Ecuador: Ley de Ordenamiento Territorial, centralista e inconstitucional

14 mayo, 2014

Imagen-Ecuador: Ley de Ordenamiento Territorial, centralista e inconstitucional

Por Natasha Rojas

El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo consta de dos capítulos, seis títulos, sesenta y siete artículos, cuatro disposiciones generales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Este documento fue elaborado por una consultora española a un costo de 95.000 dólares.

Esta propuesta, parte del proyecto político del gobierno de Rafael Correa para controlar los Gobiernos Autónomos Descentralizados, junto al Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, limita el proceso de descentralización de los gobiernos locales y constituye una respuesta a la derrota electoral sufrida el 23 de febrero, que dio como resultado un cambio en la correlación de fuerzas en la dirección de los GADs.

Esta norma, en lo fundamental, tiene como objetivos: Implementar un instrumento legal para viabilizar el proyecto político de modernización del capitalismo; crear una estructura con suprapoderes para controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados; limitar la autonomía y capacidad de decisión de los GAD´s; intervenir los gobiernos locales; incorporar una nueva categoría de uso de suelo rural para la intervención extractivista de recursos naturales; y, facilitar el control y apropiación del uso del suelo por parte de las élites económicas afines al gobierno, en contraposición con las élites económicas que tradicionalmente han controlado principalmente las grandes ciudades.

Una estructura con suprapoderes para controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados

El Art. 55 crea la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo y el numeral 1 contempla que es un “órgano colegiado dotado de autonomía para el ejercicio de sus funciones” ; el numeral 3 en su literal b) señala que estará compuesta por “La máxima autoridad de los ministerios o entes rectores de las políticas de planificación nacional y de medio ambiente, o las personas en quienes deleguen”, lo que deja en claro la composición mayoritaria por los representantes del gobierno central.

El Art. 57 crea la Superintendencia del Territorio y el Suelo que en su numeral 1 señala que constituye el “organismo técnico de vigilancia y control de las actividades, sean públicas o privadas, que inciden sobre el territorio y usan u ocupan el suelo y de los servicios públicos”. De esa manera el que el gobierno central intervendrá discriminada y punitivamente en el desarrollo de las actividades de los gobiernos autónomos descentralizados que tengan una posición crítica e independiente.

Limitar la autonomía y capacidad de decisión de los GADs

El Art. 14 literal b) establece que para la aprobación de los planes de ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados deberán “Consultar con el gobierno central… su omisión es causa de nulidad del plan”. Así quedan anuladas la autonomía y la capacidad de decisión de los gobiernos locales, dando paso a la imposición y chantaje del gobierno central.

A través del Art. 16 numeral 1, que determina   “La remisión al gobierno central debe cursarse a los entes rectores cuya autorización o informe favorable sea obligatorio para poder aprobar alguna determinación del plan y a la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, quien se encarga de trasladársela a los ministerios y entes rectores representados en su composición” se centraliza , burocratiza y se pone filtros en la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, afectando el funcionamiento ya complejo de los gobiernos locales.

Intervenir los gobiernos locales

El Art. 58 numeral 1 indica que “la Superintendencia puede actuar de oficio, por denuncia o requerimiento ciudadano o por petición razonada de otro órgano u organismo público…”, lo que va de la mano con el Art. 59 numeral 1 que determina la potestad de que “La Superintendencia puede dictar una resolución por la que asume la competencia de control”. En otras palabras, basta que una persona denuncie supuestas irregularidades para que se inicie la persecución política a las autoridades locales y la Supertintendencia asuma las competencias de interés gubernamental.

Uso de suelo rural: nueva categoría para promover el extractivismo

En el Art. 25 literal c) define que el “Suelo rural para aprovechamiento extractivo: es el destinado por la autoridad competente a actividades extractivas de recursos naturales”., con lo que se abre las puertas a la política extractivista y se limita la acción de los gobiernos locales que han expresado y resuelto, a través de ordenanzas, la defensa del agua, la vida y los recursos naturales, como es el caso de los dirigidos por los prefectos Salvador Quishpe, Paúl Carrasco, Guadalupe Llori, Marcelino Chumpi; los alcaldes Rodrigo Quezada, Jomar Cevallos y varios representantes de Juntas Parroquiales Rurales.

Eso se viabiliza a través del Art. 8 que determina que “el gobierno central puede aprobar planes estratégicos de ordenamiento territorial con el objeto exclusivo de regular la localización espacial y el impacto territorial de los proyectos nacionales de carácter estratégico”; y el Art. 20 numeral 3 que estable que “… los proyectos estratégicos aprobados por el gobierno central… primarán sobre los restantes planes de ordenamiento territorial”. En consecuencia, se desconocen las competencias de los GADS establecidas en la Constitución y el COOTAD, y se da paso a la aprobación de planes de ordenamiento territorial paralelos a los fijados por los gobiernos locales.

Otros aspectos a considerar

Art. 2.- Se reconoce la unidad geográfica e histórica del territorio, pero se desconoce la existencia del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano.

Art.- 7.- Determina parámetros obligatorios para fijar las superficies mínimas de los predios productivos en el suelo rural, de acuerdo con su modelo económico productivo y ambiental… Lo que significa desconocer la realidad socioeconómica de los campesinos e indígenas, interviniendo en la estructura de la propiedad campesina.

 Art. 45.- La creación del banco del suelo está dirigida a la expansión inmobiliaria, dejando de lado los proyectos de vivienda de interés social, lo que evidencia que el objetivo fundamental es la disputa por la tenencia de la tierra con las élites locales.

Art. 51.- Con este artículo se pretende incrementar las rentas de los gobiernos locales mediante nuevas cargas impositivas.

Por ello es necesario exigir a través de diversos mecanismos que se archive este proyecto de ley ya que no busca resolver los problemas existentes de tenencia de la tierra como señala el gobierno, sino controlar, sancionar y limitar la acción de los gobiernos autónomos descentralizados.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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