Ecuador: Otro caso de criminalizacion de la protesta social

26 septiembre, 2013

Imagen-Ecuador: Otro caso de criminalizacion de la protesta social

El proceso judicial seguido en contra de los “7 de Cotopaxi” cerró un capítulo el día de ayer con la decisión del Tribunal de Casación de una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, que ratificó la sentencia a un año de prisión a tres de ellos: Xavier Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa.

Todos ellos, a más de ser reconocidos dirigentes sociales, son militantes del Movimiento Popular Democrático. Hernán Yánez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC); Silvia Bravo, Carlos Albán, docentes; y Richard Artieda, empleado de dicha universidad, fueron absueltos de los cargos que se les imputaba.

Para los sentenciados las acciones legales para liberarse de la sanción que pesa en su contra continúa, pues, presentarán acciones legales en otras instancias. Su interés no es solo demostrar su inocencia, sino dejar al descubierto que han enfrentado un proceso marcado por la injerencia política del gobierno.

Xavier Cajilema, actual concejal de Latacunga y director provincial del MPD, asegura que durante todo el proceso la fiscalía no ha sido capaz de demostrar la autoría de lo que se les acusa, dejando en claro que los 7 de Cotopaxi “somos perseguidos políticos”.

En días pasados, cuando el Tribunal Ético por la Justicia se instaló en Quito, Paúl Jácome denunció que el juicio entablado en contra de los 7 de Cotopaxi tiene como antecedente una reunión de funcionarios del gobierno efectuada en julio de 2011, en la que se decidió tomar medidas para contrarrestar la influencia que los partidos de izquierda tienen en la provincia de Cotopaxi.

De ella habrían salido resoluciones como investigar a líderes opositores para eliminarlos del escenario político como César Umaginga, Lourdes Tibán, Xavier Cajilema, Francisco Ulloa, entre otros, según señala la asambleísta Tibán en un comunicado hecho público el día de hoy.

Sostiene también que decidieron un plan que contemplaba, entre otras medidas: no transferir recursos estatales a estructuras cercanas a Pachakutik; no entregar recursos económicos a la prefectura (en ese entonces César Umaginga era prefecto); terminar con la influencia política del MPD en la Universidad Técnica de Cotopaxi; definir estrategia para contrarrestar la actividad de la UNE, FESE y FEUE; establecer vínculos con los actores del sistema judicial para dar seguimiento a procesos judiciales de su interés (caso 30S).

Algunos de esos propósitos se han cumplido, como la destitución de Umaginga y el enjuiciamiento a los 7 de Cotopaxi. No hay duda que estamos frente a otro caso en el que el correísmo se ha apoyado en los tribunales de justicia para golpear a sectores de oposición.

Desde EcuadorLibreRed expresamos nuestra solidaridad con los 7 de Cotopaxi, particularmente con Paúl Jácome, colaborador de este medio con importantes artículos de opinión.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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