Ecuador: ¿Se puede, Presidente, hacer politica sin ir a las Cortes?

26 marzo, 2014

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Sabotaje, rebelión y terrorismo son los denominadores comunes en los juicios que el gobierno ha entablado, no solo contra personas a las que vincula con un intento de Golpe de Estado el 30-S, sino también contra chicos que protestaban contra un supuesto cambio de nombre de un colegio…

1. Mery Zamora: El 14 de junio del año pasado, Mery Zamora, profesora de la escuela Lorenzo Luzuriaga de la comunidad El Limón, en Portoviejo, y dirigente del MPD, fue notificada por el Décimo Tribunal de Garantías Penales de la sentencia de ocho años de prisión. Un mes antes fue notificada verbalmente que era culpable de sabotaje y terrorismo.

El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Educación, la acusó de incitar a los alumnos del colegio Aguirre Abad de Guayaquil para que salieran a protestar durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Las pruebas: un video que no se podía escuchar ni transcribir lo que se decía ahí por saturación del sonido, según un perito de la Fiscalía. Eso consta en el proceso judicial. La defensa dijo que la otra prueba reina fue una encuesta anónima realizada a estudiantes del colegio Aguirre Abad. Ella es una mujer divorciada y madre de dos hijos, uno de 20 años y otro de 14. El último le acompañó en los dos días de audiencia de juzgamiento en el Tribunal Penal de Guayas.

2. Los 10 de Luluncoto: El sábado 3 de marzo de 2012, previo a la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad, el Ministerio del Interior montó un operativo denominado “Sol Rojo”. El objetivo: capturar a quienes planificaban desestabilizar al gobierno. Siete hombres y tres mujeres fueron detenidos cuando estaban en una reunión en el barrio de Luluncoto a las 16:00. Una de las jóvenes estaba embarazada. Todos pasaron un día incomunicados. Un mes después, la Policía, el GIR, el GOE… realizaron allanamientos simultáneos en las casas de sus familias en horas de la madrugada. Ahí recogieron las evidencias que sustentarían la acusación por terrorismo. Estas eran: camisetas rojas del Ché Guevara, discos de música protesta como Victor Jara, Quillapallun, Jaime Guevara, cuadernos de la Universidad Central del Ecuador, libros de política y pañuelos del Movimiento Sandinista de Nicaragua, que está en el poder en ese país y que es aliado del gobierno de la revolución ciudadana. La Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha los condenó a un año de prisión por intento de terrorismo organizado. Todos los testigos eran policías. El 13 de mayo de 2013, los acusados fueron condenados a un año de prisión correccional “en calidad de autores del delito de tentativa de actos de terrorismo”. Sus nombres Cristina, Agibail, Fauda, Víctor, Pablo, Héctor, Santiago Royce, Luis, César… Una de las campañas de apoyo a esos chicos se llamaba: Todos somos Sol Rojo. Ahora disfruto levantarme y ver el cielo sin rejas, dijo una de las jóvenes después de salir libre.

3. Los 12 del Central Técnico: El 29 de julio de 2013, con el grito de por siempre ilustre Central Técnico, 12 chicos, estudiantes, celebraron su libertad. Ellos estaban en el grupo de los 67 chicos detenidos el 22 de febrero por protestar en la calle contra el supuesto cambio de nombre del colegio. Los 12 estudiantes mayores de edad, al día siguiente, fueron acusados por rebelión y recibieron prisión preventiva. Los padres ofrecieron una disculpa pública al presidente Rafael Correa, que había dicho que los chicos mayores de edad debían enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Y desde entonces los 12 chicos entraron en una especie de laberinto jurídico. David Lasso fue el primer juez en sancionar la rebelión. La jueza Eliana Carvajal, después, dictó sobreseímiento definitivo. El fiscal Miguel Jurado revocó el dictamen… Hasta que el juez Remigio Sacoto, presidente del Tribunal Noveno de Pichincha, los condenó por el delito de rebelión sin concierto previo por, según el juez, violar los derechos a la integridad personal, a la libre circulación y a la integridad de la propiedad pública. Pasaron 35 días encerrados, presos, el año pasado. Salieron libres el 28 de marzo. Sus nombres Carlos, Cristofer, Johnny, Jefferson…, David, cuyo mayor temor era no poder hallar trabajo.

4. María Alejandra Cevallos: La noche del 30 de septiembre de 2010, María Alejandra Cevallos estuvo en el grupo de personas que irrumpieron en las instalaciones del canal estatal que transmitía en cadena nacional la información sobre la revuelta policial. Llegaron a reclamar ser entrevistados sobre esos acontecimientos. Ese momento tenía 24 años de edad, cursaba el cuarto año de Derecho en la Universidad Los Hemisferios. Cinco días después salió una orden de prisión en su contra de una Unidad de Flagrancia. Y pasó cuatro meses prófuga hasta que su abogado consiguió una orden de libertad. Volvió a su casa, pero desde entonces tiene la prohibición de salir del país y presentarse ahora cada 15 días en la Corte. No pudo encontrar trabajo. Su relación con el 30-S la convirtió en una especie de apestada. Ahora tiene 27 años y es egresada de Derecho y está pronto a terminar su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hace poco, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha ratificó un fallo de diciembre de 2013 que la condenaba a cuatro años de prisión.

5. Fidel Araujo: Sobre él pesa una sentencia de tres años de cárcel dictada por el Tribunal Quinto de Garantías Penales. La acusación: incitación a la rebelión el 30 de septiembre del 2010. Los hechos: estaba presente en el Regimiento Quito el día de la revuelta policial. Su acusador: el Ministerio de Justicia. Las pruebas: la Comisión creada por el Gobierno para investigar la revuelta policial de 2010 concluyó que el Partido Sociedad Patriótica participó en el intento de golpe de Estado y que el expresidente Lucio Gutiérrez fue uno de los motivadores. Araujo es señalado indirectamente. Es el segundo caso que enfrenta por el mismo hecho.

En el primero, Araujo fue acusado de rebelión. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales lo declaró inocente tras aducir que violó el trámite previsto en la Ley y derechos de los procesados. Recuperó su libertad a las 17:20 del 4 de abril de 2011, después de estar seis meses detenido. Su madre y sus hijas lo esperaron afuera de la cárcel. Casi inmediatamente esa sentencia fue declarada nula por la Corte de Pichincha. Entonces intervino el ministro de Justicia, José Serrano, que amenazó con juicios contra los jueces que lo absolvieron. Se inició el otro proceso que terminó en sentencia. Por ahora, cada lunes debe presentarse ante el Tribunal y tiene prohibido salir del país.

6. César Carrión: “En el tercer piso (del hospital de la Policía) solamente estaban el personal médico y la seguridad del señor Presidente, no he visto que alguna persona haya estado directamente con un arma”. Esas fueron las declaraciones que hizo el exdirector de la Policía César Carrión a la cadena CNN. La respuesta del Presidente fue casi inmediata: “Tú eres mi subalterno y no puedes estar tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe”. Fue acusado por el gobierno de intento de magnicidio. Según las investigaciones de la Fiscalía, durante la revuelta policial, Carrión impidió el paso del mandatario desde el Regimiento Quito al hospital, en donde Correa debía recibir asistencia médica por asfixia tras inhalar gas lacrimógeno. Pasó detenido cerca de siete meses en la cárcel 4 de Quito y en el Penal García Moreno. La Comisión creada por el Ejecutivo para investigar esos hechos ahora estudia volver a acusarlo con otro tipo penal, porque ya fue declarado inocente en tres instancias judiciales. En septiembre de 2011, cuando el Presidente conoció de la absolución de Carrión afirmó que le iniciaría otro juicio por supuesta insubordinación. “Por decir la verdad mancillaron mi honor, me persiguieron, me apresaron, me procesaron. Declarado inocente me prohibieron hablar, me dieron de baja, vigilan mi libertad”. Ese es el cartel con el que salió después de pedir su baja, tras 30 años de servicio en la Policía. Cuando quedó libre su hija Denisse y su esposa Janeth Orbe lo esperaron con una flor blanca. Ella había pasado por una huelga de hambre reclamando agilidad a la justicia.

7. Pepe Acacho: En agosto de 2013, el asambleísta de Pachakútik, Pepe Acacho, fue sentenciado a 12 años de prisión por la Corte de Justicia de Macas. El delito: sabotaje y terrorismo. José Acacho González fue vinculado con la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma, durante una protesta en 2009 contra la Ley de Aguas promovida por el gobierno. Ese día un grupo de personas se concentró en el puente sobre el río Upano, en las afueras de Macas. Ahí se desencadenó un enfrentamiento con la Policía, que terminó con la muerte de Wizuma. El Gobierno acusó a Acacho, Pedro Mashian y Fidel Kaniras de incentivar la protesta en la radio shuar La Voz de Arutam. En febrero de 2011, un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía se desplegó en la casa de Acacho en Sucúa y fue llevado primero a la Policía de Macas, a una cárcel local después y al penal García Moreno en Quito finalmente. A los pocos días fue liberado, pero la investigación siguió hasta que fue condenado a 12 años.

8. Cléver Jiménez: En la mañana del viernes pasado la jueza Lucy Blacio emitió las boletas de encarcelamiento para el asambleísta de Pachakútik Cléver Jiménez; su asesor, Fernando Villavicencio, y el activista político Carlos Figueroa. La jueza dispuso, en el caso de Jiménez, la suspensión de sus derechos de ciudadanía durante el tiempo de la sentencia, es decir, que pierde su condición de asambleísta. La noticia la dio el Presidente cuando grababa su enlace sabatino. En 2011 Jiménez, Villavicencio y Figueroa pusieron una denuncia en la Fiscalía acusando al Presidente de haber ordenado una incursión armada al Hospital de la Policía para ser rescatado durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Tras nueve meses de investigaciones la Fiscalía declaró la denuncia como maliciosa y temeraria. El Presidente puso una contrademanda. Los jueces dieron la razón al presidente Rafael Correa en todas las instancias. Además de la cárcel, los tres sentenciados deberán pagar una indemnización de $140 mil al Presidente. Jiménez tiene tres hijos. (JT)

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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