Colombia: Paramilitares continuan en el Congreso

19 marzo, 2014

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¿Qué grado de representatividad puede tener el Congreso de Colombia surgido de las elecciones del pasado 9 de marzo, si el 56,4% de colombianos no fueron a votar y de quienes sí lo hicieron el 15,6% votó nulo y más del 6% en blanco?

En la hermana república esto no es un fenómeno nuevo, es una especie de “tradición” que muestra el poco interés de la población en las lides electorales. Presidentes, diputados, senadores, alcaldes son elegidos en procesos que de ninguna manera representan la voluntad mayoritaria de la población.

Pero si ese en un grave problema de legitimidad democrática, el Congreso recientemente electo carga con un problema aún más grave: los intereses que están detrás de cada uno de sus integrantes.

No hacemos referencia a su filiación política. Está claro el dominio de la derecha recalcitrante (apadrinada en partidos y movimientos de distinto membrete) y la mínima representación de fuerzas que se reivindican de izquierda, varias de ellas que en realidad no rebasan posturas socialdemócratas, como el Polo Democrático.

De una investigación efectuada por la Fundación Paz y Reconciliación, el 32,4% de senadores electos y un 21,7% de los miembros de la Cámara de Representantes tienen nexos o representan a grupos paramilitares; es decir, un tercio del Congreso Nacional.

La proporción no ha variado mucho comparando con el Congreso de 2004. En julio de ese año, Salvatore Mancuso, jefe paramiliar en proceso de desmovilizarse, dijo ante el mismo Parlamento que su fuerza de extrema derecha controlaba el 35% de escaños.

Este grave problema que parece ser ya una costumbre en la “democracia” colombiana ha quedado relegado a segundo plano, opacado por el interés de conocer si el ex presidente Álavaro Uribe lograba la mayoría por sobre el bloque que respalda al actual presidente Juan Manuel Santos. Finalmente, el primero de ellos no logró su propósito.

El interés de Uribe de contar con una mayoría parlamentaria tiene que ver con su propósito de bloquear la aprobación de los acuerdos que las conversaciones por la paz desarrolladas en La Habana arrojan.

El Congreso saliente, por ejemplo, aprobó la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Marco para la Paz y el proyecto de ley sobre el referendo para la paz. Leyes que, de acuerdo a lo señalado por el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, “permitirán aplicar mecanismos de justicia transicional a los integrantes de los grupos insurgentes”. La firma de un eventual acuerdo con las FARC traerá retos mayores, uno de los cuales será la forma en cómo se articulará su participación legal en la vida política del país.

Uribe, representante de los paramilitares

Pocos días antes de la elecciones del 9 de marzo, el congresista Iván Cepeda del Polo Democrático hizo público su último libro, “Por las sendas del Ubérrimo”, en el que acusa a Álvaro Uribe de haber formado un grupo paramilitar en una de sus fincas, de apropiarse de las tierras de los campesinos del departamento de Córdoba y de proteger a un general de la Policía (Mauricio Santoyo) encarcelado en los Estados Unidos por narcotráfico.

Su denuncia se encuentra documentada con declaraciones de testigos a la Fiscalía General, informes de la Contraloría sobre el patrimonio de Uribe y la confesión ante la Justicia estadounidense del general Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex mandatario.

La vinculación del ex presidente Álvaro Uribe con el narcotráfico y grupos paramilitares es un asunto ventilado públicamente en Colombia, aún así es uno de los personajes políticos más influyentes.

Los vínculos con el narcotráfico los heredó de su padre, la estructuración de grupos paramilitares datan desde cuando fue Gobernador de Atioquia y los actos de corrupción lo han acompañado durante toda su vida.

Fuente: pcmle.org

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