Existe una deuda en el combate a la corrupcion en Ecuador

27 enero, 2014

 

Imagen-Existe una deuda en el combate a la corrupcion en Ecuador

David Rosero -Consejero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

POR: DAVID ROSERO*

Lamentablemente, durante cuatro años, quienes han administrado y dirigido por mayoría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tienen una deuda en la lucha anticorrupción.

Para colocar solo un ejemplo: la propia Secretaría de Transparencia de la Gestión del Ejecutivo ha sacado a la luz pública casos emblemáticos como el del “comecheques”, o el caso del ex gobernador del Guayas, Roberto Cuero, entre otros, mientras que el CPCCS por el contrario, y a pesar de tener mayores atribuciones constitucionales establecidas en el Artículo 208, no ha logrado sacar a la luz pública investigaciones relevantes, con indicios de responsabilidad sobre posibles casos de corrupción o afectación de derechos de participación.

El CPCCS tiene atribuciones constitucionales para combatir la corrupción, tales como:

Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo.

Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.

Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones Existe una deuda en el combate a la corrupción necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.

Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.

Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos.

En este sentido, la institución no ha estado a la altura de su misión constitucional. El informe elaborado por Mario Rivas, secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS, evidencia la deficiente gestión del Presidente del CPCCS y los nudos críticos del combate a la corrupción. No existe un fortalecimiento del área de investigación, contamos con alrededor de apenas 10 investigadores para atender todas las denuncias que nos llegan a nivel nacional. Se ha burocratizado el proceso de investigación al entregar resoluciones de los casos que se investigan luego de un año, año y medio y hasta más de 2 años de ser admitidos por el CPCCS, cuando nuestro reglamento exige hacerlo en 90 días término. Se evidencia la falta de gestión administrativa, al no trasladar las funciones de investigación a funcionarios previamente calificados de las delegaciones provinciales, para agilitar los procesos. Aún el CPCCS no utiliza herramientas tecnológicas adecuadas para registrar las denuncias y pedidos de la ciudadanía, se sigue utilizando el programa Excel, que no brinda las seguridades respectivas.

El informe (de 38 páginas y un CD de anexos en Excel), elaborado por Mario Rivas, secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción junto a otros funcionarios y entregado a los siete Consejeros y Consejeras el 23 de diciembre de 2013, señala en la Pág. 9 que el 44% de los pedidos y denuncias de posibles actos de corrupción o afectación a derechos de participación ha sido en contra de la Función Ejecutiva.

Que el 20% de los pedidos y denuncias de posibles actos de corrupción o afectación a derechos de participación son contra los GADS Municipales.

Que el 13% de los pedidos y denuncias de posibles actos de corrupción o afectación a derechos de participación son contra la Función Judicial.

Que el 10% de los pedidos y denuncias de posibles actos de corrupción o afectación a derechos de participación son contra los GADS parroquiales.

En la Pág. 10 del informe del mencionado Secretario Rivas se señala algo sumamente preocupante:

La no admisión de pedidos y denuncias que podrían afectar los derechos de participación o generar corrupción llega al 71%.

El archivo de pedidos y denuncias que podrían afectar los derechos de participación o generar corrupción llega al 18%.

Solamente el 11% de pedidos y denuncias que podrían afectar los derechos de participación o generar corrupción son investigados por el CPCCS durante el 2013.

Es decir, si sumamos lo no admitido y lo que se archiva por parte del funcionario Santiago Machuca, subcoordinador de Orientación y Admisión Jurídica del CPCCS, tenemos que el 89% de pedidos y denuncias que podrían afectar los derechos de participación o generar corrupción no son investigados por el CPCCS.

En la Pág. 16 del informe del Secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se establece la materia de los casos de investigación en 2013, teniendo que un 53% de investigaciones son sobre denuncias de posibles irregularidades administrativas que pueden llegar a tener implicaciones penales; el 13 % de investigaciones son sobre posibles irregularidades en la contratación pública y el 13% son de posibles delitos penales.

En la Pág. 28 y 31 se hace un compilado histórico de los expedientes aprobados por el Pleno y un detalle de los temas que más se denuncian por parte de la ciudadanía y que fueron conocidos por el CPCCS desde el 2010 en que asumimos nuestras funciones; y el estado actual de esas denuncias en la Pág. 32.

Finalmente, en la Pág. 35 se puede apreciar algo esclarecedor: la falta de acceso a la información para los ciudadanos, donde más del 70% de pedidos al CPCCS referente a este tema son sobre la Función Ejecutiva, lo cual podría indicar la falta de transparencia de la administración pública.

El incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder, por ello, junto a la Consejera Andrea Rivera, hemos señalado en las diferentes sesiones de Pleno y públicamente los nudos críticos y las soluciones: fortalecimiento del área de investigación con profesionales calificados, desburocratización del proceso de investigación para dar respuestas ágiles a la ciudadanía, fiel cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales, desconcentración de funciones, tecnología y programas adecuados, entre otras, que esperamos sean recogidas por el Presidente y los demás consejeros para combatir frontalmente la corrupción en el país y transparentar la gestión pública.

* Consejero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Quincenario Opción

.

Compártenos y Síguenos en:
  • Bitacoras.com

Previous post:

Next post: