Espana: Salud sigue emitiendo facturas a los “sin papeles”pese a tener derecho a sanidad gratuita

5 septiembre, 2013

Imagen-Espana: Salud sigue emitiendo facturas a los “sin papeles”pese a tener derecho a sanidad gratuita

NAVARRA, LA ÚNICA COMUNIDAD CON COBERTURA UNIVERSAL SIN REQUISITO DE EMPADRONAMIENTO

La entrada en vigor hace un año de la exclusión sanitaria provoca desatención a inmigrantes en las comunidades que la acataron

Hace un año el Gobierno central decretaba la exclusión sanitaria de los sin papeles, una medida que la mayoría progresista en el Parlamento foral logró desactivar en Navarra, la única comunidad del Estado donde la atención sanitaria ha continuado prestándose en las mismas condiciones en que se venía haciendo hasta la reforma.

PAMPLONA.  Aunque Navarra es una excepción en el Estado, los colectivos que trabajan con extranjeros han detectado flecos durante este año como la prefacturación a inmigrantes que reciben atención en Urgencias o dificultades para difundir información en los centros de salud sobre el derecho a la asistencia gratuita.

La ley del PP, que se aplica en el Estado desde el 1 de septiembre y que retira la asistencia normalizada a extranjeros en situación irregular y solo contempla la asistencia gratuita en urgencias y para la atención al parto y posparto, ha creado un panorama desequilibrado entre autonomías. Algunas, como Navarra, la CAV, Asturias o Andalucía han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas aunque, a diferencia de la Comunidad Foral, con algún requisito que con anterioridad no exigían, como un periodo mínimo de empadronamiento, pero en otras, como Madrid o Castilla-La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicación son casi insalvables.

SIN APOYO DE UPN “El éxito en Navarra, donde se están dando las tarjetas sanitarias y prestando atención sin apenas incidencias, obedece a la ley foral aprobada en febrero por el eje social del Parlamento, sin el apoyo de UPN y PP”, recordó ayer el presidente de Médicos del Mundo en Navarra, Javier Cañada. Esa norma, precedida por un intento de Salud de financiar la atención con cargo a Política Social y con el requisito de un año de residencia, supuso volver a la situación anterior al decreto ley del PP y garantizó la sanidad pública y gratuita a todos los residentes en la Comunidad Foral, incluidos los inmigrantes con independencia de su situación legal o administrativa con solo acreditar la residencia, sin atención a tiempo alguno.

“A los inmigrantes se les atiende con normalidad y así ha sido durante todo el año. Los malentendidos puntuales que se han podido producir han ido aclarándose y resolviéndose inmediatamente. En Urgencias también tienen plenamente garantizada la atención”, explicaron desde Salud.

Cañada matizó a este respecto que Salud sigue prefacturando a los sin papeles, es decir, entregándoles facturas con el coste de su atención en Urgencias, aunque tengan derecho a ser asistidos de forma gratuita. Médicos del Mundo ha ayudado a inmigrantes a realizar las gestiones para evitar el pago, “pero no sabemos si hemos llegado todos los casos”, apuntó. Además, criticó que la Plataforma para la Salud, en la que se incluye la ONG, ha tenido dificultades para informar en algunos centros de salud a los inmigrantes. “No se les ha dejado divulgar información”, afirmó.

Cañada, por otra parte, recordó que la “situación privilegiada de Navarra, y digo privilegiada entre comillas porque ha habido que estar detrás y luchar contra las trabas burocráticas, no es firme, aunque el PP no haya llevado la ley foral al Tribunal Constitucional aún está pendiente una figura jurídica que la está estudiando”. El presidente de la ONG hacía referencia así a las negociaciones abiertas por la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra para resolver las discrepancias manifestadas en relación a la norma foral de atención universal.

EXCLUIDOS El presidente de Médicos de Mundo recordó, por otra parte, que, además de a las personas inmigrantes, el decreto ley impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del pasado año afecta a otros colectivos vulnerables debido a que recupera el concepto de “asegurado” y “beneficiario”, con lo que vincula la atención sanitaria a la actividad laboral y, por tanto, implica al Ministerio de Trabajo en la decisión de conceder tarjetas sanitarias. Esto supone, alertó Cañada, que, por ejemplo, personas que no hayan tenido actividad laboral reconocida o que han perdido la condición de beneficiario pueden verse privados de atención sanitaria gratuita.

Fuente: noticiasdenavarra.com

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