Ecuador: Las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio del Estado

27 marzo, 2014

Imagen-Ecuador: Las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio del Estado

por Vladimir Andocilla R.*

Como era de esperar, las medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, abrieron nuevamente el debate sobre la obligatoriedad para el estado ecuatoriano de cumplir las resoluciones de la CIDH, ante lo cual, caben algunos reflexiones:

La Comisión fue creada por la Organización de Estados Americano (OEA) en 1961, con la obligación de supervisar el cumplimiento de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Para el año de 1967 pasó a ser uno de los órganos principales de la OEA mediante la reforma a la Carta de la OEA, que en su artículo 53 dice: “La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de: a) La Asamblea General; b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; c) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos); f) La Secretaría General; g) Las Conferencias Especializadas, y h) Los Organismos Especializados.[…]; Artículo 106.- Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.”

De esta manera la CIDH adquiere autonomía, tanto de sus órganos como de los países miembros de la OEA, ya que tiene la obligación de supervisarlos en el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de los mismos.

El reconocimiento de la CIDH como parte de los órganos de la OEA le da la competencia de supervisar a todos los firmantes de la Carta de la OEA, incluido los Estados Unidos, tanto es así que existen varios informes de la Comisión Interamericana en contra de EEUU, desde informes sobre la Base de Guantánamo, informes sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos y varias decisiones sobre la ejecución de personas mediante pena de muerte.

Las medidas cautelares son instrumentos que permiten prevenir una potencial violación a los DDHH de una persona o comunidades hasta que la Comisión termine de revisar su caso y tome una resolución del mismo, al emitir estas medidas el organismo de DDHH no está juzgando al Estado ni prejuzga el fondo del caso que podría llegar a su conocimiento, Lo que hace es solicitar al Estado para que, en situaciones graves y urgentes, adopte medidas a fin de prevenir daños irreparables a las personas o comunidades.

Uno de los temas que ha concitado la atención en los últimos días es sobre el carácter obligatorio de las resoluciones de la CIDH, sobre aquello podemos decir:

El tema del cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema fue abordado incluso por la Asamblea General de la OEA que aprobó dos resoluciones sobre este tema. En una de ellas se acordó dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, incluyendo las medidas cautelares. En la otra, se reiteró que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables y que los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a cumplir sus decisiones.

La Corte IDH al respecto de esto, decidió en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú que “… en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función ‘promover la observancia y la defensa de los derechos humanos’ en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 11)” más adelante acotó que “asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte ‘para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes’, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes”.

Nuestra Constitución, en su artículo 11.9 establece como el deber más alto del Estado la garantía de los derechos humanos, por ende, mal haría el gobierno en desatender los llamados de la CIDH para adoptar medidas interinas de protección, en este caso las medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figeroa.

* Investigador IEDPIC

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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