Colombia: Asesinato politico como tortura, aberracion de los estados delincuenciales

13 enero, 2014

Imagen-Colombia: Asesinato politico como tortura, aberracion de los estados delincuenciales

Por: Arturo Prado Lima

De confirmarse la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, sería la confirmación absoluta de que en Colombia continúan gobernando las mafias políticas organizadas al amparo de un Estado Delincuencial que pretende extender su dominio sobre el pueblo colombiano más allá de sus límites con aplicación de una nueva forma de tortura para sus oponentes: el asesinato político.

Funcionó por muchas décadas, y siglos, el asesinato selectivo y colectivo. La eliminación física de los líderes que amenazaban su estatus quo, la liquidación de las bases sociales o partidos políticos y movimientos que osaban enfrentar las arbitrariedades de los continuos gobiernos que se acostumbraron a contestar con plomo y terror las reivindicaciones económicas, políticas y sociales de los colombianos era, y es, el sostén de sus instituciones.

Cuando, después de todo, los movimientos sociales crecían, lanzaron sobre campos y ciudades el terror más macabro que se haya utilizado en ningún país del mundo para atemorizar al pueblo. Bandas de paramilitares, originadas en las “Convivir”, fundadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, asolaron y siguen asolando al campo y las ciudades colombianas.

Aterrorizados por el avance de la oposición, las castas financieras y políticas no dudaron en eliminar a la población en masa, lo que el sanguinario Carlos Castaño, al servicio del Estado Delincuente denominaba “Objetivos Militares Múltiples”. Miles de mercenarios, nacionales y extranjeros, entrenados en las propias bases militares colombianas, actuaban impunemente con sierra en mano y provocaban éxodos masivos del campo a la ciudad para luego quedarse con sus tierras, en una aplicación permanente de la ley del despojo heredada de la colonización española.

No ha habido una respuesta económica,  social o democrática a la aspiración de un sentimiento nacional. Las mafias burocráticas, los ladrones de cuello blanco, los cárteles de la droga infiltrados en las instituciones políticas han condenado a Colombia a vivir en una permanente guerra que quieren prolongar hasta el infinito, pues esa es su basa y garantía para seguir existiendo como clase dominante.

Hoy, el Estado Delincuente inaugura una nueva arma: “El asesinato Político”. Acosado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, declarados grupos terroristas a sus bandas de matones, las mafias gubernamentales han optado por esta forma vil y humillante del asesinato político. Se trata de destituir e imponer largos periodos de inhabilidad política a destacados líderes, elegidos democráticamente por el pueblo, como Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, o destacadas figuras de la lucha contra la tortura, la desaparición forzada y el asesinato a mansalva, como Piedad Córdoba.

Esta nueva arma es la negación al Dereccho universal de elegir y ser elegido, al Derecho a la librealveldrío y es, además, una mordaza vil a quienes pìesan diferente a las mafias gubernamentales.   sin embargo, no le garantizará al Estado delincuente colombiano su permanencia definitiva en el poder. Funcionarios títeres como el procurador Alfonso Ordoñez, quienes ejecutan órdenes de sus jefes políticos, serán juzgados, como lo será Álvaro Uribe, por asesinar “legalmente” a otras opciones de poder político diferentes al corroído sistema exclusionista que hoy impera.  No podrán detener el avance de una nueva generación donde la oposición tenga  garantizada la labor fiscalizadora del accionar gubernamental y no una lápida sobre su tumba. No podrán imponer la carga del cadáver político a las espaldas por largos años a los que piensan diferente al caduco sistema político colombiano. Esa modalidad de tortura propia de los tiempos medievales, tendrá que ser derribada por un nuevo Tratado Social que debe salir de los acuerdos de paz de La Habana y de la movilización popular.

El pueblo colombiano no soportará ver vagar por sus calles a cientos de cadáveres políticos. Esta pesadilla no la permitirá la nueva generación de la paz. Y quienes se empeñen en ella, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas ante los tribunales del pueblo.

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