Ecuador: Categorizacion de las Universidades, la U publica en alto riesgo

5 diciembre, 2013

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María Paula Granda

Categorización de las Universidades: la U pública en alto riesgo

Una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo en el Ecuador fue, sin duda, el deterioro del sistema de educación superior ecuatoriano. Por un lado, por el abandono total de las universidades públicas por parte del Estado; por otro, por el auspicio de la proliferación de universidades privadas de “garaje”

. En ese sentido, era evidente que ese sistema necesitaba un cambio, por lo que votamos de forma mayoritaria por el sí a una Constitución que contenía una disposición transitoria que ordenaba, en cinco años, la evaluación y acreditación de todas las universidades del país.  No obstante, jamás nos imaginamos que se vendría la aprobación de una inconsulta y antidemocrática Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que implica la implementación de un nuevo sistema de educación superior que apunta a su elitización y su enfermiza tecnificación; además de un sistema de admisión que ha dejado fuera a miles de  bachilleres y que a otros cientos les ha obligado a estudiar una carrera que no quieren; la copia de parámetros de evaluación extranjeros que no corresponden a la realidad de la Universidad latinoamericana ni ecuatoriana, que categoriza a las universidades y las  jerarquiza, donde las universidades públicas terminan siendo las más afectadas.

A la par, En cambio, se crean cuatro nuevas universidades para unos pocos “elegidos” que desde ahora, sin tener siquiera estudiantes, reciben exorbitantes presupuestos y en poco tiempo, si las cosas siguen como están, serán las únicas que podrán dedicarse a la producción de conocimiento científico y a la investigación. Hace pocos días, la Universidad Central del Ecuador, junto con otras importantes universidades públicas del país, bajó de categoría A, a categoría B y, aunque, algunos irresponsables tratasen el tema con ligereza asegurando que pronto “subiremos a la A”,

no se puede dejar de denunciar el proyecto político del gobierno de Alianza Pais, cuyo claro interés es desmantelar a la universidad pública existente para que ésta sirva de productora de profesionales de mano de obra barata sin ninguna visión crítica que pueda aportar de manera eficaz y eficiente al tan anhelado “cambio de matriz productiva.”

El informe general del CEAACES contiene más de un elemento que debe ser desarrollado con más profundidad y explicado a cada universidad de manera inmediata. Por ejemplo, se dice que la evaluación considera “la complejidad de la gestión”  al momento de categorizar a las universidades y escuelas politécnicas. Esto supone que se toma en cuenta que para las Universidades más grandes y con mayor número de estudiantes es mucho más difícil cumplir con los requerimientos de la reforma, sobre todo el concentrar una cantidad alta de PHD entre los profesores, mejorar de manera considerable en la infraestructura o el aumento de acerbo bibliográfico entre otras cosas.

Sin embargo, las universidades categoría A, sin contar las que solo ofrecen posgrado, no llegan a tener juntas la población estudiantil de la Universidad Central que tiene 43 mil estudiantes. Además, el informe no es claro al referirse a las universidades de categoría B, pues se dice que en relación al criterio de eficiencia académica esta categoría presenta un mejor desempeño incluso que las universidades de categoría A (¿?), que cuatro instituciones (no se explica cuales) con mejor desempeño son parte de la categoría B.

Pero que por otro lado, algunas de las universidades dentro de la categoría B tienen una baja eficiencia académica. Y así en otros ítems de la evaluación ¿Por qué no se hace una clara diferenciación de las universidades siendo los resultados tan heterogéneos? También, otro criterio de evaluación, que de acuerdo al informe pesa bastante al momento de categorizar a las universidades, es la cantidad de PHD que existen en las instituciones, cuando hay plazo hasta el 2017 para cumplir con ese requisito, por lo que es absurdo que ahora se ponga tanta fuerza en ese criterio.

Por estos y otros vacíos y contradicciones en el informe del CEAACES, las impugnaciones de algunas universidades sobre su nueva categorización son acertadas. Sin embargo, la plataforma de lucha no debe ser “subir a la A” sino parar esta contra reforma educativa que disminuye a la Universidad pública y afecta sobre todo a los estudiantes que no pueden acceder, por su condición económica, a una universidad de más “alta” categoría.

El gobierno debería, en base a una evaluación seria, ayudar a las universidades mal evaluadas a mejorar y no destruirlas públicamente. En vez de invertir 600 millones de dólares en universidades que no están ni siquiera construidas, debe invertir ese dinero en recuperar universidades históricas y gloriosas, no solo por su tradición de generar pensamiento crítico, sino también por su tradición histórica de lucha social.

Fuente: es.scribd.com

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