UNE, ECUARUNARI y las organizaciones sociales asisten a la audiencia ante la CIDH

29 octubre, 2013

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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibe en audiencia a las organizaciones sociales y populares peticionarias por la violación al Derecho a la Libertad de Organización (Decreto Ejecutivo 16) y Derecho a la Libertad de Expresión (Ley de Comunicación), la misma que se lleva a cabo en la ciudad de Washington DC este lunes 28 de octubre a partir de las 15:15 hora de Estados Unidos.

La indefensión, la falta de justicia y espacio de diálogo social en el Ecuador y la permanente violación de la Constitución Política de nuestro país en referencia a los derechos humanos, de organización y de libertades fundamentales ha llevado a las organizaciones sociales, de trabajadores, comunitarias, indígenas y ciudadanas a solicitar a nivel internacional que instancias como la CIDH conozcan la realidad ecuatoriana en relación a casos concretos de criminalización de la lucha social, del ejercicio del derecho a la organización, del derecho a la protesta, resistencia y huelga para los trabajadores y trabajadoras.

Son 45 líderes sociales sentenciados por terrorismo y sabotaje, más de 200 procesados judicialmente por ejercer su derecho a la organización, la libertad de expresión y el derecho constitucional a la resistencia, el derecho a la reunión. Hoy tipificadas en el Decreto Ejecutivo 16, Reglamento de funcionamiento de las Organizaciones Sociales como causales de disolución así como la participación en actividades políticas, o que generen interferencia en políticas públicas, la eliminación de las organizaciones de hecho a quienes se les prohíbe actuar sin registro, es decir la violación del Derecho a la Libertad de Organización reconocida en convenios internacionales de Derechos Humanos fundamentales.

La UNE como peticionaria presentará casos de sentencia a maestros y maestras por terrorismo y sabotaje como Prof. Mery Zamora García (sentenciada a 8 años de prisión), destitución de dirigentes de UNE de sus puestos de trabajo, acoso estatal a los docentes por su identidad y filiación ideológica y gremial, discriminación y exclusión de los derechos organizacionales de la UNE, organización legalmente reconocida, eliminación de la cuotas  y permisos sindicales.

Violación del derecho a la organización y participación de los jóvenes; Caso Estudiantes “Central Técnico” en procesos concernientes a su educación y formación, además de la participación en la elaboración de políticas públicas, el derecho a la reunión de los y las ciudadanas quienes en el caso de los 10 de Luluncoto fue criminalizada y condenados a 1 año de prisión por “tentativa de terrorismo”, al no poder demostrar que su reunión no tenía ningún otro objetivo más que participar en la Marcha Plurinacional por el agua, la vida y la democracia en el Ecuador.

Todas estas denuncias son casos y afectación a derechos humanos y colectivos que se vive en Ecuador y que hoy están siendo tipificados en el nuevo Código Orgánico Integral Penal que se discute en la Asamblea Nacional Legislativa, lo cual determinaría un contexto y marco legal interno para CRIMINALIZAR LA LUCHA SOCIAL Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A SU DESAPARICIÓN EN CASO DE NO COMULGAR CON LA POLITÍCA OFICIAL DEL RÉGIMEN.

“Por todas estas violaciones hoy ejercemos nuestro derecho a defendernos y reclamar de la comunidad mundial la defensa de los Derechos Humanos y Colectivos que en el Ecuador se violentan abiertamente y sin instancia nacional que pueda pronunciarse de manera imparcial ante este proceso regresivo en derechos y libertades fundamentales”, acotó la dirigente.

Mariana Pallasco Rivera
PRESIDENTA UNE NACIONAL

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