Brasil 2014: Colera en tiempo de futbol

18 junio, 2014

Imagen-Brasil 2014: Colera en tiempo de futbol

Federico Corriente, Jorge Montero, Autores de ‘Citius, altius, fortius. El libro negro del deporte’

Los autores desgranan los colosales costes económicos y humanos del Mundial de Fútbol en Brasil, y el papel del imperio de la FIFA, que han provocado la rebelión de los brasileños al grito de “No van a tener Copa”.

“El fútbol hace muy bien al país, le trae tranquilidad social, la gente hace quince días que habla del Argentina-Brasil por la Copa y seguirá hablando una semana más, dejando de lado otros problemas”.

João Havelange

“Si Havelange vende las armas, Blatter vende las balas”

Diego A. Maradona

¿Quién iba a imaginar a cientos de miles de brasileños protestando a las puertas de los estadios en contra de que su país sea la sede de la Copa del Mundo?, se preguntaban sociólogos, especialistas de la comunicación e intelectuales de toda laya tras la oleada de protestas en junio del año pasado.

En vísperas de la celebración del Mundial 2014, vuelven a los mismos tópicos manidos y no acaban de comprender: “¿Por qué Brasil, la meca del fútbol, un país cuyos ciudadanos llevan en el ADN la pasión por el balón, se manifiesta contra la celebración de la Copa?”, “¿Cómo puede suceder esto si el fútbol es para los brasileños motivo del mayor orgullo nacional?” y así ad nauseam.

El costo total del Mundial asciende a más 14.500 millones de dólares (más del doble que en Sudáfrica 2010 o casi el triple que en Alemania 2006).

Quien tampoco parece entender nada es el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que, molesto por los retrasos acumulados en la construcción de varios estadios en los que van a celebrarse los partidos del Mundial, declaró en enero de 2014: “Yo soy un optimista, no un miedoso. El fútbol será protegido, no creo que los brasileños ataquen directamente al fútbol, porque para ellos es una religión”. Pero, si esto fuera cierto y, si resulta que en Brasil el futebol es el opio del pueblo, su “santuario”, el país en el que el fútbol levanta más pasiones que en ningún otro lugar del planeta, nosotros nos preguntamos ¿qué nueva pasión es la que se ha adueñado de los brasileños para levantar su voz y gritar “¡no van a tener Copa, van a tener huelga!”?

La mecha prendió en 2004, cuando estallaron revueltas en contra del aumento del precio del billete en el transporte público; desde entonces, el malestar entre los brasileños no ha dejado de crecer y de radicalizarse hasta que en junio de 2013 se desató una oleada de protestas en las ciudades que van a ser sede de la próxima Copa del Mundo de 2014, toda vez que se hacía público que los gastos derivados de estas celebraciones deportivas no serían financiados en su totalidad por la iniciativa privada, como había asegurado el gobierno en 2007, sino que iban a ser sufragados por el erario público. Y es que sólo el coste de la construcción de los estadios se ha triplicado sobre el presupuesto inicial. El costo total del Mundial asciende a más 14.500 millones de dólares (más del doble que en Sudáfrica 2010 o casi el triple que en Alemania 2006). Como no podía ser de otra manera, el despilfarro descomunal en estas inversiones, de nula o más que dudosa utilidad social, destinadas a la construcción de estadios, aeropuertos e infraestructuras viarias para la organización de las celebraciones deportivas, dilapidan los limitados recursos públicos en beneficio de las grandes empresas, de las clases adineradas e intereses privados y en detrimento de las clases más desfavorecidas.

La celebración en Brasil de la Copa del Mundo proporciona al gobierno de Dilma Rouseff, una coalición integrada por el Partido de los Trabajadores y sus amigos del Partido Comunista de Brasil, un pretexto ideal para legitimar una avalancha de reconversiones urbanísticas y operaciones especulativas sin precedentes, cuyo resultado es que miles de personas de las doce ciudades anfitrionas han sido expulsadas (mobbing inmobiliario, cargas policiales y expropiación forzosa) y han perdido sus hogares y sus medios de subsistencia, lo que en realidad significa lisa y llanamente exclusión. En São Paulo se han quedado sin techo más de 70.000 familias, y en Río de Janeiro 40.000, aunque se estima que entre 150.000 y 170.000 personas podrían ser desalojadas de sus favelas y de sus viviendas, que serán arrasadas para construir las infraestructuras y autopistas que conecten los aeropuertos a los nuevos estadios (tal como pasó en el Mundial de Sudáfrica o en los Juegos de Pekín 2008, donde se llegó a desalojar a un millón y medio de personas).

Las favelas demolidas se situaban en cerros poblados hace más de cincuenta años, donde vivían trabajadores y pobres en condiciones de gran precariedad; sin agua, luz, saneamiento, hospitales ni escuelas. No en vano, Brasil es el paraíso del capitalismo salvaje, el país más desigual del mundo y un espacio de fuerte especulación inmobiliaria que se intensifica a medida que se acerca la celebración de la Copa del Mundo y de los Juegos de Río. Así, por ejemplo, a causa del Mundial, los alquileres en los alrededores de Itaquera (São Paulo), el suburbio en el que se ubica un nuevo estadio de fútbol, aumentaron 115 euros al mes el año pasado, lo que imposibilita que los más desfavorecidos accedan a una vivienda. Esta situación es tan evidente que hasta alguien tan poco sospechoso de ser contrario a la celebración del Mundial como Carlos Alberto Parreira, actual coordinador técnico de la selección carioca de fútbol, declarase: “el aficionado no puede vivir en un estadio”. Brasil cuenta con más de cincuenta millones de pobres, que equivalen a la suma de los habitantes de Perú y Ecuador. Es más, el denominado “índice de desarrollo humano” de la ONU sitúa la favela Complexo do Alemão en Río de Janeiro por debajo de Gabón (el país más pobre del mundo), mientras que otros barrios de la misma ciudad superan la puntuación de Noruega, el país mejor situado en esta macabra clasificación.

Un proyecto virtual

En 2007, durante la era del anterior presidente, Lula da Silva, las autoridades brasileñas se las prometían muy felices cuando la FIFA y el COI, respectivamente, les otorgaron la organización del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016. En 2013, sin embargo, el sueño se ha convertido en pesadilla: desaceleración económica, graves problemas estructurales e inflación galopante. La cruda realidad es que la designación de la sede de la Copa del Mundo fue más bien un proyecto virtual en un país saturado de desigualdades económicas y con una cobertura pública más que deficiente. No es de extrañar, por tanto, que la gente se pregunte: ¿El fútbol va a salvarnos la vida?, ¿Un nuevo estadio va a arreglar mi situación? ¿Qué sentido tienen las doce sedes del Mundial? ¡Queremos saber de verdad cuánto va a costarnos! Pero la única respuesta es el silencio. De hecho, el modelo de contrataciones aprobado por el Congreso y sancionado en agosto de 2011 por el Ejecutivo brasileño para la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 permite que, “para ganar agilidad”, los gobiernos federales, estatales y municipales dejen de divulgar los presupuestos antes de las obras a licitarse.Las obras de construcción o de rehabilitación de los estadios que albergarán los partidos del Mundial, estimadas en un principio en 800 millones de euros, superan ya los 2.700, una inversión total superior a la efectuada por Alemania en 2006 y Sudáfrica en 2010 juntas. Lo cierto es que la Copa del Mundo de 2014 será la más cara de la historia y que el 99% de los gastos serán asumidos por el Estado brasileño, es decir, que son los impuestos que paga el contribuyente los que hacen que este torneo sea posible. Se han construido cinco estadios nuevos y se han reformado otros siete. Únicamente la renovación de dos estadios y parte de un tercero son de financiación privada, ya que los inversores no han querido sufragar el resto. Los empresarios saben de antemano que, después de la celebración de la Copa del Mundo, los estadios no serán rentables y que algunos, como el estadio Arena da Amazonia en Manaos, no se volverán a utilizar jamás.

Cantos de sirena de la Fifa

Pero, ¿por qué asume el Estado la construcción de los estadios? Los países que compiten por celebrar la Copa del Mundo lo hacen con la promesa de crecimiento económico e inversión. Estas ilusiones son fomentadas a bombo y platillo por los burócratas de la FIFA, cuyo trabajo consiste en persuadir a los habitantes del país anfitrión de las enormes ventajas que conlleva tamaño”privilegio”. Apelando al orgullo nacional, la propaganda oficial insiste hasta la saciedad en el enorme impacto que supone para el desarrollo económico. Así, en 2010, las autoridades brasileñas cifraban el potencial impacto económico en 44.000 millones de euros y la creación de tres millones y medio de empleos. La agencia de “calificación de riesgos” Moody’s, sin embargo, advirtió hace unos meses que el Mundial 2014 tendría un impacto “poco duradero” o muy limitado en la economía de Brasil. Otras fuentes consideran que la cifra total de empleos directos e indirectos no superará los 300.000. Y según cálculos del gabinete de investigación británico Capital Economics, el aumento del consumo sólo supondrá entre un 0,1 y un 0,2 por ciento del PIB nacional. Con todo, nadie es capaz de concretar nunca la manera en que la colosal inversión pública que este evento deportivo exige revierte en la mayoría de la población. Lo cierto es que la FIFA, como siempre, es la única beneficiaria, a la vez que es fácil averiguar quién va a pagar la factura. De hecho, una reciente encuesta realizada por el instituto Datafolha revela que el 55% de los brasileños afirma que el Mundial traerá más perjuicios que beneficios.

Esta Copa del Mundo tan amiga de desalojar barrios enteros para promover la especulación inmobiliaria, ha sido aprovechada por el Estado brasileño –como viene siendo habitual por parte de los gobiernos anfitriones con el pretexto de la celebración de grandes competiciones internacionales– para realizar grandes inversiones en medios de control social y de represión. El gobierno de Dilma Rouseff ha invertido un total de 950 millones de dólares en la seguridad del Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, de los que unos quinientos millones corresponden a equipos y tecnología.

Al igual que en las Olimpiadas de Pekín o en el Mundial de Sudáfrica, la Copa del Mundo en Brasil se celebra en un país presidido por una casta política armada hasta los dientes contra su propia población y que ha aprovechado a fondo la ocasión que se le brinda para aprobar nuevas leyes y poner a prueba nuevos mecanismos y tecnologías de control social, así como para dar una formación intensiva al personal militar, policial y de las empresas de seguridad privada. La celebración del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos de Río de 2016, ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en un país donde existe una guerra declarada en las favelas entre la corrupta policía militar, grupos parapoliciales y narcotraficantes, que tiene como principales víctimas a los pobres. En efecto, el estado de excepción que vive Brasil, y que culminará durante junio y julio de 2014, comenzó ya en 2011 en diferentes favelas, que fueron invadidas por la irónicamente denominada “policía de pacificación”, célebre por sus ejecuciones sumarias y las continuas desapariciones de sus pobladores. Rocinha, por ejemplo, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, fue ocupada en una macro operación que movilizó a 3.000 militares y policías.

“Para evitar manifestaciones violentas, el torneo de fútbol tendrá el más alto nivel de seguridad imaginable”, Jérôme Valcke

Entretanto, los operativos con tanques, helicópteros y tropas de élite del ejército se suceden uno tras otro para “limpiar” las 40 favelas cercanas a los estadios de fútbol. Es el caso del Complejo da Maré, la favela más grande de Río de Janeiro y de Brasil, invadida en marzo de 2014 por 2.700 soldados del Ejército y de la Policía Militar, y en la que además de tiradores de élite y carros blindados, varios helicópteros sobrevolaron la zona con vuelos rasantes para dar cobertura a las fuerzas de tierra. El Complejo da Maré, poblado por quince comunidades con más de 130.000 habitantes, está situado en un lugar estratégico atravesado por las tres grandes vías de comunicación de la ciudad (la avenida Brasil, con ocho carriles de intenso tránsito, la Línea Amarilla y la Roja) que conectan con el aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim, lugar de llegada para los miles de turistas que asistan al Mundial. El 29 de marzo, la víspera de la ocupación, un juez de Río expidió una “orden colectiva de búsqueda y aprehensión”, que autorizaba a la policía a entrar en las viviendas. Se trata de una figura jurídica que ha suscitado gran oposición en Brasil por criminalizar la pobreza y porque sólo se utiliza en las favelas. Asimismo, y estrechamente ligada a la celebración del Mundial Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río 2016, en diciembre de 2013 fue aprobada la Ordenanza 3.461 del Ministerio de Defensa que prevé “la utilización de las fuerzas armadas para mantener el orden interno”. El general Ronaldo Escoto, comandante de la llamada Fuerza de Pacificación, declaró llevar a cabo tareas de “patrullaje de saturación” porque “vamos a restablecer la presencia del Estado”. Los militares permanecerán allí hasta el 31 de julio para garantizar la “paz social” durante la Copa del Mundo.

78.000 policías y militares movilizados

El Gobierno brasileño, asesorado por unidades de élite antiterroristas estadounidenses, ha entrenado a 50.000 policías y 25.000 vigilantes de seguridad privada. Las autoridades movilizarán a más de 60.000 agentes y alrededor de 18.000 militares reforzaran la seguridad durante la Copa. También han dispuesto una fuerza policial antimotines para apoyar a las fuerzas del orden en las protestas. Un total de 10.000 policías seleccionados recibirán entrenamiento en control de multitudes de la FNSP (un batallón de élite ligado al Ministerio de Justicia especializado en “prevenir” la violencia urbana). En Río de Janeiro, sede del partido de clausura del Mundial, más de 2.300 policías se desplegarán en los alrededores del estadio Maracaná. En el interior, sin embargo, las tareas de vigilancia correrán a cargo de una empresa privada de seguridad contratada por la FIFA. Y por si con todo este despliegue de distintos cuerpos de seguridad no bastara, las doce ciudades anfitrionas de la Copa contarán con 180.000 agentes, todo un récord en un Mundial. A este respecto, el testimonio de Jérôme Valcke, secretario general de la FIFA, no puede ser más elocuente: “para evitar manifestaciones violentas, el torneo de fútbol tendrá el más alto nivel de seguridad imaginable”.

Nunca antes, un Mundial había necesitado tal despliegue: Brasil será vigilado por tierra, mar y aire. Alegando la supuesta necesidad de que las fuerzas de seguridad protejan el espacio aéreo de los eventos deportivos, el Estado brasileño adquirió recientemente un sofisticado sistema de artillería antiaérea de baja altitud, cuya capacidad defensiva para salvaguardar los estadios de fútbol tiene un radio de ocho kilómetros, y está preparado también para interceptar misiles de crucero y aviones no tripulados. Dilma Rousseff ha encargado también la fabricación de un vehículo blindado nacional, inspirado en modelos israelíes y sudafricanos, para sustituir al denostado caveirao (blindado del tamaño de un autobús que lleva por distintivo una calavera y que utiliza la policía militar para invadir las favelas); además, el tristemente célebre Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) –concebido durante la dictadura militar como una “máquina de guerra”, tiene en su haber el asesinato de casi 7.000 pobres de las favelas entre 2003 y 2008– ha renovado su dotación de armamento con la incorporación de nuevas ametralladoras, equipos para detección de explosivos y para misiones tácticas especiales. Con todo, Jérôme Valcke advierte que en el Mundial de Brasil “no se tolerará ninguna manifestación política en los estadios”.

El fuego se mantiene prendido

Los gastos desorbitados, el desalojo de viviendas y la represión, vinculados a la Celebración de la Copa del Mundo, unidos al aumento del precio del billete en el transporte público fueron el detonante que hizo estallar los disturbios en noventa ciudades brasileñas en junio del año pasado, coincidiendo con la celebración en este país de la Copa de Confederaciones. Cuando casi se ha cumplido un año, lejos de apagarse el fuego, no hace sino propagarse, las protestas multitudinarias en contra de la celebración del Mundial y a favor de una mayor inversión en hospitales, escuelas y transportes no dejan de aumentar. Es más, el malestar reinante en Brasil es tal que una reciente encuesta, realizada en abril de este año, asegura que un 70% de los brasileños están en contra de que se organice allí el Mundial. El último sondeo de opinión publicado por un diario, a mediados de mayo, revela que a los brasileños no les interesa jugar ni ganar la Copa: sólo el 55% de la población apoyará a la canarinha, el resto –por primera vez en la historia– prefiere que su país pierda el Mundial. Incluso la tradición de decorar las calles de las ciudades del país antes de la celebración de un Mundial, que tuvo su apogeo durante las décadas de 1980 y 1990, ya no interesa a nadie.

El descontento de la sociedad brasileña con el Mundial ha generado algo insólito en este tipo de eventos deportivos internacionales, a saber, que en el país anfitrión no exista un consenso social a favor de la celebración de la Copa del Mundo. El Mundial se ha convertido, por el contrario, en un elemento catalizador de las enormes desigualdades sociales del país. Las movilizaciones del año pasado dieron nacimiento a los Comités Populares contra la Copa, que llevan meses organizando protestas en las principales ciudades de Brasil, en particular en São Paulo y Río de Janeiro, y en cada una de las doce sedes en las que se va a celebrar el Mundial. Por su parte, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), “un movimiento de trabajadores informales, subempleados y desempleados que no tienen una vivienda digna” ha organizado protestas casi a diario contra el Mundial, ha tomado las sedes de varias grandes empresas constructoras contratadas en las obras mundialistas y ocupado terrenos en las proximidades de los estadios. Así, por ejemplo, en vísperas del inicio de la Copa del Mundo ocuparon las oficinas centrales de la constructora Viver, en São Paulo, para reivindicar que en un terreno que mantienen ocupado en los aledaños del estadio Arena de esta ciudad, sede del partido inaugural del Mundial, se edifiquen viviendas populares.

Pero además de protestar en las grandes capitales, como São Paulo y Río, el movimiento contra la Copa del Mundo lo hace en otras muchas ciudades de Brasil. Recientemente, en Belém, (capital del Estado de Pará) los manifestantes opuestos al Mundial y al aumento de la tarifa del transporte público ocuparon el edificio donde estaba expuesto el trofeo del Mundial, lo que obligó a los organizadores a cancelar esta exposición, que ya se había realizado antes en veinte poblaciones brasileñas. Este ataque no ha sido el único que han sufrido los símbolos relacionados con la Copa del Mundo y la FIFA por representar hoy, a escala planetaria, uno de los iconos más evidentes del capitalismo salvaje (corporación internacional de la corrupción, dominación y expolio de las poblaciones locales e imposición de leyes para proteger los privilegios de las grandes empresas patrocinadoras). Además de balones de fútbol hinchables, álbumes de cromos y mascotas del torneo destruidos, en la ciudad de Teresópolis (Estado de Río de Janeiro) grupos de manifestantes atacaron e incendiaron una réplica gigante –de seis metros de altura– de la copa, ubicada en una de las principales avenidas de la localidad y a escasos kilómetros del lugar que será el hogar de la selección de fútbol brasileña durante el Mundial.

A las movilizaciones actuales se han sumado distintos colectivos sociales y organizaciones de trabajadores del metal, de la sanidad, del transporte público o de la enseñanza, que amenazan con convocar más huelgas y boicots durante la celebración del Mundial, algo que preocupa seriamente al gobierno brasileño. De hecho, a las puertas del Mundial, la fuerte protección policial no impidió que el autobús que conducía a los jugadores de la selección nacional de fútbol a su lugar de concentración, fuera rodeado durante media hora por alrededor de doscientos profesores en huelga. Los manifestantes, a la vez que abucheaban a la verdeamarelha, coreaban: “¡No van a tener Copa, van a tener huelga!”. Dilma Rousseff, visiblemente afectada y en alusión a las últimas manifestaciones en contra de la Copa del Mundo, declaró: “Este es un país de conflictos […] No negamos los conflictos, tenemos que aprender a convivir con ellos […] No hay ninguna vergüenza en eso, pues vergonzoso sería no reconocerlo y no buscar soluciones”.

Sólo la exención de impuestos a la FIFA va costarle a los brasileños perder 680 millones de dólares. Pero este no es el único privilegio del que se beneficia esta entidad

Pero aunque la fiebre de la Copa del Mundo desempeñe un importante papel como válvula de escape, y como forma de contener y de encauzar conflictos sociales, por más que el Gobierno de Dilma Rouseff intente camuflarlo, el malestar social es generalizado. Basta con recorrer cualquier ciudad para encontrar carteles o grafitis en los que puede leerse “No habrá Copa”. El descontento es manifiesto en las conversaciones (“es la Copa de la élite, de los ricos de la FIFA”) y en las protestas de los miles de manifestantes que salen a las calles de Brasil al grito de “Hey FIFA, ¡vuelve a Suiza!”, “FIFA, vete al infierno”, o del más explícito “Terrorista es la FIFA”.

Las protestas actuales muestran que los brasileños están asqueados de la corrupción y que aún lo están más de los negocios sucios en el futebol carioca, de sobras conocidos por todos. De resultas, la FIFA se ha convertido en el blanco de los manifestantes para los que esta multinacional del fútbol encarna el actual modelo neoliberal capitalista, que no oculta sus extrañas relaciones con oscuros lobbies de intereses económicos y cuyo axioma no es otro que maximizar beneficios a toda costa utilizando métodos mafiosos. De hecho, Jérôme Valcke, el secretario general de la FIFA, es uno de los tipos más odiados en Brasil, desde que en 2012, y a propósito de las demoras en la construcción de los estadios, declaró públicamente que a los brasileños les hacía falta “darse una patada en el culo”. No es de extrañar, por tanto, que distintas celebridades del mundo del fútbol, voces como las de los exfutbolistas brasileños Rivaldo o Romario, se hayan pronunciado en contra de la organización de la Copa del Mundo y, en particular, de la FIFA. Romario, ex jugador y diputado del Partido Socialista Brasileño, ha acusado al presidente de la FIFA, el capo del fútbol, Joseph Blatter, y a su sottocapo, Jérôme Valcke, de ser los mayores chantajistas y corruptos del deporte mundial: “el verdadero presidente de Brasil hoy se llama FIFA. La FIFA viene a nuestro país y establece un Estado dentro del Estado”.

Leyes ad hoc

La FIFA dicta su ley con total impunidad. En efecto, cualquier país que aspire a organizar una competición internacional debe cumplir sin rechistar las exigencias de la FIFA aprobando, en su caso, las medidas legislativas pertinentes. En el año 2006, por ejemplo, el parlamento sudafricano otorgó a la Copa del Mundo 2010 el estatus de “acontecimiento protegido” sujeto a una legislación específica que reconocía a la FIFA como un Estado soberano en los alrededores de cualquier estadio sudafricano”. En 2012, para que la FIFA concediese el torneo a Brasil, el Congreso de este país hubo de aprobar la ley 12.663, más conocida como “Lei Geral da Copa”, propuesta por la FIFA, que había sido postergada en varias ocasiones tras acalorados debates en el parlamento brasileño. Sus detractores argumentaron que el Gobierno le estaba dando demasiados derechos a la FIFA, cuya legislación dicta las relaciones entre el Estado brasileño y la FIFA y otorga, en la práctica, poderes ilimitados a dicha entidad. La “Ley General de la Copa” exime a la multinacional del fútbol del pago de impuestos sobre sus beneficios, suspende toda actividad comercial de las empresas con ubicación próxima a los estadios que no tengan acuerdo con la FIFA y concede a los patrocinadores la exclusiva de ser las únicas marcas presentes tanto fuera como dentro de los estadios. Sólo la exención de impuestos a la FIFA va a costarle a los brasileños perder 680 millones de dólares. Pero este no es el único privilegio del que se beneficia esta entidad. Así, en octubre de 2011, el Congreso de Brasil aprobó una ley que eximía del pago de impuestos durante un periodo de cuatro años a los socios de primera categoría de la FIFA, entre los que se encuentran Coca Cola, Visa y Adidas.

Las disputas y desencuentros entre el Gobierno brasileño y los máximos dirigentes de la FIFA comenzaron ya en 2010

La FIFA vela por los derechos exclusivos de venta para sí y para sus socios. Así, la “Ley de la Copa del Mundo” contempla una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de cada estadio sede, en la que la FIFA será soberana y se hará cargo de la seguridad, vigilará la venta de productos, el uso de sus marcas y los derechos de exclusividad de sus patrocinadores; lo mismo, ni más ni menos, que durante el Mundial de Sudáfrica. Allí, esto desembocó en que 100.000 vendedores perdieran su medio de vida. Según la asociación de vendedores ambulantes de Brasil, las licencias para la venta en la calle ya han sido retiradas o no han sido renovadas, y en las zonas donde se disputarán partidos no se expiden nuevas licencias. Además, muchos vendedores también perderán puestos de venta en el interior de la ciudad porque deben ceder el espacio para la construcción de infraestructuras ligadas a la Copa del Mundo o a las Olimpiadas, por lo que más de 300.000 vendedores ambulantes sufrirán las consecuencias.

En lo que concierne a la venta de alcohol dentro de los estadios, Jérôme Valcke realizó estas declaraciones: “El alcohol es parte de la Copa del Mundo de la FIFA. No negociaremos esto”. Desde 2007 en Brasil está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Sin embargo, dicha prohibición será derogada en virtud de la reglamentación especial de la “Ley General de la Copa” para no perder el contrato de patrocinio que la FIFA tiene con el fabricante de cerveza Budweiser, que ya se benefició del derecho exclusivo a vender cerveza en Sudáfrica y que excluyó a los cerveceros locales.

Saltándose a la torera la constitución brasileña de 1988, que establece específicamente que no puede existir justicia ni tribunales al margen de la ley, la “Ley General de la Copa” contempla también la creación de lo que la FIFA califica como “tribunales de excepción”, cuyo objetivo es poder juzgar con la mayor celeridad posible las sanciones económicas o penales que se deriven de los casos de piratería u otros usos ilícitos de marcas y productos vinculados con la FIFA y la Copa del Mundo. Pero, para muchos, el colmo de esta legislación a la carta es el Proyecto de Ley 728, que tipifica para este Mundial el crimen de terrorismo, ajeno por completo a las leyes brasileñas desde tiempos de la dictadura.

Un nivel menor de democracia

A mediados de 2013 la Fiscalía de Brasil desafió a la FIFA al presentar un recurso, lo que representaba un riesgo legal en un momento en el que todos los patrocinadores ya habían pagado por tener la exclusividad en el Mundial y por tanto podrían demandar a la FIFA por incumplimiento del contrato. La multinacional del fútbol respondió de inmediato que el Gobierno tenía el compromiso de defender la ley aprobada y que, una vez firmado el acuerdo, un país no puede “cambiar de opinión”. De hecho, las disputas y desencuentros entre el Gobierno brasileño y los máximos dirigentes de la FIFA comenzaron ya en 2010. En abril de 2011, su secretario general lanzó un ultimátum: “Voy a decir algo demencial, pero a veces, para organizar un Mundial de Fútbol es preferible un nivel menor de democracia. Cuando hay un jefe de Estado fuerte y con capacidad de decisión, como ocurrirá con Putin en 2018, para nosotros, los organizadores, será más fácil negociar a diferentes niveles que con un país como Alemania (en 2006)”. Las exigencias de la FIFA son tan importantes que, sin la garantía de un Estado de que éstas serán aceptadas, prácticamente se descarta a un país de ser designado como sede de la Copa del Mundo. Un ejemplo reciente es el caso de la candidatura de Bélgica para el Mundial de 2018 (adjudicada en un sorteo amañado a Rusia) que, después de rechazar la exención de impuestos a la FIFA, obtuvo sólo dos votos, uno de ellos el de su propio representante.

En las últimas décadas, “la FIFA y el COI se convirtieron en paradigmas de la globalización al ser las primeras instituciones internacionales en poner en entredicho la soberanía nacional de los Estados. El poder político real de ambas asociaciones deportivas internacionales es tal que las discrepancias entre cualquiera de sus instancias y los organismos jurídico-políticos de los Estados se solventan en el marco jurídico y legal que rige ambas organizaciones, sin que admitan la injerencia de poderes judiciales nacionales o internacionales. Es más, cuando las diferencias entre una de estas asociaciones y un Estado desembocan en un conflicto abierto, se moviliza al conjunto de la organización para poner contra las cuerdas a este Estado recurriendo a presiones y amenazas que van desde las sanciones hasta la exclusión de las competiciones internacionales”.

Lo cierto es que el poder de la FIFA ha crecido monstruosamente y se ha adueñado del fútbol en todo el planeta: es el Gran Hermano que vigilacelosamente para que nada escape a su control y para que todo lo que ocurra en el mundo del fútbol sirva directamente al fin en sí de maximizar beneficios. Así, además de explotar al máximo a los futbolistas y de esquilmar al máximo a los clubes, para poder obtener mayores ingresos por la venta de los derechos televisivos, las concesiones exclusivas a los patrocinadores y la publicidad, entre otros tejemanejes, esta entidad mafiosa organiza un abanico interminable de competiciones en todas las categorías posibles. Durante los últimos cuatro años, se han jugado cuatro torneos de FIFA cada doce meses. En la actualidad, sin embargo, el ritmo infernal en la organización de competiciones que impone la FIFA hace que muchas federaciones nacionales y algunos jugadores hayan mostrado su rechazo al modo en que esta entidad dirige el fútbol, debido a la saturación de partidos y a los riesgos que suponen para la salud de los futbolistas los siniestros calendarios de competiciones.

Con todo, hay quien augura que Brasil podría ser el principio del fin que obligue a una FIFA desprestigiada, involucrada en un sinfín de escándalos de corrupción y movida por el peor de los capitalismos, a mudar de piel. Si el año pasado la Copa Confederaciones —una especie de ensayo general del Mundial— fue escenario de manifestaciones masivas, las recientes protestas contra la selección carioca en el primer día de entrenamiento son un anticipo de lo que ocurrirá durante la Copa del Mundo. El Gobierno y la FIFA hacen oídos sordos a la cólera de los cientos de miles de brasileños que protestan, a la vez que se imponen el espíritu del dinero y el lenguaje del Estado, que sólo hablan de represión. Cuando los manifestantes gritan “Não vai ter Copa”, sin embargo, dejan muy claro no sólo sus prioridades (escuelas, hospitales, transportes), sino también su total hostilidad contra la celebración del Mundial y los negocios millonarios de la FIFA.

Fuente: diagonalperiodico.net

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