Ecuador: Seguridad Social, “Metida de Mano al Bolsillo y Privatizacion”

13 marzo, 2014

Imagen-Ecuador: Seguridad Social, “Metida de Mano al Bolsillo y Privatizacion”

Fernando Cordero - Presidente del Consejo Directivo del IESS

por Fausto Giraldo

Más allá de lo legal o constitucional está el real derecho a vivir bien ahora y contar con condiciones dignas de vejez futura para los habitantes, por ello los más de 14 millones de ecuatorianos debemos contar con un seguro social que garantice atención en salud, vivienda, desarrollo psicoemocional y físico, pensiones jubilares y hasta aporte mortuorio.

En este ámbito se inscribe lo que señala la Constitución y Ley, Universalidad de la Seguridad Social, es decir cómo se hace posible desde las políticas de gobierno y Estado el desarrollo de mecanismos para dar cobertura de seguridad social a todas y todos los hombres y mujeres, trabajen o no en relación de dependencia. La universalidad trae consigo la solidaridad, entendiéndose que es como el Estado y los empresarios comprenden que las condiciones de desenvolvimiento económico de nuestros compatriotas dentro y fuera del territorio son sustancialmente distintas de unos y otros, pues pocos tienen grandes ingresos económicos y la mayoría medianos y bajos recursos económicos.

En el Ecuador habrían 2 millones seis cientos mil afiliados al Seguro Social, de los cuales casi 200 mil pertenecen al régimen del Seguro Social Campesino, entre tanto la diferencia se divide entre aquellos que tienen relación de dependencia, es decir que cuentan con un patrono con el que comparten la aportación mensual y aquellos que corresponden a la afiliación voluntaria. Es decir once millones cuatrocientos mil ecuatorianas y ecuatorianos no están cobijados por este seguro social que les pertenece a los afiliados principalmente y que históricamente ha sido visto por los gobernantes como un ente Estatal cuando en realidad no lo es ni lo ha sido, y una parte de esta población que sin duda no es la mayoría tiene registros en aseguradoras privadas.

Absolutamente nadie podría estar en contra de que los once millones cuatrocientos mil ecuatorianos que no están afiliados deban acceder a la seguridad social en el IESS y ser beneficiario de las prestaciones, pero por ningún concepto puede ser este un motivo para que la política del actual gobierno sobre seguridad social implique por un lado meterle la mano al bolsillo de las y los ecuatorianos y por otro lado meterle la mano a las arcas del Instituto; esto en referencia a una resolución adoptada por el Consejo Directivo que apunta precisamente a ello; según esta decisión todos los afiliados voluntarios pasan a un régimen de afiliación obligatoria y obliga, valga la redundancia, a todas y todos los ecuatorianos que viven en el territorio y que no tienen relación de dependencia a afiliarse al IESS pagando como aportación el 20.50 % del salario básico unificado, como mínimo, que en la actualidad bordea los 340 dólares mensuales.

En el Ecuador son los hombres y mujeres con su propio esfuerzo, sacrificio e iniciativa los que han generado emprendimientos y espacios productivos, son los que con su propio peculio han comprado pequeñas herramientas, maquinarias, e instalado oficinas y consultorios profesionales de distinta índole, panaderías, cerrajerías, mecánicas, talleres artesanales, comerciales y hasta adquisición de vehículos para tener empleo; el Estado, y más en estos últimos 7 años el gobierno no ha generado políticas de fortalecimiento productivo de largo alcance y en toda la historia de la república no han aportando para el desarrollo productivo autónomo.

Las mismas ecuatorianas y ecuatorianos han sido los que con su propio esfuerzo se han capacitado y estudiado para obtener una profesión, un título artesanal, técnico, tecnológico y hasta de cuarto nivel, si bien dice el régimen actual que ha emprendido políticas de apoyo educativo, pero estas son tan limitadas numéricamente que por el momento anualmente son aproximadamente 50 mil jóvenes que no pueden ingresar a la educación universitaria pública y se ven obligados a pagar la educación privada. El Estado si bien sustenta el pago de docentes en escuelas, colegios y universidades públicas, no es que entrega educación gratuita, porque el concepto de gratuidad es la proporción de todos los insumos, herramientas técnicas y tecnológicas, medios cognitivos y espacios físicos a niños, adolescentes y jóvenes.

La mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos son trabajadores autónomos sin relación de dependencia, artesanos, comerciantes, obreros, choferes, mecánicos, domesticas, agricultores y otros. No todos ellos ganan al mes 340 dólares, por más que diga la Ley, sus ingresos son inferiores al salario básico unificado producto de su esfuerzo y sacrificio y que los invierten en alquiler de vivienda, alimentación y salud principalmente. Un gran porcentaje no menospreciable han obtenido un título profesional y quienes se dedican al emprendimiento y trabajo autónomo obtienen ingresos mensuales de 800 a 2000 dólares mensuales.

El mismo Estado a través de las políticas tributarias ha aplicado impuestos a los trabajadores sin relación de dependencia por todo lado: patentes, derechos, impuesto a la renta, en los municipios de ocupación de suelo y hasta de los rótulos de sus negocios o emprendimientos, lo que eroga y carcome las economías de las y los trabajadores de este sector.

La resolución dice casi textualmente que los afiliados sin relación de dependencia deberán aportar el 20,50% de sus ingresos mensuales y este aporte nunca podrá ser inferior al fijado como salario básico unificado que hoy es de 340 dólares; es decir, un comerciante, artesano, chofer o mecánico gana relativamente unos 200 dólares mensuales tendrá que abonar al IESS casi 70 dólares lo que implica que sus ingresos serían de 130 dólares, al que deben descontar pago de arriendos y servicios básicos, por lo que su líquido para sobrevivir será irrisorio por decirlo menos. En el caso de los comerciantes informales sus ingresos no llegan ni a los 150 dólares mensuales. Ahora haga usted el cálculo de cuanto le correspondería pagar si gana más de 340 dólares mensuales.

Existe o ha estado en intenciones la propuesta de que sean los esposos quienes afilien a sus esposas al Seguro Social, de ejecutarse esta idea a una persona que gana 200 dólares le correspondería pagar 140 dólares como aportes lo que significa que apenas le quedaría para subsistir a ese hogar 60 dólares mensuales.

Usted podrá decir que es una exageración pero en el Ecuador los trabajadores autónomos, aquellos que no tienen relación de dependencia en la mayor parte ganan menos de 340 dólares mensuales, incluso muchos de aquellos y aquellas que tienen relación de dependencia ganan menos del salario básico unificado y por tanto no cubren sus necesidades básicas.

¿Por qué se adopta dicha resolución?, ¿Dónde está la plata de los afiliados?. Pues el IESS durante todos los gobiernos, sin que el actual sea la excepción, ha sido la caja chica, la chequera de bolsillo, la gallinita de los huevos de oro, la salvadora de la equivocada planificación y el cumplimiento de la oferta demagógica de los mismos. Si el seguro social esta desfinanciado no se puede, bajo el argumento de asegurar a todos los ecuatorianos, sacarle la plata a la misma gente; esta es una medida para que el gobierno le meta la mano a la gente y nuevamente al IESS, sin que ni siquiera se haya rendido cuentas durante toda la vida de existencia institucional de que es lo que han hecho con el dinero. Bien podría decirse que todos los gobiernos ocultan el manejo administrativo y financiero de la entidad ya que el IESS sería un botín político del gobierno de turno.

Por otro lado en donde queda el papel del Estado cuando este debe asumir la responsabilidad de garantizar la vida presente y futura de sus habitantes, la misma Ley en uno de sus principios propone la subsidiaridad de la seguridad social, es decir el Estado debe aportar para la seguridad social de las y los ecuatorianos sobre la base de la situación socio económica de las personas, pero como se diría “Donde lo absoluto del poder dice tener la razón se eliminan los conceptos, preceptos y principios de la solidaridad y equidad y se hace lo que la imposición, el autoritarismo y la arrogancia determina”.

Por todo lo dicho, totalmente de acuerdo con que debe haber afiliación a la seguridad social universalmente, pero que el Estado pague su parte, que el Gobierno oriente los recursos para, en primer lugar, pagar la deuda que mantiene con el IESS, y en segundo lugar para que mediante regímenes especiales aplique la subsidiaridad de la afiliación a la seguridad social de las personas que no tienen ninguna relación de dependencia de acuerdo a su situación socio económica.

Hay que alertar también que este es el inicio de la privatización de la seguridad social en el Ecuador, bajo el criterio de que los afiliados sean obligados y paguen en su totalidad los aportes, más adelante van a decidir que los afiliados al seguro social campesino también lo hagan y luego con estos precedentes dirán que los trabajadores con relación de dependencia también lo hagan haciendo con ello que el Estado se desentienda de la responsabilidad de garantizar seguridad social para las y los ecuatorianos.

Es indudable que esto afectará la economía de la gente, por tanto me atrevería a sugerir que la ciudadanía debería impulsar una consulta popular o referéndum para que sea en las urnas quien decida si los profesionales y trabajadores autónomos deban ser obligados a pagar semejantes cantidades de dinero a una institución que ha sido mal administrada y que en el día a día tiene quejas de su calidad de atención, principalmente en salud, a los usuarios y usuarias. Que no le metan mano al bolsillo de la gente, que el gobierno no le meta la mano al Seguro Social, que el Estado asuma su responsabilidad y garantice el tan afamado buen vivir que reza la carta magna.

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Fuente: ecuadorlibrered.tk

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