Rafael Correa, de mal en peor

8 mayo, 2014

Imagen-Rafael Correa, de mal en peor

Graves son las noticias que llegan desde la Amazonía de Ecuador. Y grave el proceder del siempre polémico Presidente Rafael Correa, de horrorosa relación con el movimiento indígena local.

Correa, a poco de asumir el poder, logró lo que para muchos era impensable de un gobierno de izquierda; transformar a la Conaie -el principal referente de los pueblos y nacionalidades indígenas de su país- en oposición. Y fiel a su estilo, lo hizo descalificando duramente por los medios a sus principales portavoces, acusándolos de “separatistas”, “extremistas” y “aliados de la derecha”. ¿El pecado de la Conaie? Oponerse, como lo han venido haciendo desde los años 90’, al modelo extractivista petrolero que amenaza territorios y formas de vida de pueblos indígenas, y que ha gozado de inmejorable salud bajo la administración “socialista” de Correa.

En las últimas semanas esta pésima relación ha llegado a un punto crítico. Y podría escalar hacia una intervención militar en uno de los territorios más emblemáticos para el movimiento indígena ecuatoriano: la comunidad Kichua Sarakayu, en la provincia de Pastaza, selva amazónica. ¿La razón? El asilo humanitario que el Congreso del Pueblo Sarayaku le ha otorgado en su territorio al diputado Clever Jiménez, al periodista Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa, perseguidos por la justicia por sus críticas al primer mandatario. Ya la comunidad indígena ha denunciado vuelos de helicópteros militares en la zona y preparativos de una incursión armada. Y advertido que habrá resistencia.

El caso tiene su origen en 2011, cuando los tres opositores a Correa presentaron ante la Fiscalía una denuncia por graves delitos contra el mandatario, entre ellos, el de lesa humanidad por la incursión de militares al Hospital de la Policía para rescatarlo durante la revuelta del 2010. Si bien la Fiscalía no encontró pruebas, Correa contrademandó por injurias, y finalmente la Corte Nacional de Justicia ratificó una sentencia de 18 meses de prisión para Jiménez y Villavicencio, y seis meses para Figueroa. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, decretó medidas cautelares en favor de los tres condenados, avalando de esta forma su reclamo de ser víctimas de persecución política.

Lo acontecido en Ecuador pone en cuestión al menos dos cosas. Por un lado, y una vez más, la pésima relación de Correa con el movimiento indígena ecuatoriano, que ha respaldado el derecho soberano de Sarakayu de asilar “por razones humanitarias” al diputado de la Asamblea Nacional. Y es que Jiménez no es cualquier asambleísta; fue electo parlamentario por Pachakutik, el brazo político de la Conaie. Y Sarakayu no es cualquier territorio. Hablamos de un bastión de la resistencia indígena continental, favorecido por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que en 2012 condenó al Estado ecuatoriano por no haber realizado en los 90’ una “consulta previa, libre e informada” sobre la explotación petrolera en la zona.

Por otro lado, el caso revela la contradicción existente entre ideologías de izquierda “revolucionaria” con la autonomía y los derechos de los pueblos y naciones indígenas, algo ya advertido en los 90’ por el sociólogo francés Yvon Le Bot en “La Guerra en Tierras Mayas” (FCE, 1992). “El sueño guevarista nació en Guatemala, pero allí el Che no vio a los indígenas” afirma Le Bot al comienzo de su libro, fundamental para entender el fracaso de las experiencias guerrilleras en el continente. La referencia al Che no es casual. Tampoco en Bolivia el guerrillero vio a los indígenas, misma ceguera de las FARC con los indígenas del Cauca. O aquella de los sandinistas con los Miskito en Nicaragua. Aunque estos últimos si los vieron, pero como enemigos, combatiéndolos por defender su territorio y autonomía. Pocos recuerdan que la Corte-IDH condenó años más tarde al gobierno sandinista por violación de derechos humanos. Y que los Miskito fueron defendidos por un joven y brillante abogado navajo de Harvard: James Anaya, actual relator de la ONU para asuntos indígenas.

“Pretender tener repúblicas independientes dentro del país arrogándose funciones que nadie les ha otorgado (…) evidencia la inopia arrogancia y politización extrema de los dirigentes  Sarayakus”,  señaló el Presidente Correa al enterarse del asilo humanitario otorgado a los tres opositores en la selva. “No existe ningún obstáculo para que el Estado ejerza su soberanía en cada centímetro cuadrado  del territorio  nacional. Es gravísimo lo que está pasando. Aquí no hay nada que negociar”, advirtió a renglón seguido. La soberanía del Estado. Interesante concepto el de Rafael Correa, conservador en extremo y a contracorriente de todo lo avanzado por la comunidad internacional en materia de reconocimiento de los derechos indígenas. La culpa, advierten en Sarayaku, es de un gobierno que –al igual que Chávez en Venezuela- basa sus programas sociales casi exclusivamente en la renta petrolera. ¿Cómo resolverá Correa esta contradicción vital de su modelo económico?

No sólo en Sarayaku aguardan una respuesta. En octubre del año pasado, la Asamblea Nacional de Ecuador, de mayoría oficialista hasta el 2017, autorizó la explotación estatal de los campos petroleros ubicados en el Parque Nacional Yasuní, en el este de la Amazonia ecuatoriana. Poco importaron, una vez más, los reclamos de los pueblos indígenas. O que el Yasuní sea considerado una reserva de la biosfera por parte de la Unesco. “El voluntarismo de cuidemos a la naturaleza, pero murámonos de hambre es una irresponsabilidad”, respondió Correa a los opositores al proyecto. También los acusó de confundir a la opinión pública con “oscuros intereses”, los mismos que, a su juicio, estarían detrás del asilo político en Sarayaku. Es Correa y su particular estilo. Si me lo preguntan, de mal en peor.

Fuente: voces.latercera.com

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