Ecuador: Organizar la desobediencia civil

21 julio, 2014

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Por Enver Orna

Ante la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos y la aplicación de políticas antipopulares por parte del gobierno de Correa, DECLARARSE EN DESOBEDIENCIA CIVIL fue una de las decisiones tomadas por el Parlamento de los Pueblos, pero,  ¿en qué consiste esta resolución popular?.

La desobediencia civil no es más que  el acto de no acatar [es decir resistir] una norma [decisión gubernamental, decreto, política, etc.]  expedida por parte de los gobernantes, de la autoridad, de quienes están en el poder, que se tiene obligación de cumplir por parte de los gobernados.

Esta desobediencia tiene su origen doctrinariamente con el estadounidense Henry David Thoreau, quien en el año 1849, en su obra “Desobediencia civil”, reflexionó acerca de ésta a partir de su rechazo a pagar un impuesto que su gobierno estableció para financiar la guerra de Texas contra México, esta decisión lo llevó a ser encarcelado por un día, recobrando su libertad después que sus amigos pagaron la fianza correspondiente.

Posteriormente, varios líderes sociales y políticos a nivel mundial han apelado a su ejercicio, como en los casos de Martín Luther King o el propio Gandhi, quienes organizaron y lucharon desde sus perspectivas para alcanzar derechos para sus pueblos, básicamente con resistencia pacífica.

Ahora bien, el ejercicio de la desobediencia civil trae consigo algunas inquietudes, como: ¿Por qué no acatar lo que dispone la autoridad? ¿Es legítimo su ejercicio en el Ecuador de hoy?, ¿Cuáles son las manifestaciones que esta puede tener?.

Se debe partir de que la desobediencia civil debe ser entendida más allá de una simple decisión política sino también como un derecho de los pueblos del Ecuador; pues es la propia Constitución de la República del Ecuador la que en su artículo 98 establece el DERECHO A LA RESISTENCIA, y textualmente prescribe: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Es decir, el ejercicio de la desobediencia es constitucional y legal, y cobra legitimidad el momento en que los gobernantes dejan de representar los intereses de las mayorías y su política es atentatoria a sus derechos elementales y/o constitucionales, pues, como lo señala el mismo Thoreau: “el gobierno por sí mismo no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad”, es decir, el momento en que se coarta la participación popular [en consultas prelegistaivas, consulta popular, etc.], o no se recoge las propuestas de los sectores sociales involucrados y/o afectados, desobedecer, no acatar, es justo y legítimo.

Más aún cuando en nuestro país el proyecto de cambio que llevó a Rafael Correa al poder y por el que las grandes mayorías lo respaldaron ha sido traicionado en beneficio de determinados sectores de la burguesía y de las grandes transnacionales imperialistas, cuando se pisotea una Constitución democrática y progresista como la de Montecristi y se implanta una gestión gubernamental autoritaria, prepotente y represiva, caracterizada por limitar la participación social.

Organizar la desobediencia civil, organizar la resistencia es tarea de todas y todos, de los trabajadores, de la juventud y los pueblos, en defensa de nuestros derechos; desde hacer caso omiso a la decisión gubernamental hasta desarrollar la lucha social en las calles y plazas del país.

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