Ecuador: Seguridad Ciudadana preguntas sin respuesta

11 julio, 2014

Imagen-Ecuador: Seguridad Ciudadana preguntas sin respuesta

Por Pável Uranga (I)

El estado nacional mantiene una dinámica permanente de informar sobre la numerología del delito, cuántos delitos, cuáles delitos, toneladas de mercaderías o drogas retenidas-destruidas, etc.; lo anterior, en lo institucional va generando una idea de eficacia y atención a la problemática de la delincuencia y la inseguridad que vive la ciudadanía.

Pero, en lo social, a la gente simple de la calle, ¿qué le dicen estas cifras?, ¿aportan soluciones?; ¿hablan de políticas de prevención (ii) ? Desde la Fundación Marcha Blanca consideramos que la edificación cultural de las estadísticas tiene la tendencia a justificar programas de contención (iii) , pero aún falta la construcción de un diagnóstico de la percepción social sobre cómo se vive bajo esta política.

Aún no se ha preguntado, no nos hemos preguntado colectivamente como sociedad, entre la misma sociedad, cómo vivimos bajo estas condiciones, ¿sirven las cifras?, ¿aportan soluciones?; si bien hay que resolver el grave problema de hacinamiento de las cárceles, en donde hay avances sensibles en el país, y hay mejoras visibles en la actuación de la fuerza pública ¿es solamente hacia esos derroteros –más cárceles y más policías- que queremos ir?

En tiempos recientes, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, hemos recibido una serie de estadísticas de registro delictivo en el país, que, analizándolas, son diferentes, por ejemplo unas hablan del robo a nivel nacional en niveles de 70% de la incidencia, y otras del 99%. Hay números no coincidentes en todas las categorías, y todos los meses (números no estadísticamente significativos, según nos comenta el Director del CEASI-MISC, en función de las fechas de registro); y aún así, ¿a dónde van estas estadísticas?

Si nos aproximamos a la eficacia final del sistema, es decir, la cadena indispensable de análisis: delito-denuncia-detención de presuntos responsables-juicio-sentencia, entonces tenemos que no hay estadísticas recientes, puntuales. Tenemos sí, la posibilidad de hacer mención de tres aproximaciones que se nos ofrecen:

1. Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas, hizo una investigación en 2011, con una estimación de que el 1.3% de los asesinatos que terminan en sentencia –según información proporcionada a él por el gobierno nacional-; en su informe a NNUU él consideró que la tasa podría ser menor al 1%  (iv).

2. Según Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura en 2012, señala que sólo el 2% de todos los delitos a nivel nacional son sentenciados (v) .

3. El mismo funcionario, apunta que menos del 1% de los delitos de tránsito son sentenciados.

Informa el Ministerio Coordinador de Seguridad en su impreso del Plan de Seguridad Integral 2014-2017, que la denuncia ciudadana en el delito de robo a personas y viviendas llega al 19.6% y que la denuncia de robo de vehículos llega al 84.4%. No hay información de otros delitos, pero, si como nos informa la Policía Nacional, en Quito, las diversas modalidades de robo llegan al 99% de los delitos, y tenemos ese nivel de denuncia, la situación puede ser muy preocupante.

Más allá de la subjetividad (vi) de las cifras de percepción de la huella de la delincuencia, medidas por el mismo Ministerio Coordinador de Seguridad se establece que el impacto real del delito en la sociedad es del 17.26% de la población, y la sensación de inseguridad llega al 60% (vii) . Es decir, no nos sentimos mayoritariamente seguros en la Ciudad, y eso para nosotros es importante.

Otra preocupación constante para esta Fundación es el perfil de las personas que se encuentran cometiendo delitos, y las posibles razones de los mismos. En este rubro tampoco hay información actualizada, lo más reciente es un estudio de la FLACSO (2007) que refiere que el 73.82% de las personas presas tenían entre 18 y 39 años (viii) . Contrastado con el nivel de delitos de índole económico –robo- podríamos evaluar que la prisión está sirviendo para retener jóvenes y pobres, con niveles de eficacia en el combate a la delincuencia que rondan el 20% y sentencias en alrededor del 2%.

¿Es viable, para una sociedad que se ha dado a sí misma una de las constituciones más integradora de lo social y garantista, permitir que nos domine una política de pánico social desinformado, que aspira a “controlar” la delincuencia y no prevenirla?, si miramos de nuevo: Más del 60% de las personas nos sentimos inseguros. Apenas el 19.6% se atreve a denunciar delitos o confía en la justicia. Jóvenes (ix) solteros y pobres son en su mayoría quienes son los sentenciados. Cerca del 99% de los asesinatos y los delitos de tránsito no son castigados, así como el 98% de todos los demás delitos quedan en impunidad. 99% de los delitos en Quito están vinculados al robo, es decir delitos de pobreza.

Con un perfil probable de impunidad de esa dimensión; sin políticas públicas de prevención del delito; sin un diseño de contención, reinserción y rehabilitación social de quienes forman parte de ese 2% de delincuentes detenidos, incluso para lograr que no reincidan; sin métodos de compensación social a las víctimas del delito, ni programas de restitución (al estado y la sociedad) de quienes delinquen, ¿podemos hablar de que se está haciendo justicia?

NOTAS

i. Director Ejecutivo de la Fundación Marcha Blanca.

ii. Prevención del delito, entendida como la percepción social de incremento en la seguridad ciudadana, que no se comentan más delitos que afecten a las personas en sus bienes, su vida cotidiana y su seguridad personal.

iii. Contención del delito entendida como destinar mayores recursos financieros a construir más cárceles -incluso mejorando y superando en mucho los índices latinoamericanos de hacinamiento y condiciones de vida dentro de los penales-, y poner más policías en la calle.

iv. Documento Naciones Unidas A/HRC/17/28/Add.2; 9 de mayo de 2011

v. declaraciones Vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar, 2012.

vi. A los encuestólogos y estadígrafos les parece subjetivo que las personas de la calle se sientan inseguras en su ciudad, sus viviendas.

vii. Según encuesta del INEC citada por el Ministerio Coordinador de Seguridad en el Plan de Seguridad Integral 2014; impreso, Quito 2014.

viii. http://www.flacsoandes.org/revistas/index.php/URVIO/article/viewFile/55-73/965

ix. La CEPAL en su informe “Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro”, 2014, establece que el 20% de las y los jóvenes (entre 14 y 29 años) del Ecuador no tienen ninguna ocupación escolar, laboral y no cuentan con contención familiar, lo llama desocupación total. Marcha Blanca

Fuente: lalineadefuego.info

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