que no hay problema porque aún tras tantos años de actividad petrolera queda selva, como si no se pudiese ver el contraste de destrucción dejado por el petróleo y sus secuelas en la Amazonía norte, mientras el Sur se mantiene con menos daños, como si no se pudiese comparar Yasuní y Limoncocha donde el extractivismo entró en los últimos años, o con Lago Agrio, donde la historia es vieja; también dirán que la deforestación es un daño mayor, ocultando que esta se multiplicó con las carreteras de los petroleros y como si el gobierno renunciara a impedirla; concluirán que también la agricultura es negativa para la selva, pero callarán que la peor es la de carácter intensivo como la palma africana que crece con autorizaciones oficiales. Todo daño será irreversible, una evolución natural de millones de años, puede destruirse en pocos años de explotación para entregar al mercado internacional el petróleo que se consume a nivel mundial en pocos días.

Como si no fuera razón suficiente, que lo es, tampoco se trata solo de salvar a los pueblos libres que no quieren contacto con este modelo de vida que pretensiosamente llamamos civilización. Ahora, sostienen que no tienen peligro, cuando se utilizó el nombre de esos pueblos para vender la iniciativa ITT. Pero se los está encerrando, se está impidiendo sus actividades de vida como el recorrido nómada y la cacería (los animales huyen por el ruido persistente, así sea de helicópteros). Esos son anuncios de un etnocidio.

Tras cada justificativo, reaparece la responsabilidad de un gobierno que moderniza el capitalismo, que no es más que decir que moderniza la explotación laboral y la expoliación de la naturaleza, incluso usando nuevas tecnologías de extracción, que no son ni seguras, ni sin efectos, ni hechas para conservar la naturaleza. Muchos de los argumentos del gobierno, como aquello de que el petróleo nos sacará de la pobreza, se han repetido por décadas y sabemos el resultado. Y como la mayor parte de recursos llegará luego que termine el gobierno, lo que están diciendo a los más pobres que se aguanten y que esperen unos años más.

Otros argumentos son de una lógica invertida. Por ejemplo, pedir alternativas a la explotación petrolera, cuando la alternativa, la mejor, era la Iniciativa Yasuní- ITT, como lo demostraron estudios gente cercana al gobierno y cuya viabilidad permitió contar con la posibilidad de 1.600 millones de dólares en el poco tiempo de trabajo de la primera comisión, que fue entonces disuelta por acción del Presidente. O aquello de que el presupuesto del Estado no se llena si no se cuenta con esos ingresos cuando, sin requerir de ese petróleo, ha crecido de unos 7.000 millones de dólares en 2006 a 32.000 millones de dólares, en este año. Vale entonces preguntar si tanto dinero ha sido usado para salir de la pobreza o solo para maquillarla. Muchos ya no están en pobreza extrema gracias al bono, pero retornarán a esa condición si termina el bono, porque nada se ha hecho por generar empleo sostenible, y porque se distribuye algo de los ingresos (para lo que el rentismo petrolero y minero es necesario), pero no se distribuye la riqueza que está en medios de producción como agua y tierra. En consecuencia, ha ocurrido que los ricos están más ricos, concentran más capital y la riqueza, precisamente en los años en que un gobierno ha tenido más recursos que cualquier otro.

Pero hay otras opciones económicas, como nacionalizar las telefónicas o impuestos justos a la riqueza. Pero para ello hay que tener decisión de afectar a los ricos para defender a los pobres y respetar los derechos de la naturaleza. El gobierno escoge lo segundo, como se ve en las reformas laborales y en su apuesta por el extractivismo generador de dependencia.

Concluyendo, hay que decir que lo que está en juego es la vigencia de la Constitución o aplastarla bajo un poder nada democrático. Somos un país plurinacional o desconocemos incluso la existencia de pueblos y nacionalidades; queremos el Sumak Kawsay o ser un país petrolero y dependiente; cumplimos los derechos humanos y de la naturaleza o solo los usamos para la retórica oficial; reconocemos que es obligación del Estado garantizar esos derechos o dejamos que anuncie su incapacidad diciendo al pueblo que le de alternativas o si no vendrá como chantaje la violación de esos derechos; o consideramos las necesidades de las generaciones futuras o destruimos todas nuestras riquezas ahora; o somos un país independiente de producción múltiple o somos un país productor de materia prima siempre dependiente de las potencias y sus mercados.

Estos son temas sustanciales para la Consulta popular. Todos lo que votaron a favor de la Constitución y los que luego han comprendido que en términos generales es muy positiva, son quienes deben votar por defender el Yasuní, defender la Constitución y defender a las futuras generaciones.

Fuente: ecuadorlibrered.it

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