Ecuador: ¿Que estado, que derecho?

9 mayo, 2014

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Por Fausto Giraldo

“Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita.

A diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica.”.

L. Ferrajoli

Los gobiernos cuando han visto, de una u otra forma, afectadas las políticas que implementan hacen referencia a la “violación del Estado de derecho” como mecanismo para disuadir, principalmente, la movilización social. El actual régimen en nuestro país no ha sido la excepción, por ejemplo la posición asumida por la comunidad de Sarayacu en relación a la protección al asambleísta Cléver Jiménez y dos de sus colaboradores.

Debe quedar claro que el Estado al que hacen referencia estos gobernantes es a lo que varios autores definen como lo hiciera Groppali: “Estado es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un territorio con un poder de mando supremo representado éste en el gobierno” y niegan que exista la formulación propuesta por Karl Marx: “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no el cómo”.

Es decir, es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. En este marco el Estado ecuatoriano ha sido concebido como el territorio y un gobierno para cuyo ejercicio requiere de la configuración de su superestructura: legislativa, jurídica, cultural, ideológica y militar, esta última como mecanismo de sometimiento por la fuerza que modifique los comportamientos poblacionales en base al “derecho” implementado como norma de convivencia social.

Por otro lado “Derecho” se podría decir que es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dado. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos.

Siendo así, quien gobierna establece la base jurídica o normas que sujetaran el denominado convivir social a través de la legislación y por ende las mismas corresponderán al pensamiento o ideario de quien ejerce ese gobierno. Recordemos que en el 2008 las y los ecuatorianos en base a una propuesta que planteaba principalmente conducir a la sociedad en la búsqueda del denominado “buen vivir” aprobó una nueva Constitución como norma jurídica superior que regularía las relaciones de este “supuesto” nuevo Estado, mas sin embargo en la implementación del andamio jurídico: las Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones perdieron coherencia entre los postulados constitucionales y los contenidos normativos. Por tanto he aquí el primer hecho de violación del denominado Estado de Derecho.

La Constitución de la República manifiesta en su artículo 1, sobre los principios, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos (…)”. Y en concordancia con ello el artículo 6 manifiesta.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”. Pues miremos esa violación efectiva al Estado de Derecho con los mismos argumentos de la norma suprema.

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” (Constitución 2008, Art. 11, Nrl 2).

Cuantas ocasiones hemos escuchado mediante las denominadas sabatinas, cadenas y spots o cuñas mediáticas como es que el gobernante induce mensajes de discriminación por todas las razones mencionadas en el párrafo anterior y que ninguna institución, autoridad o ley sanciona esta forma de violación del derecho. No se puede olvidar epítetos como gordita horrorosa, coloradita, mafiosos, izquierda infantil, drogadictos y alcohólicos, retardados mentales, entre otros que vulneran y denigran la condición humana de las personas.

La Constitución “declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. Con la decisión de explotar la parte respectiva al ITT Yasuni se estaría violando este Estado de Derecho.

Ha de considerarse también en este aspecto el derecho a la educación en condiciones dignas y de accesibilidad para todas y todos, pudiéndose evidenciar la negación de este derecho a cientos de miles de niños y adolescentes que hoy tienen límites y dificultades en obtener un cupo escolar o los miles de jóvenes que no han podido ingresar a la educación superior; así también el negado derecho de las amas de casa o mujeres embarazadas a la seguridad social ya que no hay decisión política del gobierno para generar la norma jurídica que permita su afiliación.

El Estado actual en que vivimos y su derecho ha sido violentado con mayor agudeza cuando el bien más preciado de la sociedad “la libertad” ha sido vulnerada por aquellos que hoy la publicitan pero ya en la práctica la están suprimiendo amparados en las leyes que justamente con su ideario han aprobado desde el legislativo.

Por ejemplo el precepto constitucional de que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”, es incumplido. Eso de la “Iniciativa Popular” y el “ser consultados” se derrumban con lo acontecido en la revisión de firmas recolectadas por YASUNIDOS para promover una consulta popular sobre la explotación petrolera en el ITT Yasuni; el poder público respectivo, llámese organismo electoral, habría sucumbido frente al público pronunciamiento gubernamental de que “en los planes del gobierno no está la consulta popular” y luego de una posible falta de transparencia en este proceso determinarían que no se alcanzaría a completar las firmas requeridas para el acto consultivo y es más “estarían pensando criminalizar esta iniciativa”. Se va perfilando entonces el Estado y el Derecho al que se refieren y que lo violentan.

La violación al derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones es un referente de este Estado. Se ha criminalizado la opinión, la protesta y la lucha social; jóvenes, maestras, líderes sociales e indígenas, comunicadores y periodistas, medios de comunicación, gente común del transitar diario en las vías, y otros son objeto de juicios por emitir su pensamiento crítico a la política del régimen. Encarcelados, enjuiciados, linchamiento mediático y más expresiones persecutorias son fiel reflejo de lo mencionado.

“El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario” no existe para el ciudadano común afectado por la autoridad pública, sin embargo el poder exige compensación cuando este es mencionado en una opinión. Hay casos en los que sin pruebas se ha agraviado a las personas “violándose el mismo Estado de Derecho” impuesto por ellos, a través por ejemplo de la Ley de Comunicación, pero no hay una sola experiencia de réplica en una sabatina, por decirlo menos, peor aún en cadenas radiales y televisivas en donde se puede decir se comete linchamiento mediático.

Se emite un decreto ejecutivo numero 16 mediante el cual se regula la organización social y desaparecen la organización de hecho. Sería una flagrante violación al Estado de Derecho, pues a más de irrumpir y echar abajo los artículos 95 y 96 de la Constitución que determinan el respeto a la autodeterminación de la organización de la sociedad, vulnerando la participación ciudadana terminan con lo dispuesto también en la norma suprema referente al derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, es más en un hecho inusitado se detiene, enjuicia y criminaliza a jóvenes que se reúnen y asocian para defender el agua y la vida, conocidos como los diez de Luluncoto.

Podría enunciarse muchos más aspectos relacionados con esta violación al Estado de Derecho, por ello es que no queda claro a qué Estado y a que derechos se refiere este poder transitorio, si la Constitución dispone aspectos que permanentemente son violados; si las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones no son concordantes con esta constitución; si las instituciones y entidades públicas hacen caso omiso a las disposiciones y se “rebuscan” o crean argucias jurídicas para impedir el convivir social y judicializan las libertades bajo el tenor de las alocuciones presidenciales; si la participación ciudadana es condicionada a la institucionalidad y no a la autodeterminación popular; si el pensamiento diferente simplemente es encarcelado y censurado.

Un Estado diferente es el que si aspiramos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, en el que los derechos de vida sean respetados por todas y todos, en el que las relaciones sociales sean principalmente de distribución equitativa de la riqueza que se genera por el trabajo y las normas regulen no la sanción sino el derecho colectivo y que apuntale la construcción de una sociedad del vivir común, más allá del territorio como espacio geográfico y un gobierno como órgano de administración de una propiedad que no le pertenece como es la existencia humana.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

 

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