Ecuador: COIP, Seguridad ciudadana sobre derechos de los pueblos

20 enero, 2014

Imagen-Código Orgánico Integral Penal

Por: Vladimir Andocilla R. Investigador IEDPIC

“Una sociedad en la que la seguridad se convierte en el valor fundamental es una sociedad paralizada, incapaz de asumir la menor posibilidad de cambio y de progreso, el menor riesgo.” MUÑOZ CONDE, Francisco2.

No podemos comprender la complejidad del sistema penal si lo concebimos únicamente como un sistema de control social, pues esta visión es unilateral, incompleta; el derecho penal es una expresión del poder político3, expresa un proyecto de sociedad; varios autores lo han calificado incluso como el “sismógrafo de la Constitución”.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la coherencia del Código Orgánico Integral Penal, COIP, con la Constitución de Montecristi, y el posible giro del paradigma constitucional que se estaría dando con la aprobación de este nuevo cuerpo legal.

Garantismo vs. Punitivismo

Nuestra Constitución tiene como eje central el discurso de los derechos, permitiendo de esta manera la apertura de cauces, el establecimiento de mecanismos, y la concreción de exigencias para garantizar el cumplimiento de dichos derechos4. Este paradigma constitucional desarrolla los derechos fundamentales, más allá del concepto individualista kantiano de la dignidad humana, abarcando a las comunidades, pueblos y nacionalidades5; dándole al texto particularidades propias del área andina, como el concepto de Sumak Kawsay.

El rol protagónico dado en Montecristi a los derechos fundamentales implica la protección y realización de éstos, tanto en su esfera objetiva como subjetiva, definiéndolos como “la ley del más débil”6, dando al Estado la obligación de su cumplimiento y protección.

El derecho penal, que surge al amparo de nuestra Constitución, debe establecer un minimalismo punitivo7 y garantizar los derechos del procesado y la víctima, asumiendo de esta forma una doble función de los derechos humanos: como límite de la intervención penal y como objeto de protección de los mismos8, de esta manera, la lógica del derecho penal tradicional tendría un cambio en su visión, se convertiría en instrumento de contención del poder punitivo del Estado, de disuasor de la venganza privada; la pena dejaría de ser vista como retribucionista del daño y sería asumida como último mecanismo de solución al conflicto, se establecerían mecanismos alternativos a los instrumentos tradicionales de la justicia penal, a la vez que se establecerían mecanismos de reparación integral a la víctima.

A puertas de contar con un Código Orgánico Integral Penal podremos constatar que cada vez es más claro el alejamiento del discurso de seguridad del gobierno respecto de los postulados constitucionales.

La construcción del COIP expresa el viraje del gobierno a la derecha

Los cambios constitucionales generaron la obligación de contar con una normativa legal acorde a la Carta magna, planteando la obligación de establecer el ordenamiento jurídico ecuatoriano bajo las estructuras de un Estado constitucional de derechos y justicia. Esto hizo que un grupo de académicos y juristas vinculados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propongan al país un Anteproyecto de Código de Garantías Penales, que fuera publicado en diciembre del 2009 por parte de esta cartera de Estado y prologado por el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

Ente los elementos más importantes de este trabajo podemos establecer los siguientes:

  • Un sistema profundamente garantista, estableciendo mecanismos que fortalezcan el principio de inocencia y el in dubio pro reo.
  • Devolución del conflicto a la víctima, otorgándole exclusividad en la titularidad de la acción penal.
  • La prisión preventiva vista como excepción y únicamente podría dictarse si la persona llamada a juicio ha fallado a las demás medidas cautelares.
  • Rebaja de penas de manera considerable; la proporcionalidad de la pena era acorde al bien jurídico lesionado, llegandose a establecer los 10 años como el tiempo máximo de privación de la libertad.

La Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 encarnó un proceso de cambios constitucionales que significaron la eliminación del carácter excepcional de la prisión preventiva, la limitación en la autonomía de la función judicial, entre otros temas. Este hecho, sumado a los cambios políticos en la estructura del gabinete y los sucesos como el 30-S, hicieron que el Anteproyecto mencionado fuera archivado en el Ministerio y se construyera un nuevo proyecto de Ley, que fuera presentado a la Asamblea Nacional por la ex ministra de Justicia Johana Pesántez, con la firma del presidente Rafael Correa en octubre del 20119.

Este proyecto fue la base que utilizó la Asamblea para elaborar el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que luego de dos años, en medio de apuros producto de los requerimientos del GAFI10, fue aprobado y luego reconsiderados varios de sus artículos.

¿Cómo definir en los actuales momentos al COIP? Las normas jurídicas expresan el carácter del Gobierno y la Asamblea que las expiden, su correlación de fuerzas y las contradicciones existentes en su seno. El proceso de aprobación del COIP demuestra esto, las confrontaciones de tesis al interior de Alianza PAIS tuvieron que ser zanjadas por el propio Presidente de la República, como fue el caso de rechazar la despenalización del aborto en casos de violación.

El cuerpo legal antes mencionado sintetiza el pensamiento modernizador, autoritario y populista del correísmo, expresado en:

  • Modernización de la teoría del delito: Nadie puede negar el proceso de modernización en la dogmática penal que el nuevo Código lo tiene frente al anterior, figuras como el deber de cuidado en el delito culposo, o la posición de garante en el tipo omisivo son ejemplo de ello. Claro está que la modernización ess respecto a lo anterior, no a lo más desarrollado en este tema en otras legislaciones, que no son tomadas en cuenta, como el error de tipo, el error culturalmente condicionado, etc. Estos avances se encuentran incompletos ya que mezclan escuelas y concepciones, es así que tenemos una tipicidad finalista, una antijuricidad causalista, una culpabilidad finalista y delitos de riesgo que pertenecen a concepciones pos finalistas.
  • Expansión del poder punitivo del Estado: Se afirma una concepción autoritaria del Estado, expresada en aumentos de tipos penales, de tiempo en las penas y de flexibilización de las garantías procesales; por ejemplo: el establecimiento de cuatro a ocho años de medidas socioeducativas para los niños y adolescentes infractores; el aumento de la pena máxima a 40 años, que en el caso de un adulto de 30 años de edad o más sería en la práctica una prisión de por vida; la arbitrariedad judicial también es patentada al establecer que el juez pueda obligar a cumplir otras medidas adicionales al privado de la libertad sin límite de tiempo, como la suspensión de la patria potestad, entre otras; el establecimiento del concurso real determina una acumulación de penas muy peligrosa, por la que cualquier ladronzuelo que realice cuatro hurtos al mes sumadas las penas de los delitos podría llegar a 8 años de privación de la libertad, sin duda.
  • Criminalización de la protesta social: Uno de los elementos más cuestionables en el COIP son los mecanismos de persecución a la libertad de expresión y en especial a la protesta social. En el Artículo 345, sobre sabotaje, se encuentran tipificadas varias conductas tradicionales de la protesta social en el Ecuador, a la vez que el término violencia es tan ambiguo que puede abarcar un contexto tan amplio que va desde la quema de unas llantas hasta la confrontación directa con las fuerzas del orden.
  • Populismo penal y tipos penales simbólicos: El discurso populista en materia penal establece como elemento fundamental la solución normativa a problemas sociales, bajo ese ropaje se intenta justificar el aumento del poder punitivo del Estado; plantea la disminución de garantías penales y la construcción de un enemigo social al que se lo debe perseguir sin contemplaciones, pudiendo llegar incluso a justificar desapariciones o ejecuciones a pretexto de luchar por la seguridad ciudadana.

A manera de conclusión, podríamos asumir las palabras del Dr. Ramiro García Falconí en entrevista en el periódico El Comercio en la que señaló: “Nos están entregando un Estado de policía que va en contravía del Estado constitucional de derechos”11.

Referencias

1 Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas.

2 M UÑOZ CONDE, Francisco; “De nuevo sobre el “Derecho penal del enemigo””, Ed. Hamurabi, Buenos Aires, 2005, pag. 72.

3 BUST OS RAMI REZ, Juan; Control Social y Sistema Penal, Ed. Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1987, pag. 16.

4 WILHELMI , Marco Aparicio, “Derechos: enunciación y principios de aplicación” en Desafíos Constitucionales la Constitución ecuatoriana de 2008 en perspectiva (Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Rubén Martínez, Editores), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, Quito, pag. 20

5 Artículo 11, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador 2008.

6 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, 3a. ed., Madrid, Trotta, 1999.

7 AVILA, Ramiro, Entrevista en Radio Visión con Diego Oquendo el 13 de diciembre del 2013.

8 BARATT A, Alexandro, Criminologia Y Sistema Penal, Montevideo, Editorial BdeF, 2004, p.299.

9 Andocilla, Vladimir, EN LA LEGISLACION PENAL: LOS AFECTADOS SON LAS PERSONAS. www.lalíneadefuego. info, publicado el 07 de agosto del 2013 y visitado el 06 de diciembre del 2013.

10 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de Acción Financiera en contra del lavado de dinero, institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7.

11 El Comercio, 13 de octubre del 2013, Sección Política.

 

Fuente: nodo50.org

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