Una violacion sistematica de los derechos humanos de los discapacitados en el Ecuador

12 septiembre, 2013

Imagen-Una violacion sistematica de los derechos humanos de los  discapacitados en el Ecuador

UN SUEÑO DE MAS DE 15 AÑOS

Por: Alfredo Luna N.

En mi calidad de biólogo amplia trayectoria en la investigación y conservación de especies en peligro de extinción y de áreas de importancia para la conservación; en el año de 1993,  presté mis servicios en el PROYECTO RAP, a cargo de la ONG CONSERVACION INTERNACIONAL CI, en un sobre vuelo de observación científica del  equipo técnico de investigación y conservación, en  la avioneta Cessna 207 de la compañía AECA, en la zona de La Loma Alta, Manglar Alto, Cordillera de Chongón Colonche, Guayas,  nave que se accidentó, causando la muerte de cuatro personas, dos norteamericanos del  equipo de Conservación Internacional, Ted Parker (Ornitólogo), director de Proyecto RAP, y Alwin Genty (Botánico), científicos reconocidos mundialmente, el Presidente de Fundación Natura Capitulo Guayaquil, Eduardo Estrada Aspiazu, y el piloto de la aeronave Raúl Mortensen; milagrosamente sobreviví, con graves daños en mi humanidad como fracturas de la base del cráneo, hematoma epineural, fracturas de pómulos, paladar, maxilar superior, tabique, pérdida de 3 por 4 cm del temporal derecho del cráneo, fractura acetabular, pérdida y fractura de piezas dentarias, pérdida de la audición del oído derecho por hipocuasia mixta, epilepsia,  fractura derecha en la cadera,  luxación y posterior necrosis a bascular de la cabeza femoral izquierda (irreversible), limitación de cadera dificultando la marcha a medianas distancias, requiriendo apoyo externo para la deambulación, causando una incapacidad permanente y progresivamente degenerativa; dejándome incapacitado de por vida para el ejercicio de mi profesión. En 1994, calificado como discapacitado por el Ministerio de Salud en base a los informes médicos de los hospitales Militar y Pablo Arturo Suárez, el CONADIS me inscribe en el Registro Nacional de Discapacitados, con el No 011 del 13 de julio de 1994, y con ello me concede el carnet de discapacitado, el cual establece expresamente que mi discapacidad es del 50%; son los únicos documentos necesarios para acceder y gozar de los beneficios que la Constitución y la Ley obliga y me otorga como discapacitado,  la recomendación de los informes médicos por prevención de no utilizar un vehículo con embrague, el uso de este afecta severamente mi cadera que sufre de necrosis y progresivamente degenerativa; solicito al CONADIS la autorización para la importación de un vehículo ortopédico para mi uso con exoneración de impuestos, en amparo al Art. 19 y 20 de la Ley sobre Discapacidades No 180, del 7 de agosto de 1992, publicada en el R.O. 996 del mismo año; durante varios meses el CONADIS no me responde, el tiempo transcurre y a finales del año de 1994, el IESS con una nueva calificación  establece que mi discapacidad corresponde al 60%; en tan corto tiempo mis daños corporales aumentaron; solicité citas por múltiples ocasiones al CONADIS , no me concedieron, opté por enviar sendas comunicaciones al señor Presidente del CONADIS, doctor Rodrigo Crespo Toral, manifestándole la vigencia de la Ley de Modernización, ante la falta de contestación se entiende por aceptada la petición; no hubo respuesta. Motivándome a concurrir a la Comisión de Derechos Humanos y Sociales del Congreso Nacional, este organismo pide información de que por qué no se da  dicha autorización, el Presidente del  CONADIS Dr. Rodrigo Crespo Toral  simplemente contesta que no existe una discapacidad que le permita acceder al pedido; para agravar mi situación, este funcionario envía oficios a distintos Ministerios y Organismos de Derechos humanos, manifestando existía alteración en mis documentos, sin determinar peor aún probar la alteración, acto que hace después de varios meses de no haber contestado a mi petición; siendo aún más grave, este funcionario público en uso de sus atribuciones se hallaba obligado a iniciar las acciones legales correspondientes, pues tal afirmación corresponde a la imputación de comisión de un delito.

En mayo de 1.995, demando al señor Presidente Constitucional de la República, al señor Procurador General del Estado y a varios Ministros de Estado, pidiendo la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley de Discapacidades, publicado en el R.O. , especialmente los artículos del 71 al 80, relacionados con materia tributaria, por ejemplo el Art. 76 del reglamento por ser discriminatorio y excluyente, al permitir solo a los discapacitados de los miembros inferiores, mayores de edad, los que pueden conducir personalmente sin riesgos …, de igual manera regula violentando el espíritu de la Ley; imponiendo criterios violatorios a los Art. 19 y 20 de la Ley de Discapacidades, la Constitución e Instrumentos Internacionales; cierto es, yo me encontraba dentro de la discapacidad de miembros inferiores, pero que pasa con el universo total de discapacitados que eran excluidos por voluntad del ejecutivo, asesorado por el ente regulador CONADIS, reglamento que impone una gravísima exclusión, discriminación activa, limitación voluntariosa y abusiva contra los discapacitados,  atentatoria a su estado físico y economía, impidiéndoles acceder a un vehículo ortopédico; el discapacitado queda a merced de la voluntad de la decisión del Presidente del Directorio, o el funcionario de turno,  para que se niegue u otorgue la autorización.

En diciembre de 1996 (R.O. No 48 del 9 de diciembre), el Tribunal Fiscal expide sentencia a mi demanda declarando la nulidad de varias disposiciones del Reglamento, concretamente se reforman o derogan total o parcialmente  los Arts.  48, 71, 74, 76, 77, 79 y 80, también se reformó el Art. 3 Lit. d), del Reglamento a la Ley que crea Recursos para la Defensa Nacional; corrigiendo las incongruencias del CONADIS, donde el Presidente del Directorio asumía las funciones ejecutivas contrarias a la administración pública, además se eliminan los valores, requisitos e interpretaciones violatorias a la Ley. Después de tres años de gestión, con deterioro de mi discapacidad, agravado por mi deambulación en los trámites de trámites para la defensa de los derechos. Vuelvo a solicitar al CONADIS, la correspondiente autorización, se me niega una vez más. A finales de 1.997 solicito al Seguro Social una nueva  calificación y certificación de mi discapacidad, ente oficial autorizado legalmente para el efecto, quien certifica “para importar solo válida para la importación de un vehículo ortopédico de acuerdo a las necesidades del paciente”, así mi calificación inicial fue del 50%, a esa fecha el Seguro Social estableció que mi discapacidad está al 60%, con responsabilidad del Presidente, del Director Ejecutivo del CONADIS. Nuevamente solicito a este organismo con dos calificaciones de incapacidad, la del Ministerio de Salud, del Seguro Social y se suma una Sentencia; el CONADIS vuelve una vez más  atropellarme, al pedir nuevos informes al Seguro, llegando al colmo que me exige que presente la primera radiografía del accidente, pese a que contaba con los documentos pertinentes certificados; sin respuesta, tras meses de silencio, solo el 11 de marzo de 1998, el Director Ejecutivo del CONADIS, doctor Ramiro Cazar, por undécima vez me negó la autorización diciendo: “La importación de vehículos ortopédicos solo podrá ser autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades y gozará de las exoneraciones a las que se refiere el artículo anterior  UNICAMENTE CUANDO SE DESTINEN Y VAYAN A SER CONDUCIDOS POR PERSONAS CON DISPACIDAD QUE NO PUEDAN EMPLEAR OTRA CLASE DE VEHICULO” situación que no es la suya en las condiciones actuales, ya que su nivel de limitación le permite conducir o acceder a un transporte normal”. Lamentablemente este hecho se traduce en una posición Institucional, cínica, irónica, cruel del organismo encargado de velar por los derechos de los discapacitados, omitiendo todas las certificaciones de discapacidad presentadas que justifican plenamente la necesidad de un vehículo ortopédico. Con sentencia  del Tribunal Fiscal No 1 Segunda Sala, los demandados interponen el recurso de Casación, la Corte Suprema de Justicia Resuelve que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para resolver el problema planteado. Con la nueva Constitución de 1998,  que declarativamente garantiza la vigencia de los derechos humanos, cumpliendo todos los requisitos del Art. 12 No 1 de la Ley de Control Constitucional, presenté la demanda de inconstitucionalidad, con fecha martes 30 de junio de 1.998, contra el señor Presidente de la República y los señores Ministros de Estado, de las Carteras de Finanzas, Salud, Bienestar Social y quienes debiendo suscribir legalmente el citado reglamento no lo hicieron y contando con el señor Procurador del Estado, demando ante el Tribunal Constitucional, al no poder  contar el val de la  Defensoría del Pueblo aún que existía constitucionalmente no funcionaba, fue obligado a   recoger 1.000 firmas de respaldo, me demoré más de  6 meses deambulando para lograr su apoyo y respaldo, de uno en uno, sacar copias de cédulas, firma del documento de respaldo y asegurar el buen uso de los documentos y de la denuncia, presenté la demanda y luego tuve que  ingresé al quirófano, donde me operaron nuevamente de la cadera, prorrogando varias audiencias por mi estado de salud; concluyendo en que el Seguro Social mediante resolución No 98-3306 dada por la Comisión de Prestaciones, me otorgue la jubilación por invalidez permanente.

La audiencia pública, se celebró con representantes de la Presidencia de la República, el señor Procurador del Estado, los Ministros de Estado y otros, quienes se ratificaron en todo lo actuado. Fue penoso, frustrante y cruel, el ser acusado con una falaz mentira justificatoria de su sadismo, que altere los certificados.  Se dicta sentencia aceptando en su totalidad  el libelo de la demanda, el 26 de enero de 1.999, el Alto Tribunal del Estado, además considera que la visión del Presidente del CONADIS, está alejada de humanidad y sensibilidad, y la Presidencia de este organismo es una creación incorporada en el  Reglamento

Al final los derechos humanos no se cumplen a pesar de la sentencia , su existencia obedece a la voluntariedad de los funcionarios; con esta sentencia, el 28 de enero de 1.999 presento nuevamente una  petición con todos sus requisitos, al Tribunal Constitucional, el 22 de abril del mismo año el organismo antes mencionado, conmina al CONADIS a dar cumplimiento, no pude continuar en mis peticiones, fui intervenido quirúrgicamente en la cadera,; ya en recuperación y palpando la necesidad de tener un medio de movilización, al no tener respuesta alguna del CONADIS, recurro también ante el Defensor del Pueblo, y documentadamente le expongo mi caso y el de muchos discapacitados,  víctimas silenciosas de las actuaciones deliberadas de los funcionarios del CONADIS, la Defensoría del Pueblo, solicita que se cumplimiento a la sentencia del TC, a lo cual el CONADIS hace caso omiso., Concurrí nuevamente ante el TC para que nuevamente conmine al CONADIS a dar respuesta y pronunciarse a mi pedido, transcurridos tantos años, me concede la autorización,  esto causa nuevos problemas de trámite ante la CAE, tanto en el embarque y como en la desaduanización, el vehículo se quedó en las bodegas  de  Miami, por muchos meses, por el sin fin de trabas y  con el apoyo directo de la Defensoría del Pueblo, a fines de abril de año 2000 fue posible sacar el vehículo, del puerto de Guayaquil, me encontré con la novedad que  ya se  habían sustraído algunas partes y piezas importantes  del vehículo  de valores representativos y nadie respondió por estas pérdidas económicas.

El año 2001 el Presidente de la República y Presidente del CONADIS, solicitan al Congreso Nacional,  la reforma a la Ley de Discapacidades, la misma que es aprobada y publicada, esta no recoge los principios de la Sentencia del Tribunal Constitucional, existente e inmediatamente so pretexto de la reforma a la Ley, emiten El Presidente de la República el 21 de febrero del 2003, un nuevo reglamento que en su Art. 21 ” El vehículo a importarse deberá ser del año, modelo y kilometraje, de acuerdo con lo que establezca el COMEXI para el efecto”; esto es violatorio al principio establecido por el Alto Tribunal de la República. No solo eso es contrario a la Carta Magna,  a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Cometiendo la aberración de dar preeminencia a un tratado internacional de comercio sobre los derechos humanos de los grupos vulnerables.

Frente a este nuevo acto funesto, a inicios del año 2005, concurrí nuevamente al Congreso Nacional, ante la Comisión de Salud y Medio Ambiente,  conocedor que se tramitaba el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley sobre discapacidades codificada, se suma el caso trágico del señor Agustín Pino,  que siendo víctima de esclerosis múltiple sin cura, era transportado en una silla de ruedas, solicitó permiso para importar una vehículo que le debía dar las facilidades para su trasporte, , el CONADIS niega el pedido y con tal acto el derecho fundamental de deambulación; el señor Pino, falleció sin gozar de su derecho.

En este año se me practicó una nueva operación en mi cadera, que me mantiene casi siete meses inmovilizados y rehabilitación, obligándome a ser un alto en la lucha ante el Congreso Nacional.

Retomo las acciones ante  Congreso Nacional, solicitando que tome en cuenta los principios de la sentencia  del TC, en la reforma a la Ley de discapacidades que se  tramitaba, la propuesta planteada es acogida  y  aprobada por la Comisión respectiva, luego es tratada .en la reunión del Pleno del Congreso Nacional, en primer debate, donde se trato de entorpecer las reformas plateadas por la comisión, sorpresivamente el 27 de marzo del 2006, el señor Ing. Juan de Dios Villafuerte Presidente del CONADIS, envía la circular No 309 CND, oponiéndose a la reformas a la Ley de Discapacidades  sustentandose en el informe técnico solicitado por el director Ejecutivo del CONADIS, Ramiro Cazar, mediante Memorándum No 101 del 16 de marzo del 2006,  con contestación inmediata, en el mismo día, suscrito por los señores Dra. Consuelo Crespo, Dr. Julio Hinojosa y Dr. Luis Villalva, de la Comisión de Análisis, de criterios sobre reforma al Art. 23 de la Ley de Discapacidades, presentan una oposición total y rotunda al proyecto de reforma a la Ley  Congreso Nacional, yéndose en contra de  la naturaleza misma de la existencia del CONADIS, que es defender a los discapacitados. Por mi parte,  presento la sustentación técnica y jurídica a la reforma de la Ley de Discapacidades, propuesta por el Congreso Nacional y solicito que sea acogida  la Resolución del Tribunal Constitucional, del año 1998; la mayoría de Diputadas y Diputados brindaron su apertura, obteniendo un amplio respaldo,  con eco humanitario y jurídico, siendo aprobadas las reformas la misma que es publicada en el R.O. N 250, del 13 de abril del 2006.

Acogiéndome a la ley,  transcurridos los cinco años,  de vida útil del vehículo, solicito nuevamente, el 7 de mayo del 2006, una nueva autorización para la importación de un vehículo ortopédico, solicitud que se concede,  invocando en el Art. 23 de la Ley de Discapacidades del año 2001 y su reglamento publicado en el R.O. del 21 de febrero del 2003, omitiendo mañosamente la vigencia de la Reforma a la Ley dada por el Congreso Nacional en el año 2006, a la cual debía hacer referencia legal obligatoria; de tal manera que al ser presentado ante la CAE,  niega la autorización de importación, tomando como fundamento que el artículo invocado por el CONADIS, en la autorización no se encontraba en vigencia y que se acogía a la disposición  Consejo de Comercio Exterior;  COMEXI, a la Ley y el Reglamento citado en la autorización, argucias de las que se valen funcionarios para impedir el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables, pues no hay Ley, ni Sentencias de altos Tribunales, que estos cumplan.

Desde el 26 de enero del 2007 y durante todo ese año envió varias comunicaciones al señor Presidente y Vicepresidente de la República, solicitando la reforma del Reglamento, violatorio del Art. 23 reformado de la Ley de Discapacidades, Sentencias del Tribunal Constitucional, Convenios y Tratados Internacionales y observe la conducta de los funcionarios del CONADIS; sin obtener respuesta, me remiten al CONADIS, Director Ejecutivo Ramiro Cazar, simplemente me niega. Igualmente durante ese año envié mis peticiones a la CAE, no es novedad no fui atendido y negada las peticiones por reiteradas ocasiones. Esto fue un gran logro para los funcionarios, pues mi autorización CADUCO, dado que estas tienen una vigencia de un año contados a partir de la fecha de expedición.

Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No 2190, de fecha 4 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial No 436, del 12 de enero del 2007; en abuso de su potestad reglamentaria, Reforma al Reglamento General de la Ley Reformatoria  de la Ley de Discapacidades, atropellando nuevamente toda norma Constitucional, la reforma del Art. 23 de la Ley de Discapacidades Codificada, y Sentencia, cuando en su Art. 92,  este simple reglamento establece que se permite importar solo vehículos ortopédicos y del año, no como establece la Ley que dice hasta tres años anterior a la fecha de autorización y  sean vehículos ortopédicos y no ortopédicos; para imposibilitar aún más el ejercicio de los derechos, someten al discapacitado al cumplimiento de requisitos que exigen gran deambulación por una serie de instituciones y organismos estatales; insisto hecho actuado por quien preside el CONADIS, esto es responsabilidad del señor Presidente de la República.

Durante el periodo de 2006 al 2007, esta Institución no otorgaba permisos de importación, arguyendo que no se existía reglamento; así la señora Silvia Game viéndose afectada el 28 de noviembre del 2006, apoyo para la presentación de  una acción de amparo constitucional en contra de Ramiro Cazar en su Calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del CONADIS y el señor Procurador del Estado, ante el señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha, quien concede el amparo con fecha 28 de noviembre de 2006, y ordena expresamente que el Director Ejecutivo del CONADIS, otorgue la renovación de la autorización para importar un vehículo ortopédico de hasta tres años de fabricación libre de impuestos; el CONADIS apela, mientras tanto sistemáticamente no le entregan la autorización, por cansancio le dan un autorización mañosa para impedir el uso y ejercicio de un derecho y orden  del Juez, requirió del señor Juez sendas providencias y oficios, para que cumpla la resolución, hasta que el 21 de agosto del 2007, al fin otorga la autorización completa, la misma que el Director de la CAE no autoriza la traída del carro pues la Ley de Aduanas es Orgánica y la discapacidades no de acuerdo a su criterio y debe traer carro nuevo como dice el “reglamento” del CONADIS; durante este periodo existiendo acciones legales y muchos pedidos de autorización por parte de muchos de los discapacitados, existiendo dos pronunciamientos favorables  de la Procuraduría del Estado, con malicia Ramiro Cazar en su calidad de Director Ejecutivo del CONADIS en abuso de su poder e incumpliendo el objeto del CONADIS, vuelve a consulta al Procurador, pues la Ley Orgánica de la Procuraduría en su Art. 13 le da capacidad para ello, el ciudadano simple tiene vedado, y oficio No CND-526 del 16 de abril del 2008, sobre la vigencia y aplicabilidad del Art. 23 de la Ley Reformatoria y que de su más acertado criterio jurídico; 23 de junio del 2008, el Procurador del Estado, realiza su pronunciamiento con oficio, N 01421 de 23 de junio de 2008, que determina que el Art. 23 de la Codificación de la Ley de Discapacidades resulta inadmisible, el nuevo director Ejecutivo encargado Dr. Julio Hinojosa Raza, de manera ágil y muy oficiosa, envía el 26 junio del mismo año comunica este pronunciamiento director de la CAE y dos semana antes de presentar el recurso de reconsideración sus resoluciones con el Oficio CND-998 del 10 de junio del 2008; para que no haya olvido, el 4 de septiembre vuelve el Director Ejecutivo del CONADIS, enviar al Gerente de la CAE, defendiendo los pronunciamientos del Procurador del Estado,  con ello el Gerente de la CAE, niega a la señora Silvia Game y a mi persona la autorización mendigada. Mientras la Ley de Discapacidad en su Art. 6, manda al CONADIS a defender jurídicamente los derechos de los discapacitados, como se ha visto, difunde todo acto, demora, recoveco, omitiendo todo mandato que si reconozca este derecho; así el CONADIS con eficiencia y rapidez coordinan  con la CAE para que se nos niegue los permisos, ahora amparados en el carácter vinculante del pronunciamientos y reconsideración del Procurador General del Estado.

La Ley Orgánica del la Procuraduría prescribe que el ente oficial consultante debe demandar la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional el pronunciamiento y la reconsideración,  por tal motivos  el  CONADIS, mediante el representante legal ,el Director Ejecutivo, este debió obligatoriamente   presentar la acción,  lo que nunca se cumplió; traicionados por este organismo, el 7 de octubre 2008, acudimos a la Defensoría del Pueblo, con la señora Silvia Game, quien tenía un amparo constitucional y yo con la  Resolución del Tribunal Constitucional, los dos mandan imperativamente la obligatoriedad del CONADIS de autorizar la importación; ante el Defensor del Pueblo, presentamos nuestra queja, sustentados en cuanto su deber de actuar de manera urgente y efectiva, el hecho no perjudica  solo a nosotros como beneficiarios sino a toda población que vive similar situación (grupo vulnerable) del Ecuador, nos amparamos en la Constitución de 1998, planteando que el Procurador desconoció los Arts. 16 y 17,  referente a la obligación del Estado, como su más alto deber, respetar y garantizar los derechos humanos, y de manera específica los Arts. 47 y 53 previsto la Carta Política sobre la atención prioritaria y la movilidad de los discapacitados, y en muchos Instrumentos Internacionales suscritos por el Ecuador, así tenemos;  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESS, y Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, denominado Protocolo de San Salvador, la más importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad R.O. 329 del 5 de mayo del 2008, el Acuerdo de de Cartagena y la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, fuera de los enumerado que el Procurador violenta el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado, resaltamos ¨excepto cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o Tribunales de la República o estén en conocimiento de los mismos o trabada la litis, incluyendo acciones y recursos que se sustancien o deban sustanciarse en el Tribunal Constitucional´´; recordándole al señor Defensor del Pueblo la existencia de dos absoluciones a consultas anteriores del CONADIS, mediante Oficios No 27235 del 24 de agosto del 2006 y  No 27338 del 25 de agosto del 2006, claramente reconoce la vigencia del Art. 23 de la Reformatoria a la Ley de Discapacidades Codificada. Pedimos  al Defensor del Pueblo que instruya al CONADIS sobre su deber inequívoco de defender los derechos de las personas con discapacidad y como Institución Presente una demanda de inconstitucionalidad sobre la absolución del Procurador General del Estado y la respuesta al recurso de reconsideración ante el Tribunal Constitucional,  finalmente solicitamos a esta Defensoría  se exija al Procurador General del Estado el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional No 118 de 1.999 y No 0770-07-RA de 24 de septiembre de 2.008,  se conmine a la CAE nos de las  autorizaciones  previas de embarque de vehículos de 3 años anteriores a la fecha; todos estos pedidos humanitarios fueron acogidos favorablemente por el Defensor del Pueblo; exhortando al señor Gerente de la CAE para que agilite los trámite administrativos, solicitando al Procurador revisión del pronunciamiento contenido en el oficio No 01421, de fecha 23 de junio de 2008. Autoridades que tampoco dan respuesta, peor aún cumplimiento,

Ha de considerarse una terrible realidad que vivimos todos los días, el señor Presidente de la República, que es el presidente nato del CONADIS, por disposición de la Ley, tiene la capacidad legal para emitir los reglamentos; y, paradójicamente; promulga un mal  reglamento contrario a la razón de ser de esta institución, a la Ley Especial de Discapacitados, Constitución e Instrumentos internacionales de derechos humanos, que es PREVENIR, ATENDER E INTEGRAR A LOS DISCAPACITADOS.  Realidad que siendo contraria a toda razón, los derechos de los ciudadanos especialmente de los grupos vulnerables, no se materializan, son declarativos, cuyo límite es puesto por la voluntad de los funcionarios.

El 8 de enero del 2008, realicé nuevamente tortuosos e inhumanos trámites para la actualización de la calificación de “incapacidad permanente”; y, solicite al CONADIS la actualización de la autorización, me conceden, igualmente engañosa autorización, pues no se especifica que el automotor puede tener una antigüedad de tres años, la CAE tiene el fundamento suficiente para negarme el pedido y así lo hace.  Creyendo en la solidaridad de incapacidad, insisto ante el señor Vicepresidente de la República, que en su calidad de Presidente del CONADIS, Delegado por el Señor Presidente de la República, conmine el cumplimiento de la Constitución, Ley, Tratados y Convenios de Derechos Humanos, lo que no se cumple.

Conjuntamente con la señora Silvia Game, amparados en la Constitución vigente del 2008, planteamos la  Acción de Incumplimientol, contra el Procurador General del Estado  y la CAE, al ser necesario contar con una actuación urgente y efectiva en esta materia para que se cumpla  los derechos humanos de los accionantes y de toda población del Ecuador, que vive similares situaciones por causa de este pronunciamiento de marras. Esta demanda se sustento en las sentencias antes enunciadas y en la resolución en firme y favorable del señor Defensor del Pueblo, cuya naturaleza es de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, previsto en el Art. 125 No 2 de la Constitución vigente. La Corte Constitucional,  sentencia el 2 de abril del 2009 y se publica en el R.O. No 566 de fecha miércoles 8 de abril de 2009, la que concede la acción de incumplimiento, disponiendo que el Gerente General y Subgerente Regional de la CAE cumpla con el Art. 23 de la Ley Reformatoria de la Ley sobre Discapacidades, les recuerda que el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional tendrán sanción en el Art. 86 No 4 de la Constitución; y, se cumpla con los dictámenes anteriores del 24 y 25 de agosto del 2006 emitidos por el Procurador General del Estado, declarándose la inconstitucionalidad “por el fondo del dictamen 01421 del 23 de agosto del 2008 emitido por el señor Procurador General del Estado, doctor Diego García, declarando su expulsión del ordenamiento jurídico”.  “Los principios constituyen la materialización de los derechos y su estructura,  (normas téticas), torna necesaria la utilización de métodos de interpretación diferentes a aquellos exegéticos inherentes al Estado de Derecho.”Mientras las reglas se aplican por medio de la subsunción, los principios se aplican mediante la ponderación. Por ese motivo, la ponderación se ha convertido en un nuevo criterio metodológico básico para la aplicación jurídica, en especial para la aplicación jurídica de los derechos fundamentales “

Ha sido necesario un cambio en la conceptualización del Estado, para que se hagan efectivos los derechos humanos. Hoy, esperamos que esto sea una realidad material, judiciables, y culmine un sueño para el grupo prioritario de los ecuatorianos. Y el funcionario público, no forcé los derechos fundamentales so pretexto de un reglamento, como hábito operativo que se ha venido dando en nuestro país.

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