36 parlamentarios de Venezuela se solidarizan con Asambleista Ecuatoriano Clever Jimenez

28 noviembre, 2013

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Clever Jimenez

Mediante comunicación rubricada, los diputados demócratas venezolanos rechazan la persecución judicial y las sentencias políticas, emitidas en contra del asambleísta de Pachakutik, al tiempo que cuestionan el irrespeto a la inmunidad parlamentaria, la criminalización de la crítica y exhortan al gobierno ecuatoriano a respetar los derechos humanos.

El bloque de “UNIDAD” del Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela, integrado por diputados críticos al gobierno de Nicolás Maduro, emitió un acuerdo condenando la persecución judicial y política, en contra del asambleísta ecuatoriano Cléver Jiménez, del comunicador Fernando Villavicencio y del dirigente del gremio médico, Carlos Figueroa, quienes son víctimas de una sentencia penal de la Corte Nacional de Justicia que los condena a 18 meses de prisión, en un atropellado proceso judicial planteado por Rafael Correa, por presuntas injurias no comprobadas.

En el acuerdo titulado “Alto a la criminalización de la crítica en Ecuador”, en el que firman parlamentarios como María Corina Machado, Alfonso Marquina, Luis Barragán, Hermes García, Dinora Figuera, el diputado indígena Arcadio Montiel y treinta congresistas democráticos mas, del hermano pueblo de Venezuela, se rechaza “… la criminalización de la crítica en Ecuador y se unen al pedido internacional para que el gobierno de Ecuador, respete el derecho a la libertad de expresión que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales”.

“La solidaridad del bloque de UNIDAD es parte de la reacción internacional de varios organismos de derechos humanos, parlamentarios latinoamericanos, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales e indígenas, que se están sumando a la condena del régimen correísta, quien ha cooptado jueces, con el evidente afán de utilizar la justicia para perseguir a opositores, dirigentes sociales y políticos que cuestionan su modelo autoritario, extractivista y corrupto” aseveró Jiménez y denunció además, que el ejecutivo también ha destrozado la autonomía del poder legislativo, manipula el poder electoral y como si ello fuera poco ha implementado un estado de propaganda basado en un monopolio estatal de medios, que por una parte es utilizado para adoctrinar al pueblo, descalificar a la prensa independiente y a los opositores; y por otra para alabar al gobierno y tapar la corrupción.

“Los organismos de derechos humanos han criticado tradicionalmente el uso de leyes penales de difamación, especialmente en respuesta a señalamientos que afectan a funcionarios públicos”, recuerdan los parlamentarios venezolanos.

El Ecuador es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantizan el derecho de libertad de expresión, por ello el gobierno de Ecuador está en la obligación de respetar los referidos instrumentos internacionales, destaca el comunicado. “La existencia de normas penales que criminalizan la crítica a los funcionarios públicos constituye de modo intrínseco, una importante restricción ilegítima al debate púbico. Constituye un factor que inhibe el debate y su aplicación selectiva fortalece la auto censura y la inhibición”, agrega el acuerdo.

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